POLITEIA
Por: Javier Iván Maldonado Preciado
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TIJUANA BC 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Las reglas no escritas del sistema político mexicano son muy poco conocidas. Desde el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, fueron implementadas algunas de estas normas meta-constitucionales, las cuales pudieran tener más artículos que el propio código civil, sin embargo, mencionaremos solamente las más relevantes:  a) El Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos no investiga o encarcela a su antecesor.

b) El Presidente en funciones es jefe indisputable de todos.

c) Se vale competir por la sucesión, mientras no se viole la regla anterior.

d) El Presidente de la República elige a los candidatos a Gobernador.

e) Para ser Presidente o Secretario de Gobernación, es necesario haber sido antes funcionario de primera división (esta regla se ha violentado algunas veces).

Sin embargo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto parece haberse incluido en el decálogo una nueva regla no escrita: si un Gobernador denunciado por actos de corrupción pierde las elecciones en su Estado, termina preso. Es el caso de Javier Duarte de Ochoa, quien, durante el proceso electoral de 2016 en Veracruz, fue denunciado por desviar miles de millones de pesos en su gestión como Gobernador. El ganador de dicha contienda fue el panista Miguel Ángel Yunes Linares y Duarte terminó encarcelado, tras 7 meses prófugo.

Ese mismo año (2016), llegaría el turno del panista Guillermo Padrés Elías, quien fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Tras perder su partido la elección por el Estado de Sonora contra la priísta Claudia Pavlovich, fue abandonado por su instituto y obligado a entregarse a la justicia. Hoy “descansa” en una celda de máxima seguridad.

También en el 2016, Quintana Roo vivió por primera vez su alternancia política, el candidato que representaba al Gobernador priísta Roberto Borge Medina fue derrotado por el panista Carlos Joaquín González. En 2017, Borge –acusado por desviar recursos- fue detenido en Guatemala y meses después extraditado a México, donde permanece detenido.

A los casos anteriores se pueden sumar los de Rodrigo Medina en Nuevo León, quien perdió las elecciones de su entidad en 2015 (contra “El Bronco”) y en 2017 permaneció unas horas recluido, entre otros ex Gobernadores que se encuentran en el radar de la justicia.

Uno de los motivos para concluir que esto se trata de una norma no escrita y no de simplemente justicia, es el análisis del caso particular de Coahuila, donde el ex Gobernador Rubén Moreira fue fuertemente acusado por desvío de recursos e incluso denunciado durante las campañas de 2016. En dicho proceso, el candidato del PRI Miguel Riquelme Solís logró vencer al candidato panista, reteniendo el gobierno de la entidad. Rubén Moreira no solamente no fue castigado tras dejar el gobierno, sino que fue premiado con distintos cargos dentro de su partido (incluyendo la Secretaria General), espacios promovidos desde el poder ejecutivo, a manera de premio. En fechas recientes, se comprobaron diversos desvíos durante su gestión como Gobernador, por más de 410 millones de pesos. Moreira sigue impune.

Abonando a la idea anterior, el año pasado hubo alternancia en 7 de 9 gubernaturas en disputa, sin embargo, ninguno de los hoy ex Gobernadores padecía acusaciones sólidas de corrupción, por lo tanto, hasta la fecha no hay castigados.

En 2019 se celebrarán elecciones locales en Baja California, renovándose las 5 alcaldías, el congreso local y el Gobernador. Dicho proceso se desenvolverá en un contexto de gran inconformidad social, en el cual el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito, así como por desvío de recursos, e incluso ha sido apodado por sus adversarios políticos como “el zar de las casas”.  

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, tan solo en el año 2016, el Gobierno de “Kiko” Vega desvió 1432 millones de pesos, mismos que fueron gastados, pero sin poder comprobarse en qué fueron utilizados. Dicho presupuesto estaba contemplado para ser invertido en obra pública, Issstecali, seguridad y educación, sin embargo, no se pudo acreditar su destino.

Entre muchas otras polémicas que nos tomaría todo el día exponer, recientemente el Gobierno de “Kiko” “extravió” los recursos que deberían haber sido utilizados para pagar a los maestros jubilados, lo que desató huelgas del gremio en todo el Estado y volvió a colocar los reflectores de la federación sobre el Gobernador. Diversos analistas nos hemos cuestionado cuál será el futuro de nuestro Gobernador, ya que, en mi opinión, se encuentra en un fuerte dilema, el cual paso a explicar.

Recientemente, en una entrevista para el programa “Tercer Grado”, el presidente electo expuso que no perseguiría o castigaría los actos de corrupción cometidos hasta antes del primero de diciembre, pero que todo acto ilegal cometido después de su toma de protesta sería fuertemente castigado, sin embargo, al día siguiente de sus declaraciones, AMLO reconfiguró sus afirmaciones y sentenció que “castigará a los corruptos, si la sociedad se lo pide”. Es decir, que después de las reformas legales para agilizar los mecanismos de participación ciudadana (consultas), se preguntará a los ciudadanos si desean castigar los actos de corrupción, principalmente de los ex Presidentes.

Las elecciones en Baja California se han caracterizado por una fuerte –y hasta ahora imbatible- estructura electoral del PAN, la cual es suministrada por un sólido aparato gubernamental, es decir, que el Gobernador participa directa e indirectamente en el proceso, ya sea financiando las campañas, realizando declaraciones tendenciosas durante el proceso, ejerciendo presión sobre las instituciones electorales o haciendo uso de sus vastos recursos humanos. De lo anterior, sobra documentación.

Una nueva polémica del Gobernador durante las fechas posteriores al primero de diciembre, puede colocarlo en el radar del próximo Presidente y provocar que le sea aplicada la regla implementada por Enrique Peña Nieto, es decir, ser enjuiciado si su candidato pierde la gubernatura y no puede brindarle “protección”. En una hipotética derrota del PAN, “Kiko” cuenta con la principal causal para ser enjuiciado, que es tener señalamientos sólidos de corrupción, por lo cual, seguramente deberá calcular su costo de oportunidad y decidir entre hacer uso de todo tipo de estrategias para retener el Gobierno de Baja California, pese a las posibles consecuencias, o bien, limitarse a actuar dentro del marco legal-formal, aunque actualmente las tendencias electorales no favorezcan a su partido.  

También es altamente probable que más de uno de los candidatos que aparecerán en la boleta, utilice como promesa de campaña el encarcelamiento del Gobernador, volviéndose atractivos ante un sector del electorado que desea ver castigada la corrupción, precisamente en un contexto donde el partido del presidente electo aparentemente ofrece “borrón y cuenta nueva”. Este es el escenario más peligroso para “Kiko”, ya que la incertidumbre es reemplazada por la “amenaza”.

Otra posibilidad es que Andrés Manuel López Obrador decida, como parte de la denominada “Cuarta Transformación”, abolir cualquier norma informal del sistema político, sin embargo, hasta el momento ha cumplido con 5 de las 6 reglas expuestas (y la totalidad del resto de normas no escritas identificadas), es decir, ha prometido no encarcelar a su antecesor (aunque después prometió llevarlo a consulta), es el jefe indisputable e indisputado de su partido y seguramente lo será en su gobierno, permite la competencia interna dentro de su partido, pero finalmente él ha tomado siempre las decisiones finales, ha elegido a los candidato a Gobernador de su instituto (con excelentes resultados en 2018) y designó a una funcionaria de primer nivel como su Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), habiendo sido él mismo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, antes de llegar a la Presidencia.

Como siempre, Baja California será observatorio para el análisis político en 2019, donde sabremos qué sucederá con el futuro de Francisco Vega de Lamadrid y la meta-constitucionalidad de nuestro peculiar sistema político mexicano.

Javier Iván Maldonado Preciado es egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California, campeón nacional de investigación política y ex Presidente del Parlamento de la Juventud del Estado de Baja California.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.