Por: Nancy G. Sánchez Arredondo

MEXICALI BC 10 DE ABRIL DE 2019.- En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de BC del 28 de marzo de 2019, durante un receso, la mesa directiva encabezada por el diputado panista Carlos Torres Torres, modificó el orden del día para agregar una iniciativa del diputado panista Ignacio García Dworak, que incluía tres decretos enviados por el gobernador Francisco Vega, para autorizar el refinanciamiento de la deuda pública del estado y dos contratos de Asociaciones Público Privadas (APPs).

En la misma sesión, sin haber enviado a comisiones los dictámenes y argumentando “urgente y obvia resolución”, que de ninguna manera se justifica en este caso, se aprobaron los dictámenes con el voto a favor de 9 diputados panistas y 3 diputados priistas, más 8 “ausencias” de diputados que facilitaron la votación.

En un abrir y cerrar de ojos, sobre las rodillas, 12 legisladores aprobaron que el monto de la deuda pública se disparara de 22 mil a más de 90 mil millones de pesos.

El argumento de que las APPS no constituyen deuda pública es un tecnicismo bajo el que se escudan el ejecutivo y los legisladores. Si se va a pagar a través de pagos fijos mensuales durante los siguientes 37 años, desde luego que constituye deuda pública.

Es una burla orquestada por el gobernador del estado con la complicidad de 12 diputados locales: se cumple con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en lo referente a cubrir las deudas y compromisos de pago a corto plazo antes de dejar su cargo, pero en realidad lo que se hace es diferir los pagos y encarecer la deuda, por el pago de intereses establecidos por la deuda a largo plazo, de lo cual tampoco se dieron detalles.

El 3 de abril, el Consejo Coordinador Empresarial manifestó su rechazo a esta reestructuración de la deuda pública del estado, criticando la falta de transparencia y análisis con que se llevó a cabo. 

Contrariamente, la Presidente del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu declaró que cuando se trata de temas de interés para la ciudadanía, el PRI las avala, independientemente de que las haya propuesto otro partido político.

No sé cuánto tiempo le dedicó la Dra CRM a analizar este tema, pero ignora o pretende ignorar que cuadruplicar la deuda pública no puede ser del interés ni del beneficio de la ciudadanía de Baja California, y que esta decisión no se toma en 15 minutos, por las serias implicaciones que involucra para el futuro financiero de la entidad.

Desgraciadamente adquiere vigencia lo que tantas veces he señalado en diferentes espacios públicos: el PRI en Baja California no es una oposición responsable, es un simulador, es un cómplice a modo que ha caído en sumisión por comodidad y por conveniencia.

En lo personal, apruebo la postura del diputado priista Bernardo Padilla Muñoz, por tener el valor y la congruencia para votar en contra de este monstruoso endeudamiento para el estado.

Somos más los inconformes con la actuación de los diputados priistas que aprobaron el endeudamiento y con la postura de la Presidente del CEN, Claudia Ruiz Massieu. No confundan institucionalidad con complicidad y tampoco confundan silencio prudente con sumisión.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.