Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 11 JUNIO 2018.- Por más que uno quiera ignorar la guerra sucia electoral y alejarse de las opiniones y pleitos en las redes sociales en favor o en contra de uno o de otro candidato, es imposible abstraerse de ello.

En el momento mismo que escribo estas líneas, 10 de junio de 2018 (47 aniversario del fatídico “Jueves de Corpus” en el otrora Distrito Federal, en el que el gobierno mexicano volvió a reprimir a los estudiantes), a las 17:45 hrs. suena mi teléfono celular con llamada proveniente del número +6168991283 (lada de San Quintín, Baja California). Al contestar, una voz femenina computarizada me advierte que esa es una llamada muy importante para mí. Enseguida, pregunta si simpatizo con López Obrador. “Es un mensaje que te interesa todavía más. Como tú sabes, López Obrador propuso una amnistía para quienes han participado en delitos de narcotráfico. ¿Tú estás a favor o en contra de que se perdona a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas…?”. En fin, el mismo rollo que ha sido denunciado en todo el país.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en comunicado oficial, declara que si bien es el órgano regulador encargado de asignar bloques de numeración a operadores que lo solicitan, “no está dentro de las atribuciones legales del Instituto contar con la información sobre la titularidad de las líneas telefónicas”, y avienta la bolita a los concesionarios para que expliquen quiénes están detrás de las fantasmales llamadas. 

Las empresas concesionarias, Telmex y AT&T, olímpicamente, se deslindan de toda responsabilidad, a pesar de que quienes realizan las ilegales llamadas tienen acceso a las bases de datos de los clientes de esas empresas telefónicas. 

La primera dice en su cuenta de twitter que “las llamadas que se han reportado con fines electorales no tienen relación con la empresa”. Por su parte, la trasnacional AT&T reitera que no está vinculado con las llamadas realizadas con fines electorales: “la compañía toma muy en serio la privacidad de nuestros clientes; es un compromiso fundamental para la manera en que hacemos negocios a nivel mundial”, agregando que “los números de nuestros clientes los tratamos con estrictas políticas de privacidad, reiterando nuestro compromiso con la sociedad”. Y háganle como quieran, primero los negocios que los derechos humanos.

Es así que el IFT, Telmex y AT&T, más seguramente Telcel y Movistar, son los informantes del INE y de la FEPADE para investigar el origen de esas llamadas y para saber quiénes contrataron ese servicio de llamadas, pero se prevé que esas empresas proporcionarán la información sólo mediante orden judicial. Para entonces, la jornada electoral ya pasó y supuestamente el daño al proceso y a la democracia electoral ya logró sus objetivos.

Es evidente que esta es una operación bien planeada en tiempo y forma, considerando la casi imposible tarea de rastrear su origen, por lo menos en el corto plazo. Mucha tecnología y muchos recursos destinados a desbarrancar no a un candidato, sino a la endeble credibilidad en este proceso y en las instituciones electorales del Estado Mexicano.

Las llamadas telefónicas referidas, indudablemente constituyen delitos sancionables por la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A pesar de ello, es destacable que continúan, aún que los hechos han sido denunciados ante las instancias oficiales y sobradamente evidenciados ante la opinión pública. Sin embargo, lo peor que pudiera pasar a los autores de esta insidia, con muchas probabilidades, es que las susodichas llamadas surtan el efecto contrario al deseado por sus promotores, financieros y operadores. 

El fenómeno político que ahora observamos y que a muchos agrada, probablemente busca descarrilar el proceso electoral ante el eventual triunfo del candidato puntero en los sondeos. En esta coyuntura se entienden, además de la ofensiva telefónica, los crímenes contra candidatas y candidatos, dirigentes partidistas, alcaldes, etc.; los miles de mensajes que infunden miedo enviados a diario por las redes sociales, muchos claramente operados desde fuerzas políticas y económicas ocultas y otras no tanto; las evidencias documentadas sobre la burda, abierta e imparable compra y coacción del voto en los barrios populares, y los mensajes alienadores del voto emitidos por la clase empresarial que ven amenazados sus privilegios, que indudablemente constituye también delitos electorales. Todos estos mecanismos mellan no sólo el Estado de Derecho, sino también las consciencias débiles y desinformadas y alientan los sentimientos de odio y el linchamiento mediático. 

Así es que, si estas acciones violatorias a los derechos político-electorales no son frenadas y sancionadas oportunamente, todo quedará en el anecdotario histórico, como ha sucedido en el pasado, cuando más, algunas sustanciosas multas pagadas años después con recursos del erario público. Tarde o temprano se conocerá toda la verdad.
A la consciencia de los que se alegran por la guerra sucia desatada, ¿esta es la democracia electoral que queremos las y los mexicanos?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.