POLITEIA
Por: Javier Iván Maldonado Preciado
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TIJUANA BC 6 DE MARZO DE 2019.- Uno de los principales retos de la ciencia política moderna es el estudio sobre la composición y esencia de los organismos autónomos alrededor del mundo. En el caso mexicano, por ejemplo, encontramos circunstancias atípicas, respecto a otros modelos internacionales, es decir, que estos organismos fungen como una especie de cabilderos, los cuales en muchas ocasiones ven su autonomía severamente limitada por otros actores políticos.

Para citar casos más concretos y específicos, el INE se autodefine como un organismo autónomo, sin embargo, esta descripción que el propio organismo realiza sobre sí mismo no concuerda del todo con la realidad, pues los consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral responden a cuotas de poder entre los grupos políticos, quienes se encargan de gestionar sus nombramientos al frente del instituto. Hasta antes de la reforma político-electoral de 2014, el descaro era mayúsculo, pues dependían directamente de las legislaturas.

Es innegable que la creación del INE nació con intenciones “nobles” de brindar mayor transparencia, legitimidad y certeza a los procesos electorales, sin embargo, con el transitar del tiempo dicha causa se pervirtió, para dar paso a una institución que responde a intereses propiamente de los partidos políticos. Por ejemplo, en 2006 el INE (antes IFE) se encargó de validar las elecciones federales más polémicas del Siglo XXI, en sintonía con el gobierno federal en turno y con el silencio cómplice del Partido Revolucionario Institucional. Es así como en muchos casos los procesos electorales quedan resumidos a un “mayoriteo de consejeros”, que no precisamente responde a la realidad vivida en las urnas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo sumamente interesante, porque en teoría debe acercar a los ciudadanos con su gobierno y mantener a los primeros informados de cualquier dato que precisen, sin embargo, en la práctica el INAI responde con ineficiencia a las solicitudes de información ciudadanas. Aunque ha servido para realizar distintas investigaciones que vinculan a servidores públicos con actos de corrupción, de poco ha servido en el combate contra esta práctica, pues los cabecillas de estos grupos que definimos como “cabilderos” aplican la norma de forma selectiva, en función e interés de los actores involucrados.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mejor ni hablamos, para no entrar en polémica con los “guerrilleros de la moral”. Solo hace falta voltear a ver el caso bajacaliforniano, para notar que se encuentra concesionada a un grupo político que en teoría debe ser oposición al Gobernador, pero que recibió el organismo a forma de cuota, para silenciar voces cuyo deber es ser críticas, pero que hoy son omisas por no tener vocación de servicio, ni respeto por la administración pública.

Es de esta manera en la que los grupos de presión y cabilderos juegan sus cartas por debajo de la mesa, cuyo modus operandi pudiera ser correcto para miles de ciudadanos, sin embargo, al no definir su verdadera metodología abiertamente, encontramos dobles discursos e incongruencias. Es probable que los ciudadanos avalen que, por ejemplo, los consejeros electorales abiertamente se declaren producto de cuotas de poder partidistas, en lugar de autoproclamarse como “ciudadanos apartidistas” mientras sostienen reuniones privadas con líderes de partidos. Por ejemplo, en 2009 Enrique Ochoa Reza, ex presidente nacional del PRI, negó su militancia para poder fungir como Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF y unos años después se convierte en el líder nacional de un partido, donde se presentó como un “priísta de probada militancia”.

Es por ello que la ciencia política debe abrir el debate sobre la esencia y estructura de los organismos autónomos y quizá hasta redefinirlos. Desde el año 2000 se ha introducido la idea de que todo lo definido como “autónomo y ciudadano” es positivo, cuando la realidad dicta que muchas de estas instituciones ni son autónomas, ni ciudadanas. Es el caso de muchas organizaciones de la sociedad civil, cuyos dirigentes también realizan cabildeo político, aunque se definan como apartidistas o apolíticas, pero que son los primeros en registrarse como candidatos a un cargo de elección por un partido político o incluso por vías independientes, para luego volverse funcionales a determinado proyecto.
 
Solo con -y a través de- normas claras los ciudadanos podrán retomar la confianza en la administración pública. La resistencia que muestren los grupos de presión que se oponen a jugar con las cartas sobre la mesa, debe ser diluida con más transparencia y llamando las cosas por su nombre.

Javier Iván Maldonado Preciado es egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California, ha sido distinguido como campeón nacional de investigación política, además de fungir como columnista para diversos portales y analista político.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.