MÉXICO 26 DE JUNIO 2018 (LA SILLA ROTA).-El miércoles 20 de junio Donald Trump firmó una orden ejecutiva a la que cínicamente tituló "Ofreciendo al Congreso una oportunidad para abordar la separación familiar" que si bien lo libera de momento de la presión política interna e internacional, no resuelve la situación de los más de 2 mil niños ya separados de sus padres.
La actitud de abierto desprecio hacia las instituciones internacionales que la administración de Trump ha manifestado, hacía difícil pensar en recurrir a un órgano multilateral para solicitar la reparación del daño físico y moral a miles familias. Sin embargo, aun hay una oportunidad para que la administración Trump enfrente las consecuencias de su práctica de separar a los niños de sus padres derivada de la aplicación de su política de cero tolerancia.
Queja contra EU
El martes 18 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), junto con sus contrapartes de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, interpusieron una queja contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que además de pedir que se interrumpa la separación de familias y se adopten "medidas cautelares" para proteger los derechos humanos de los niños, los cinco países alegan que la política de inmigración de Trump es contraria a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración de Bogotá) toda vez que abandonó la protección al derecho a la unidad familiar y el interés superior de los menores migrantes, y decidió utilizar la separación familiar como sanción contra personas que intentan migrar.
La CIDH cuenta con un panel conformado por siete expertos en derechos humanos, facultados para pedir a los estados miembros que cambien sus políticas o que reparen los daños causados por abusos cometidos contra los derechos humanos, y en situaciones urgentes, la Comisión tiene la facultad de ordenar "medidas cautelares" para salvaguardar los derechos humanos si existe un riego de daño irreversible, como en el caso de los niños migrantes en la frontera con México.
En estos momentos, el recurso de la CIDH podría constituir una respuesta plausible para enfrentar la política de cero tolerancia de Trump, pues a diferencia del Consejo de Derechos Humanos del que Estados Unidos puede retirarse sin dejar de ser miembro de las Naciones Unidas, el gobierno de Trump tendría que salirse por completo de la OEA si no quiere acatar un fallo de la CIDH. La membresía de la OEA determina que un país miembro está legal y moralmente obligado a cumplir con los instrumentos jurídicos que de la Organización emanen. Y en caso de que la CIDH acepte la demanda de la México, las medidas cautelares y las audiencias de supervisión tendrían que ejecutarse de forma inmediata.
Encrucijada geopolítica
Por supuesto, el lector se preguntará ¿qué podría importarle la OEA a Estados Unidos? Trump, con su aislacionismo en práctica, ya sacó a su país del Consejo de Derechos Humanos, de las negociaciones del nuevo Pacto Global sobre Migración, del Acuerdo de París, del Acuerdo de Asociación Transpacífica, del Acuerdo nuclear con Irán, y retiró su apoyo al G-7
La retirada de Estados Unidos de la OEA supone una encrucijada geopolítica para Trump. Desde siempre, la Organización ha representado para Estados Unidos un mecanismo de presión regional "legítimo", especialmente con países como Venezuela y Cuba. Si Trump decidiera salirse de la OEA sería como renunciar a su propio patio trasero. Por otro lado, no permanecer en la Organización en cierto modo constituye un riesgo electoral ante las elecciones intermedias de noviembre próximo en Estados Unidos, principalmente en Florida cuya base de votantes es de origen latinoamericano, en su mayoría cubano.
Paradójicamente, con la demanda interpuesta ante la OEA, México está a un paso de poner a Trump en un dilema geopolítico y lo más irónico es que desde el propio patio trasero estadounidense.
