Por Raúl Ramírez Baena*
TIJUANA BC 25 MARZO 2019 (AFN).- Como regalo del “Día de la Amistad”, el 14 de febrero pasado, el Presidente López Obrador firmó una circular girada a todas las dependencias del gobierno federal, donde refrenda su decisión de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.”
La medida anterior aplica para todas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin excepción, que se dedican a apoyar a migrantes, indígenas, pobres, mujeres, niñez, enfermos, adictos, adultos mayores, trabajadores, personas con discapacidad, el medio ambiente, los derechos humanos, etc.
Hay OSC que provienen de grupos religiosos, otras se forman en coyunturas por desastres naturales, unas más porque sus integrantes son víctimas de desaparición o de delitos como secuestros y tortura; otros, porque son padres de menores autistas o Dawn, víctimas de alienación parental o de personas con discapacidad física. Hay grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, a personas de la diversidad sexual y organizaciones creadas para la promoción y defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales, laborales y culturales.
Las acciones preventivas para evitar que los fenómenos criminales y las violaciones a los derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales y ambientales ocurran, es responsabilidad de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, y a ello deben destinarse recursos oficiales, programas y mecanismos operativos porque, finalmente, la obligación de los gobiernos proviene de la norma Constitucional y de los tratados que suscriben los Estados-nación, como México, con la comunidad internacional.
Las OSC no aparecen en el escenario nacional por gusto, sobre todo a partir de los años 80. Surgen de manera espontánea ante la necesidad social y el retiro gradual del Estado de sus deberes para con la población, más ahora que, con la globalización neoliberal, los gobiernos anteponen los intereses del mercado y del capital por sobre la dignidad y los derechos de las personas, so pena de recibir fuertes presiones y sanciones de las superpotencias, principalmente, de nuestro vecino país del norte, perdiéndose gradualmente el concepto de Estado-Nación soberano.
La época neoliberal por la que atraviesa hoy la humanidad provoca que los gobernantes se conviertan en administradores-gerentes de los intereses de los oligopolios y las trasnacionales, quienes, a través de los centros financieros mundiales y con la complicidad de esos gobernantes, se apropian de los recursos naturales y privatizan las empresas, los bienes y los servicios públicos de las naciones, como el agua, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la cultura, el transporte público y el servicio de energía eléctrica, que son derechos sociales, generándose masas de población pauperizada y en condiciones laborales de desventaja ante el capital.
Este es el germen de la pobreza, la corrupción y la impunidad que corroe a las sociedades modernas, en los países ricos y de la periferia. Este es el escenario en que, no sin grandes dificultades, aparecen y actúan las OSC sin filiación partidista, haciendo el trabajo que en esencia corresponde a las autoridades.
Cierto que hay personas y grupos que sacan ventaja del trabajo altruista en favor de grupos vulnerables, y/o que aprovechan estas coyunturas para capitalizar en favor de sus corrientes ideológicas. Todas estas constituyen formas de corrupción que como sociedad no debemos tolerar. ¡Pero no todas!
Por ello es a todas luces injusto que AMLO Presidente califique a las OSC con la misma vara, que inaugure un nuevo modelo social-populista como entregar dinero –muy poco- directamente a las personas beneficiarias, que de seguro lo gastarán en comida o lo dilapidarán el mismo día que lo reciban, que no les resolverá la vida y no promoverá su desarrollo, y que podrán ser despojadas de esos recursos al no ser apoyadas por organizaciones con capacidad instalada (lograda muchas veces con grandes esfuerzos), con personal especializado y con redes de apoyo social para atender a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad.
Lo justo sería que el gobierno federal realice una investigación seria y a fondo para conocer a las OSC simuladoras, que desvían recursos, que se corrompen, que utilizan membretes para evadir impuestos, para beneficiarse de la autorización del SAT para expedir recibos deducibles de impuestos u obtener lucro con actividades presuntamente altruistas. A éstas, la sociedad estaría de acuerdo no sólo con cortarles los recursos públicos, sino también con abrirles investigaciones, de ser necesario.
Incluidas las asociaciones religiosas que hacen proselitismo en contra de los principios constitucionales que sustentan al Estado Laico Mexicano.
En segundo lugar, el Congreso debe revisar la “Ley Federal para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y los órganos directivos que se derivan de ella, y las correspondientes en los estados, que funcionan como mecanismo de control oficial y de fiscalización de las OSC, más que como órganos de promoción y fomento de las organizaciones y sus actividades.
Alguien debe avisar a AMLO que debe rectificar y apoyar a las OSC entregadas auténticamente a causas sociales, que son la mayoría, para no echar a la basura el trabajo de más de 30 años y no dejar en la indefensión a sectores vulnerables de la sociedad en un modelo neoliberal fábrica de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, de violencia estructural, de corrupción y de impunidad.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
