JUZGUE USTED
Por: Francisco Castro Trenti
En el artículo anterior –“Reformas erróneas e incompletas”- concluía: “No alcanzan a percibir los diputados que el problema –del Nuevo Sistema de Justicia Penal- no es tanto ya de la actual administración estatal sino de los gobiernos que vendrán y que encontrarán la casa muy descompuesta; por lo tanto, la reforma al NSJP debe ser integral, no sólo del NCPP sino de la PGJE en su estructura –SSPE incluida- y de todo lo que implica el cambio cultural para que eficazmente funcione el sistema.”
Ahora, sin precisarse con meridiana claridad respecto del necesario aplazamiento de su vigencia en Ensenada, propuesto oportunamente por la diputada Mata Lozano, llama la atención que el diputado Montejano extienda un comunicado (1055) en el que señala “urge reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado, en virtud de que en las condiciones actuales no funciona como se esperaba”, en el que también “lamentó que no exista disposición por parte del nuevo Subsecretario para Asuntos de Justicia del Ejecutivo, para convocar a reuniones de trabajo en las que se revisen las fallas de que adolece el NSJP, con la finalidad de enmendarlas de manera urgente, ya que eso es lo que reclama la población”.
Pareciera que el diputado desconoce que las reformas legales deben surgir, precisamente, del Congreso, pues en lugar de quejarse de la inacción de otras instancias, públicas o privadas, debería impulsar y coordinar los esfuerzos que la sociedad civil exige para erradicar las deficiencias del NSJP en su carácter de presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, pues se trata de una reforma de gran calado que debe dar no sólo estabilidad al NSJP sino los resultados urgentes e inmediatos que exigen los ciudadanos para rescatar la estabilidad y paz social perdida.
Los diputados han caído en la comodidad de los parches y de las ocurrencias en el NSJP evitando entrar al fondo de la reforma que se requiere, en la que de ninguna forma puede quedar fuera la reingeniería reconstructiva tanto de la SSPE como de la PGJE, puesto que un nuevo sistema de justicia no puede funcionar con una institución –PGJE- que además de anacrónica, es mediocre, obesa e ineficiente. Por el contrario, es urgente e inaplazable la profunda revisión de su funcionamiento, y la auditoría de su ineficiencia.
El cambio cultural que tanto se ha pregonado para el establecimiento del NSJP –nueva estructura, nueva operatividad, nuevos actores, nuevas leyes- no puede quedarse incompleto porque entonces no funcionará. Se ha dicho de diferentes formas que fue una exigencia del gobierno norteamericano para que este siguiera contribuyendo con recursos en la lucha contra el crimen –no olvidar la Iniciativa Mérida, de donde han surgido importantes fondos para la capacitación en el NSJP en todo el país-. Pero no hay duda que Estados Unidos no es México, pues en el país vecino el ciudadano confía en sus autoridades de seguridad y justicia porque las elige a través del voto directo, y los remueve si no resultan competentes. En el nuestro no hay confianza en las autoridades porque al ser elegidas por el gobernante en turno, el compromiso no es con los ciudadanos sino con quien lo designó en el cargo, sea alcalde, gobernador o presidente. Entonces, no se pueden esperar resultados diferentes con los mismos mecanismos de selección, sumisión y obediencia jerárquica.
En diciembre de 2008 escribí –“La diferencia”-: “En casi todos los estados de la unión americana son los ciudadanos quienes eligen tanto al procurador y fiscales como a los jueces y jefes de policía locales. Son sometidos al escrutinio público en campañas directas bajo ciertas reglas, siendo los votantes quienes los designan, y quienes los remueven. Casos conocidos son varios; el más cercano es Jerry Sanders, que antes de ser Alcalde de San Diego fue bastantes años jefe de la policía, elegido y reelegido varias veces por los votantes. Rudolph Guliani fue elegido procurador de Nueva York y, luego, Alcalde. Bill Clinton fue dos veces procurador de Arkansas antes de ser elegido gobernador del estado y reelecto varios períodos, de donde salió para convertirse en presidente de Estados Unidos, en donde, también, fue reelecto.” ¿Hubieran llegado a los cargos políticos si no hubieran tenido un eficiente desempeño en sus cargos previos? Por supuesto que no.
Por eso, a sabiendas de que la falta de participación ciudadana no mejora en lo absoluto las áreas de seguridad y justicia, llaman la atención dos propuestas al respecto: una, del secretario de gobierno Cardona quien durante el inicio de la mesa de análisis para concretar una reforma municipal propuso que los directores de seguridad pública sean nombrados por el presidente municipal sin la necesidad de la anuencia de los regidores. Si así hay cada incompetente, ahora imagine excluyendo. a los regidores. Otra, del diputado Magaña para crear el Instituto de Ciencias Forenses de Baja California, ‘imparcial, con autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión’ en el que el director será nombrado por… el gobernador, y el órgano de gobierno será presidido por… el secretario de gobierno. De ambas habremos de abundar después. Continuará.
