Por Raúl Ramírez Baena*

Los Senadores del PRI, PVEM, PES, PANAL y cinco de Acción Nacional, están a punto de cometer una de las mayores insidias de los últimos tiempos en contra de la nación mexicana.

Sin el menor de los escrúpulos, la Presidencia y el PRI desataron una maniobra de tres bandas para cooptar a senadores panistas, apoderarse de la Mesa Directiva del Senado e imponer como titular al calderonista Ernesto Cordero rompiendo a la fracción del PAN, con el fin de “elegir” próximamente como Fiscal General de la Nación al hoy Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, hombre de todas las confianzas de Peña Nieto, ex diputado federal y ex senador priísta, en lo que se ha dado en llamar “el pase automático”.

La fiscalía será de 9 años, inamovible, que sustituye a la actual Procuraduría General de la República, fiscalía que por ley debe ser “autónoma” del Ejecutivo, tal y como lo han exigido los órganos de las Naciones Unidas y de la OEA, empresarios y ONG, para vencer la impunidad que carcome al país.

Esta operación gubernamental tiene además varias aristas políticas. El que cinco senadores del PAN (entre ellos tres Secretarios de Estado con Felipe Calderón y quien fuera su Secretario Particular) hayan roto con el dirigente nacional de su partido, Ricardo Anaya, desata la guerra por la nominación del candidato panista a la Presidencia de la República, reduciendo las posibilidades de Anaya y fortaleciendo las aspiraciones de Margarita Zavala. Así, Peña y el PRI juegan también en el terreno del PAN.

Es preocupante que, en plena crisis de inseguridad en el país que provoca una gran inconformidad popular por la ineficiencia de las policías y del Ministerio Público, siguen sin resolverse los casos emblemáticos que marcan agenda política y social como son los de Javier Duarte de Ochoa y su esposa, Guillermo Padrés, César Duarte Jaques, Roberto Borge Angulo, los Moreira, los 43 normalistas de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tlahuato, Nochixtlán, los niños de la Guardería ABC, los desaparecidos, las fosas clandestinas, los torturados y ejecutados por las fuerzas del Estado y miles de casos más sin resolver que ahondan la impunidad, han costado al Estado Mexicano condenas de la CNDH, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y no pasa nada.

El punto crítico que más sospechas provoca, es que el aparato gubernamental, utilizando todas sus mañas y trucos, quiere imponer ahora a un Fiscal a modo que cubra los actos de corrupción del más alto nivel ante un eventual triunfo de AMLO, para lo cual necesita de una mayoría en el Senado que apruebe la propuesta presidencial y, así, enterrar las aspiraciones de un Ministerio Público auténtico y autónomo que investigue los delitos oficiales. 

A ese antidemocrático juego se prestaron los diputados panistas afines al calderonismo. De paso, se fortalece la tesis del acuerdo oculto entre Calderón y Peña Nieto, siendo éste gobernador del Estado de México, para alternarse la Presidencia entre los dos partidos, desde el año 2006 hasta por lo menos el 2024 con Margarita. El pago de favores (“El Amasiato”, Álvaro Delgado).

Adicionalmente y al amparo de las Reformas Estructurales peñistas, están los casos que, según investigaciones periodísticas y la organización “Ahora” de Emilio Álvarez-Icaza (ver la serie “El Ciclo”), apuntan a una probable corrupción de los últimos directores de Pemex, del dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa siendo director de la CFE y de Gerardo Ruíz Esparza, actual Secretario de Comunicaciones y Transportes. Todos ellos de quienes se sospecha, operadores del escandaloso desvío de miles de millones de dólares en licitaciones y concesiones de obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Paso Express de Cuernavaca con todo y socavón y las fuertes inversiones carreteras en el Estado de México, con empresas trasnacionales corruptoras como Grupo Higa, la española OHL y el Grupo Odebrecht de Brasil. 

Se presume que buena parte de los recursos desviados por los funcionarios del régimen han ido a parar a los paraísos fiscales y al apoyo al PRI en las campañas electorales locales, principalmente la del simbólico Estado de México para el Grupo Atlacomulco en el poder. Todos estos negocios de alto nivel se han manejado en la opacidad, simulando su transparencia operativa y financiera, por lo que, con un Fiscal General como Raúl Cervantes, bien pudieran quedar impunes.

La sociedad civil responde

Por otra parte, bajo el hashtag #FiscaliaQueSirva, más de 100 ONG´s y empresarios se reunieron recientemente en el Ángel de la Independencia para emitir un pronunciamiento-protesta por el intento oficial de imponer al Fiscal General, sin un proceso limpio, independiente y democrático en el Senado.

En el acto, las organizaciones señalaron que, actualmente, la PGR es una institución “capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, incapaz de cumplir cabalmente su mandato”, por lo que, anunciaron, entregarán en los próximos días un proyecto ciudadano al Congreso de la Unión, “para reemplazar a la PGR por una Fiscalía autónoma, capaz e independiente”, así como las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, “incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad hoy perdida por la PGR”.

Se aproximan, pues, vientos huracanados.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.