Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 4 JUNIO 2018.- En la recta final hacia la jornada electoral, el proceso en curso sufre su prueba de fuego. Contrario a la costumbre de politizar la justicia, hoy se judicializa la política.

Un hecho destacable de lo anterior es el fulminante despido del Fiscal para Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, quien tenía en curso la investigación oficial sobre los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a altos funcionarios mexicanos en 2011 y 2012, encabezados por Emilio Lozoya, encargado del área internacional del entonces candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto, posteriormente Director General de Pemex, empresa a través de la cual se triangularon 10 millones de dólares a cambio de obtener contratos multimillonarios para la paraestatal. Las investigaciones apuntan a que parte de ese dinero fue a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto.

Otro momento lo observamos con el caso de Alejandro Rodríguez, ex Secretario Adjunto del CEN del PRI con Manlio Fabio Beltrones como dirigente nacional, y de dos funcionarios más, detenidos y bajo proceso penal por el gobierno de Javier Corral en Chihuahua, acusados de triangular recursos públicos en 2016 a campañas electorales locales, operación supuestamente avalada por el entonces titular de la SHyCP, hoy Canciller, Luis Videgaray. El escándalo crece cuando un Tribunal Colegiado de la CDMX ordena el traslado de los detenidos para quitar el proceso al gobierno de Chihuahua y entregarlo al fuero federal, con lo que se hace posible su control por el gobierno federal.

Un hecho destacable es la ilegal exhibición por la PGR de la investigación realizada al candidato presidencial Ricardo Anaya por un presunto lavado de dinero con una empresa fantasma, para bajarlo del segundo lugar de las preferencias electorales y posicionar a Meade en su lugar. En esta operación la PGR violó las más elementales reglas sobre la secrecía que el MP debe obedecer de sus investigaciones, operación que sólo pudo haber sido aprobada mediante orden presidencial.

Otro caso más es el discurso del candidato José Antonio Meade, que no ha dejado de acusar a tres candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” de haber cometido delitos graves: Néstora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y José Manuel Mireles, a pesar de que en los procesos penales que se les siguieron, los tres obtuvieron sentencias favorables del Poder Judicial que los declaró inocentes de los cargos que se les imputaron, por lo tanto, elegibles. 

Meade y sus asesores saben que ese discurso viola la ley y los derechos de los candidatos Morenistas, pero como la difamación y la calumnia no son delitos en el Código Penal, lo peor que le puede suceder a Meade es recibir una sentencia de un juez civil que lo obligue a ofrecer una disculpa y a pagar una indemnización por daño moral… fuera ya de los tiempos de campaña. Para entonces, supuestamente, la estrategia ya cumplió su objetivo: restar el mayor número de votos a AMLO a costa de los derechos de los tres candidatos.
Un reciente escándalo es la separación de Muna Dora Buchahin, Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que acaba de estrenar titular en la persona de David Colmenares Páramo, cuyas funciones son observar la legalidad del ejercicio presupuestal federal de las dependencias, organismos públicos y gobiernos estatales. Muna Dora fue quien descubrió el macro fraude denominado “La Estafa Maestra”, desvío de más de 7,600 millones de pesos operados por Sedesol, cuya titular era Rosario Robles; por Banobras, a cargo del hoy gobernador del EdoMex, Alfredo del Mazo, y de Pemex en la gestión de Emilio Lozoya, a través de universidades públicas y empresas fantasmas, dinero destinado a financiar ilegalmente campañas electorales y a embolsarse dinero por gobernadores y otros funcionarios.

Para aumentar las sospechas sobre las verdaderas razones del despido de Muna Dora, ésta llevaba en curso investigaciones sobre denuncias documentadas y vinculadas con Sedatu de Rosario Robles y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, mediante desvíos por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de las auditorías de diciembre de 2017, turnadas a la Dirección Jurídica de la ASF.

De manera valiente, Muna Dora hizo pública una carta donde cuestiona su despido al Auditor Superior de la Federación, solicitando saber con precisión las razones de su separación y, de igual manera, deja en claro su vulnerabilidad al haber encabezado las investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo su integridad y la de su familia.

Y la última perla, la pérdida de 1,900 millones de pesos por Pemex en 10 meses de operación de Etileno XXI, del consocio Braskem-Idesa, filial de Odebrecht. En 2011, el entonces Secretario de Economía, hoy candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, tuvo el diagnóstico en sus manos y lo avaló en una sesión del Consejo de Administración de la paraestatal, desoyendo a tres de sus miembros que plantearon dudas, críticas, e incluso, la propuesta de suspender el proyecto Etileno XXI, argumentando la ilegalidad del contrato y los graves daños a la economía de la empresa. Hoy sale también a la luz.

Ni hablar de la impune e imparable guerra sucia, de odio y de mentiras y de los muy preocupantes crímenes a candidatos y dirigentes partidistas en ascenso. 

¿Y el Estado de Derecho?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.