Semanas atrás el gobierno del Presidente Donald Trump anunció la recisión del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, llamado DACA. Este programa dio la posibilidad a miles de mujeres y hombres jóvenes menores de 31 años, al 15 de junio del año 2012, quienes llegaron a Estados Unidos sin autorización de ingreso y con menos de 16 años, de solicitar un aplazamiento de deportación y ser elegibles para un permiso de trabajo en aquel país cumpliendo otros requisitos adicionales. 

A partir del 5 de septiembre de 2017 todos quienes no hayan realizado o renovado una solicitud a DACA, aunque cumplieran los requisitos de elegibilidad, se encuentran en un estatus de no autorización y potencialmente pueden ser deportados.

La situación ha generado no sólo preocupación, sino también movimientos de protesta y defensa legal de los llamados Dreamers. El programa, para quienes les fue aceptada su solicitud y/o renovación durante los primeros meses de 2017, podría tener vigencia hasta el próximo 5 de marzo de 2018, sin tener claro qué sucederá después. Se ha dicho que el Congreso está buscando una alternativa para los miles de jóvenes beneficiarios del programa. Sin embargo, para el caso mexicano la situación va más allá de los Dreamers.

Se estima que en 2016 dos terceras partes de los casi dos millones de posibles jóvenes elegibles son de origen mexicano (datos del Migration Policy Institute), pero hasta marzo pasado de los jóvenes mexicanos potenciales elegibles por cumplir los requisitos de educación (ser graduado high school, GEDo estar actualmente en la escuela) sólo 61% hicieron una solicitud. 

Estudios sobre integración educativa y logro escolar de la población mexicana y de origen mexicana en Estados Unidos muestra que nuestros paisanos tienen elevadas tasas de deserción escolar o abandono. Sólo como ejemplo cabe decir que en Texas aproximadamente 8% de la población de entre 3 y 17 años, sin autorización legal de estancia y de origen mexicano, no está matriculada o –lo que es lo mismo– no asiste a la escuela; y de la población mayor de 25 años sólo 40% contaba con estudios de high school o superiores.

A la par de DACA, en noviembre de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional abrió una posibilidad para los padres de los Dreamers, quienes tuvieran un hijo o hija que es ciudadano estadounidense o residente permanente legal en ese país. El programa Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, llamado DAPA, permitiría a los padres de solicitar también un aplazamiento de deportación y solicitud de permiso temporal de trabajo de 2-3 años. 

Sin embargo, varios gobiernos estatales encabezados por Texas llevaron su inconformidad ante un juez para impugnar el programa, quien resolvió que tenía limitantes legales y constitucionales. Posteriormente la discusión del caso en la Suprema Corte de Justicia lo dejó en stand by, hasta junio de 2017 cuando nuevamente el gobierno de Texas y otros estados reclamaron la ilegalidad del programa DACA con base en la ilegalidad de DAPA. 

De este lado de la línea internacional Enrique Peña Nieto anunció en marzo el programa Educación sin Fronteras, que no es otra cosa más que la adecuación de la Ley General de Educación mexicana para facilitar el proceso de revalidación de estudios de jóvenes que retornen. Sin embargo, el problema es mayor a DACA, DAPA y cualquier otra salida temporal que pueda ofrecer el gobierno de los Estados Unidos. 

Se trata de más de seis millones de mexicanos, de entre quienes casi 60% han vivido en aquel país por más de 10, 20 y más años; quienes difícilmente regresarían a su país de origen sin contar con expectativas hacia el futuro, algo que lamentablemente el país no les puede ofrecer; y por el otro lado, una cantidad tal de personas no autorizadas que la administración del presidente Trump difícilmente podría procesar en su mandato.

Por lo pronto esperaremos la siguiente decisión del presidente estadounidense, para saber por dónde pudiera verse una posible salida; y del lado mexicano, bueno, no hay mucho que esperar.

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