Plaza Cívica
Por: Fernando Núñez de la Garza Evia
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MONTERREY NL 19 DE DICIEMBRE 2018.-Ha iniciado el nuevo gobierno, y ya tenemos un choque de poderes. El tema de salarios y austeridad que está en el centro del debate entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es solo uno de tantos más que en conjunto anuncian la vulneración de la independencia judicial, de la separación de poderes, de los contrapesos institucionales. Lo que estamos observando no es simplemente un desacuerdo en materia de política pública, sino el peligroso intento de violar principios democráticos elementales.

Existe un intento de avasallamiento de un poder sobre los otros. La personalidad impulsiva del presidente de la República se ve robustecida por las mayorías obtenidas en el Congreso de la Unión, donde legisladores de MORENA no solo pertenecen al mismo partido que el presidente, sino en gran parte le deben sus puestos al presidente mismo porque fue él quien fundó el partido que los llevó al poder. Por ello no resulta raro la bravuconada de intentar forzar la reducción de salarios de jueces, magistrados y ministros cuando claramente el presidente no tiene facultades para ello. Finalmente, y por el momento, el presidente ya se abstuvo.

El Poder Legislativo ha sido en gran parte absorbido por el Poder Ejecutivo de manera legítima mediante las urnas, y al menos por los siguientes tres años. Resulta un tanto natural que el siguiente movimiento sea el intento de absorción del Poder Judicial cuando tenemos un presidente que ha concentrado el poder en su persona como no visto en décadas, que muestra poca deferencia institucional, que tiene un vocabulario alérgico a la palabra “ley”, que ha denostado fuertemente a sus opositores políticos, y que cree que tiene el monopolio sobre la representación del pueblo mexicano.

El pretexto son los salarios, y aunque el objetivo es el Poder Judicial, el enfoque son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente tiene razón cuando comenta que los ministros tienen salarios con prestaciones muy elevadas, y que deben de aplicar medidas personales de austeridad. Ése es un tema que ha rondado la agenda pública durante algunos años ya y en el que nunca se ha llegado a un acuerdo; hay una serie de temas jurídicos que no han quedado del todo claros. Sin embargo, el presidente no se ha presentado con argumentos más elaborados y formas más respetuosas -algo que hubiera generado mayor simpatía- sino con sentencias fulminantes que han provoca manifestaciones violentas afuera de la Corte. El tema de los salarios preocupa aún más si se pone en contexto con otras medidas que se han propuesto y que tienen un fuerte tufo de indebida injerencia: cuotas de género, rotación de plazas, y sobre todo, el envío de una terna con una ex-diputada por MORENA y una ex-candidata a gobernadora por el mismo partido. Esto último, tal vez, ni en tiempos del régimen autoritario.

Habrá rotación en la presidencia de la SCJN, y el ministro Arturo Zaldívar ha puesto en el centro el tema de salarios y el problema del nepotismo, lo que en su persona resulta creíble.

Pero igualmente el muy reconocido ministro saliente, José Ramón Cossío, en su discurso de despedida, advirtió sobre la crisis democrática que vive México. Y más adelante nos dice: “Así como la democracia necesita demócratas, una justicia constitucional requiere jueces constitucionales. Jueces que estén sosteniendo una plaza, que es la Constitución. La tentación de apoderarse de la justicia constitucional, de destruir la justicia constitucional, de hacer cosas distintas con la justicia constitucional, es importante. Este es el tiempo de los jueces constitucionales, no como un ego profesional, no como una condición personal, sino como forma de mantenimiento de los procesos civilizatorios”. Y ése es el poder constitucional que intenta ser avasallado, y el principio democrático que debemos mantener a toda costa.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.