Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 22 ENERO 2018.- A un año de la más importante movilización popular observada en el norte del país en enero de 2017, desarrollada en Mexicali tras el gasolinazo y la aprobación de la Ley Estatal de Agua de Baja California, el martes 16 de enero de 2018 se llevó a cabo una histórica batalla en el Ejido El Choropo del Valle de Mexicali, entre el movimiento de resistencia popular y las policías estatal, ministerial y municipal.

Fue una lucha que duró horas (tomándose ambos bandos una tregua para comer). En un principio, los policías municipales y estatales soportaron estoicamente el baño de tierra que a cubetazos les lanzaban los manifestantes, así como el baño de agua, los palos a los escudos de los agentes y los vanos discursos y reclamos a los agentes. Llegado el momento, los policías irrumpieron en el Rancho Mena del ejido El Choropo para que la maquinaria pesada colocara el tubo de agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), que conectará a la tubería de la trasnacional Constellation Brand para surtir los millones de litros de agua que alimentarán a sus gigantescos contenedores. Y ahí se agudizaron las hostilidades.

Los propietarios del Rancho aseguraban haber sido engañados por las autoridades y, con el apoyo las y los activistas, intentaban impedir el ingreso de la maquinaria y de los agentes policíacos que, sin orden judicial, allanaron la propiedad para proteger la inversión de la trasnacional cervecera y para detener a personas.

Los agentes estatales y municipales llegaron temprano al lugar de los hechos, con equipo antimotines, lo que demuestra que iban preparados para enfrentar y reprimir a los integrantes del plantón permanente apostado desde hace varios días en las inmediaciones de la planta cervecera, para impedir la construcción de las instalaciones, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social pacífica.

El uso excesivo de la fuerza policial

Llegado el momento del forcejeo en el que el movimiento de resistencia intentaba impedir el ingreso de la maquinaria pesada al Rancho Mena, la policía, que mostraba una falta de capacitación y de pericia en el control de conflictos y de multitudes, arremetió de manera desorganizada y violenta contra quienes se oponían a la acción. Las piedras comenzaron a cruzar de un lado a otro. En este punto, el caos total, la polvareda, donde los agentes del orden, en lugar de ser la solución eran ya parte del conflicto.

La transmisión por facebook de varios manifestantes, con celular en mano, evidenció que los policías arremetieron contra quien fuera; se contaban grupos de 5 o 6 policías para asegurar a un activista, con lujo de violencia, sometiéndolos en el piso con las rodillas aplastándoles la cabeza, el cuello y la espalda, el brazo como candado alrededor del cuello o jalándolos de las extremidades, con peligro de provocar una lesión grave o asfixia a los activistas sometidos. La policía, descontrolada y sin orden ni táctica, devolviendo piedras en lo que era ya una batalla campal. En este punto se dejó de lado toda la capacitación y la formación policial sobre los principios básicos y código de conducta en el uso de la fuerza.

Las policías, al intervenir y asegurar a las personas bajo su resguardo, tienen una grave responsabilidad en su integridad física, su vida, su patrimonio, sus libertades y su seguridad jurídica, y lo que les llegue a suceder corre a su cargo como servidores públicos que son.

La icónica foto de Tania Gallaga, tomada por un fotógrafo del periódico La Crónica, en la que se retrata su rostro ensangrentado tras recibir una pedrada proveniente del frente policial, es la viva muestra de las armas con las que contaban la valiente activista mexicalense y sus compañeras y compañeros para enfrentar la ofensiva oficial: la indignación, el coraje, una piedra en una mano y un celular en la otra, para defender el derecho al agua contra los intereses de la empresa cervecera, apoyados por los gobiernos federal, estatal y municipal y las cúpulas empresariales.

El agua como moneda de cambio, no como derecho fundamental

En una jugada de tres bandas, el gobierno estatal de Baja California, con el aval de la legislatura local y del gobierno de Peña Nieto, ha promovido cuantiosas inversiones privadas en la zona costa del estado a pagar con recursos públicos, para instalar dos plantas desalinizadoras al amparo de la Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas, provocando un endeudamiento estatal de 82 mil millones de pesos a pagar en 37 años. Dichas plantas servirán, según la versión oficial, para surtir de agua potable al municipio de Ensenada, que enfrenta una grave escasez del vital líquido, existiendo evidencias de planes para enviar agua al Condado de San Diego, CA.

Esta inversión multimillonaria justifica la entrega de agua a la Constellation Brand en Mexicali proveniente de las cuotas del Río Colorado y de pozos, en lugar de cuidar y racionalizar las fuentes de aprovisionamiento bajo el principio de sustentabilidad y de construir un acueducto de Mexicali a Ensenada, o represas, inversiones mucho más baratas, para evitar el endeudamiento, la sobreexplotación y el agotamiento del líquido, además de colocar en riesgo el abasto a la producción agricultura del Valle de Mexicali.

Esto y más es lo que justamente reclama el movimiento de resistencia de Baja California.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.