Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 10 JULIO 2017.- El operador responsable de la Seguridad Pública en el país, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció su visita a Baja California en el marco del alarmante crecimiento de los indicadores de delincuencia y criminalidad en la entidad, principalmente en Tijuana, que ocupa hoy el primer lugar en homicidios dolosos en el país, por arriba de Acapulco y Culiacán.

En el preámbulo, gran conmoción provocó en la opinión pública el dramático reclamo a las autoridades que hizo el periodista de ESPN Odin Ciani, por el artero crimen de su hermana en Tijuana. 

No terminábamos de asimilar esta noticia cuando supimos de la muerte en Sinaloa de 19 presuntos sicarios a manos de la policía y, últimamente, 34 muertos y 32 heridos en motín en penal de Acapulco. Acostumbrándonos a este tipo de noticias como algo normal y cotidiano, elevamos cada día nuestro umbral de asombro ante la violencia generalizada.

A ello habrá que agregar las frecuentes noticias sobre fosas clandestinas con miles de restos humanos en Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Morelos y otros estados (fosilandia), y de largas listas de personas desaparecidas en todo el país.

La nota roja ha invadido los titulares de los medios, informando de robos a domicilio, a transeúntes, automovilistas y negocios; de crímenes violentos en contra de mujeres, familias, comerciantes y profesionistas, y de actos criminales que han invadido la privacidad y tocan ya al ciudadano común. Como nunca, cualquiera puede ser víctima de la delincuencia y del crimen.

El factor social

Las autoridades no quieren admitir que el origen de estos y otros males tiene que ver con el modelo de desarrollo económico impuesto (que no están dispuestos a modificar por los inconfesables intereses económicos que hay de por medio; la corrupción de altísimo nivel), modelo que provoca una desigual distribución de la riqueza, arrojando a millones de trabajadores a la pobreza y al subempleo y a contratarse en empleos de baja calificación y remuneración salarial, con lo cual difícilmente pueden cubrir las necesidades mínimas de subsistencia familiar, incluidos los servicios públicos y la seguridad social.

Como parte de los mecanismos de control social, la política en materia de educación pública ha provocado una gradual baja del nivel de desempeño académico de la población, no así la educación privada de excelencia para las élites.

Lo anterior provoca irremediablemente la crisis del núcleo familiar, de sus valores y principios morales y la ruptura del tejido social. No hay “construcción de ciudadanía”, perdiéndose gradualmente los sentimientos de solidaridad y fraternidad entre vecinos y comunidades, que eran parte de la tradicional hospitalidad y cultura mexicana. Ahora, dominan el individualismo, el egoísmo, el materialismo, la desconfianza y el “valemadrismo” por la suerte del prójimo.

Las familias mexicanas se debaten en la sobreviviencia diaria bajo fuertes presiones alimentarias, de salud, vivienda y servicios públicos, dejando la educación en un segundo plano. El derecho a la felicidad está fuera de su alcance.

La masa de jóvenes pauperizados tiene dificultades para acceder a la educación media superior y superior y a un trabajo con salario digno, y sus expectativas futuras se ven truncadas ante las necesidades de subsistencia. Así, es más redituable dedicarse al atraco, al narcomenudeo y al sicariato, a cambio de una vida violenta, efímera, desvalorizada y sin escrúpulos, carente de amor.

Impotencia, incapacidad y pragmatismo gubernamental

Teniendo como preámbulo el discurso de “todo el peso de la ley”, “mano dura”, etc., las soluciones que ofrecen las autoridades son siempre las mismas: más dinero a seguridad, más policías, más armas, más patrullas; militarización de la seguridad y “depuración policial” (sin respetar los derechos de los policías). O bien, leyes más severas y otras iniciativas populistas igual de inútiles. Cuando más, ofrecen cambios para no cambiar.

Los altos jerarcas del gobierno y las cúpulas empresariales se reúnen en privado sin que la sociedad conozca los acuerdos tomados y ejerza su derecho a la información. Sólo se dejan ver para la foto y se distribuyen boletines de prensa convencionales. Académicos, expertos, profesionistas y ONG, son vetados para participar en las reuniones oficiales sobre seguridad. 

Sociedad acrítica, desinformada y temerosa 

Ane la reducción gradual de los espacios democráticos y de una deficiente cultura política y en derechos humanos, dominan la desinformación, la desconfianza y los prejuicios ante la inseguridad, el miedo, los sentimientos de venganza en lugar de justicia, el linchamiento y el odio hacia “la delincuencia”, que es un enemigo etéreo. Hay que acabar con cualquier sospechoso, hacer justicia en propia mano y ejecutarlos (colocándose en el mismo nivel de antivalores que la delincuencia), anulando los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a no ser torturado y a un juicio justo. 

En las redes sociales, la catarsis: gobernadores, alcaldes y jefes policíacos son todos unos ineptos, del partido que sean. La oposición, obteniendo raja política de la crisis y la corrupción, de las que irremediablemente es cómplice. 

Se repudia por igual a partidos, legisladores, jueces, policías y defensores de los derechos humanos. Injustamente ubican a estos últimos como sus enemigos porque, dicen, “defienden delincuentes”. La gente culpa también al nuevo sistema de justicia y a “los malos padres” que no educan a sus hijos.

Urgen acciones desde la sociedad civil en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.