Al filo de la navaja
Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 7 MAYO 2018.- En enero de 2017, tras el gasolinazo y la aprobación por el Congreso de Baja California de la Ley Estatal de Agua, surgió una movilización sin precedentes en Mexicali que sorprendió a todo el país por lo multitudinario.

A raíz de lo anterior surgió un movimiento social que luego adoptó el nombre de “Mexicali Resiste”. Posteriormente, surgieron “Comunidad Baja California Resiste”, “Tijuana se Levanta”, “Tecate en Pie de Lucha” y “Mexicali aguanta, Ensenada se Levanta”.

Uno de los líderes indiscutibles de este movimiento social es, sin duda, León Fierro Reséndiz, ingeniero electrónico que enseña robótica a la niñez (https://www.facebook.com/ceart.mexicalibc/videos/1152820588139285/), académico universitario, activista social e hijo de dos destacados luchadores sociales: Silvia Reséndiz y José Fierro.

En enero de este año se dio un incidente en el Rancho Mena del Ejido El Choropo, Valle de Mexicali, por parte de los grupos de resistencia y la policía municipal de Mexicali y Estatal de BC, en que los activistas impedían la instalación de un tubo para la trasnacional cervecera Constellation Brands, que utilizará 20 mil millones de litros de agua al año proveída por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), de la red de agua potable, para la producción de cerveza de exportación.

Esta protesta se dio en el marco de la defensa mundial del derecho al agua, de este bien natural no renovable que, de acuerdo a las recomendaciones de la ONU, los gobiernos, bajo el principio de sostenibilidad, deben cuidar y racionalizar, no privatizar, privilegiando su abasto para consumo humano, agrícola y pecuario antes que el consumo industrial, más, habiendo grave escasez de agua en el municipio de Ensenada.

La protesta de enero pasado en Rancho Mena se tornó violenta por ambos lados: los activistas y los policías. Hubo descalabrados de los dos lados, olvidándose la fuerza pública de su obligación de salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad de las personas y de los principios básicos sobre el control y el uso de la fuerza, terminando en una batalla campal a pedradas, en la que apareció León Fierro arrojando su vehículo a los policías, dañado por éstos, pero deteniéndose antes de lesionarlos, como consta en los videos que circularon profusamente en las redes sociales, donde presuntamente no se observa dolo o intención para causar daño a la integridad y a la vida de los policías.

El gobierno de Baja California tenía entonces que tomar una decisión: o abría un canal de diálogo y negociación con los activistas en torno a las demandas, en virtud de que presuntamente se cometieron delitos por ambos bandos, incorporando en un proceso de mediación a personajes y organismos civiles con autoridad moral, o judicializaba la protesta social. Lamentablemente eligió esta segunda, enfocando las baterías legales contra uno de los íconos de la protesta social, León Fierro, acusado de “homicidio calificado en grado de tentativa”, desconociendo si a la fecha hay bajo proceso penal alguno de los policías que participaron en la reyerta, acusados por el dueño del Rancho Mena de allanamiento de morada, abuso de autoridad y lesiones.

La detención y procesamiento de León Fierro tiene como fondo la legítima protesta por el derecho al agua, contra la instalación de la Constellation Brands y la oposición a la construcción de las desaladoras de Playas de Rosarito y San Quintín, B.C., proyectos privados a pagar en 37 años al amparo de la Ley Estatal de Asociaciones Público-privadas mediante recursos públicos por más de 80 mil millones de pesos, decisión tomada de manera anticonstitucional el 3 de diciembre de 2017 por la mayoría del PAN y el PRD en la actual legislatura de Baja California, blindando ese día las instalaciones del Congreso local con decenas de policías para evitar las protestas.

Las resistencias de Baja California han intentado permanente e infructuosamente abrogar la mencionada Ley Estatal de Asociaciones Público-privadas, por sospechas de que bajo su amparo se desarrollan inconfesables actos de corrupción.

Habrá que recordar que la represión judicial por el Estado contra opositores y activistas sociales a lo largo de la historia, no es nueva en México y en el mundo. Habrá que recordar los encarcelamientos de los luchadores sociales José Revueltas, Heberto Castillo y otros líderes del 68 mexicano acusados de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, rebelión, ataques a las vías generales de comunicación y daño en propiedad ajena.

Más contemporáneos, los hermanos Cerezo, Ignacio del Valle, Néstora Salgado y José Manuel Mireles, quienes para el gobierno fueron simple y llanamente “delincuentes” sujetos a la acción penal, todos ellos hoy absueltos. A nivel internacional, cómo no olvidar los 27 años que pasó en prisión Nelson Mandela, aplicándole el Derecho Penal del Enemigo, acusado de alta traición contra el Estado Sudafricano por su lucha contra el apartheid, quien después fue Presidente de ese país y Premio Nobel de la Paz 1993.

La historia se repite. La detención de León Fierro bajo prisión preventiva, refleja lo esencial de la lucha de clases: los intereses y derechos del pueblo vs los intereses de la clase dominante.

Demos oportunidad a la Jueza Ruth Esperanza Álvarez para que rectifique en la próxima audiencia oral del martes 8 de mayo de 2018 en Mexicali en el proceso contra León Fierro, atentos a que no sea una decisión de Estado sino apegada a derecho.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.