CUENTA VOCES

Por: Armando Lares.

En la política como en la vida hay errores que tienen un costo elevado, muchos de ellos no se pueden remediar, pero las malas acciones y las decisiones acordadas bajo la opacidad y la ambición, y que son trasladadas a la Ley, estas si se pueden corregir, reformar o derogar, más aún cuando trasgreden el bienestar común o atentan contras los derechos humanos.

Como es el caso del artículo octavo transitorio del Decreto Número 112, publicado el 17 de octubre de 2014, mediante el cual se reformó la constitución y en el se estableció que la siguiente gubernatura sería solo por dos años del 2019 al 2021, un experimento que resultó un desastre en Puebla y Veracruz.

Ante tal motivo la aspirante a la gubernatura por Morena, Blanca Estela Fabela Dávalos, promovió un Juicio Innominado en Defensa de Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de la Convocatoria a Elección Ordinaria para el cargo de Gobernador del Estado, emitida el pasado 31 de diciembre de 2018, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Baja California, donde se convoca para la elección a gobernador por un periodo de dos años.

De igual forma la promovente presentó un recurso contra "la Convocatoria de fecha de 23 de enero del año en curso, emitida por la Comisión Estatal de la Coalición "Juntos Haremos Historia"; en el Estado de Baja California, integrada por los partidos MORENA, PT, PVEM y Transformemos, para elegir un candidato a Gobernador del Estado para el proceso electoral 2018-2019.

La recurrente argumentó “los actos que se combaten violan de forma directa e inmediata mi derecho humano a ser votada”. Ambos recursos fueron admitidos y registrados por el TJEBC, bajo clave de identificación Ml-18/2019 y Ml-21/2019, mismos que serán analizados, discutidos y votados este domingo 24 de febrero a las 20:00, en la sede del Tribunal en la ciudad de Mexicali.

Es necesario señalar que la XXI Legislatura, no ordenó notificarles a todos los ayuntamientos del Estado, las reformas a dicho ordenamiento legal, tratándose del contenido de los 19 artículos transitorios del decreto 112, simple y llanamente se les “olvido” ordenar se les notificará, es decir, se omitió dar cabal cumplimiento al artículo 112 de la constitución, para que pudieran los ayuntamientos de forma colegiada, imponerse en los términos que la propia constitución local contempla, por lo tanto, el proceso legislativo del decreto 112, se encuentra viciado y carece de validez legal, lo que violenta los derechos políticos de quienes aspiran y resulta una burla para los bajacalifornianos.

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, es un órgano colegiado, honorable, respetable y profesional, es la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y funge como un órgano constitucional autónomo, en materia electoral con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, para garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Es por ello, que debemos apelar a que su decisión será de manera prudente, anteponiendo el interés común de los bajacalifornianos, para evitar un gobierno de dos años que sería catastrófico.

Además de sentar un precedente en materia de protección de derechos políticos electorales, exhibiría la perversión mediante la que se manejaron algunos diputados de la XXI Legislatura, la cual por ambiciones e intereses personales y de grupos partidistas, principalmente el PRI, PAN Y PVEM, aprobaron a priori esta modificación tan fundamental y esencial para Baja California, sin cumplir con el debido proceso legislativo.

El magistrado instructor y ponente será el Licenciado Leobardo Loaiza Cervantes, quien se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por ser una persona; profesional, capaz, congruente y que tiene a la ética, como su tarjeta de presentación.

De resolverse a favor, quedaría sin efecto la aplicación del transitorio en mención, y la siguiente gubernatura sería por seis años, no así las alcaldías y diputaciones que se mantendrían de dos, por no ser un acto reclamado en los procedimientos en mención.

Estemos atentos a la resolución, esta será trascendental para el pueblo de Baja California.

Lararium: Hoy en el PRI de BC, eligieron no cambiar.

El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, abogado titular del despacho jurídico Orden Legal, además de desempeñarse como consultor en materia legislativa, en su trayectoria ha sido reconocido con el premio estatal de la juventud, fue campeón estatal de debate político juvenil y participa como asesor en Organismos de la Sociedad Civil.