TIJUANA BC 22 DE MAYO DE 2017.- En un Estado Democrático no está mal que los gobernantes se reúnan con los distintos sectores de la sociedad para afinar la agenda económica, política y social que atienda la problemática y prioridades de la administración pública, y recoja las inquietudes y propuestas de la sociedad.

Días atrás, el Gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de Lamadrid y el Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, se reunieron con la cúpula empresarial de la entidad. Ahí, Federico Díaz Gallegos, presidente de la Coordinación Estatal de Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) en Baja California, leyó un documento ante el mandatario estatal que contiene seis medidas específicas que, según los empresarios, son necesarios para alcanzar el desarrollo deseable en el estado.

Los acuerdos fueron:

Primero, la modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas estatal, para dar al empresariado local mayor participación en los contratos otorgados por el gobierno para servicios públicos y obras sociales y de infraestructura, exigiendo “mejor ejecución y gestión”, lo que en lenguaje político significa que les den más entrada en las jugosas ganancias obtenidas por esos trabajos, nombrando a Enrique Blancas de la Cruz, ex Rector del Cety’s Universidad y ex titular del IFE (hoy INE) en Baja California, fijando un plazo de 15 días para entregar al gobernador el documento formal con la propuesta empresarial que, de seguro, harán llegar al Congreso local.

En segundo lugar, el gobierno del estado debe atender las inquietudes del sector privado local –no de la población- a la hora de elaborar una nueva iniciativa de Ley de Agua, una vez abrogada la anterior, sobre todo en lo que respecta a las tarifas de consumo, las concesiones y la designación de profesionales al frente de los organismos operadores. El presidente de Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego, será el enlace entre autoridades y el sector.

Como tercer punto, los empresarios también demandaron al Gobernador Kiko Vega poner fin al adeudo con el magisterio y formar un plan financiero real para salvar al sector en los próximos años. El presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación, A.C. (COPASE), Alfredo Postlewhite, no el magisterio, será el encargado de dar seguimiento a este punto. El COPASE es un organismo privado que integra como asociados y miembros a colegios particulares, grupos a favor de la vida y la familia, grupos de opinión, centros empresariales y empresarios.

En cuarto lugar, respecto al futuro nombramiento de un Fiscal Estatal Anticorrupción, exigieron al Gobernador sacar las manos en su designación, y nombrar a una figura totalmente ciudadana y no a un político o amigo de los diputados. Advirtieron que no se conformarán con simulaciones y exigirán un fiscal verdaderamente autónomo de la administración estatal. Rodrigo Llantada, presidente de Coparmex Mexicali y Eduardo Martínez Palomera, presidente del organismo ObserBC, darán seguimiento a este punto.

Como quinta y sexta demandas, el sector privado de BC le planteó al gobernador de BC y al alcalde de Mexicali, la necesidad de abatir la contaminación ambiental, modificar las leyes que sean necesarias para agravar más delitos y presionar al Congreso de la Unión para aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Es indudable que buena parte de las exigencias del empresariado local a Kiko Vega, son el resultado de una profunda inconformidad con las decisiones tomadas por el Ejecutivo Estatal en torno a la inversión pública y a los mecanismos para decidir las licitaciones y concesiones de los multimillonarios contratos, según esto, destinados al desarrollo de la entidad. En lugar de proponer la democratización de estas decisiones, no les gusta que se privilegie sólo a empresas amigas o consentidas del régimen.

Por otro lado, el sector privado, con agenda propia, permanentemente presiona a los gobiernos para endurecer los delitos para, según esto, prevenir la inseguridad, no en vano colocan siempre en los Consejos Ciudadanos estatales y en los Comités municipales de Seguridad Pública a representantes de su gremio. En Baja California, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal es hoy el connotado empresario y político Juan Manuel Hernández Niebla, con una vasta carrera como dirigente en el sector privado. Por supuesto, a favor de la militarización.

Sin embargo, no se ve a los empresarios de BC como contrapeso de decisiones que afecten sensiblemente a la población de Baja California, a los de abajo, sino que claramente se observa un interés muy marcado en defender sus inversiones, sus intereses clasistas y su seguridad, y ser partícipes de la enorme derrama de recursos públicos con que se ha endeudado el erario estatal para garantizar el pago a particulares de multimillonarias inversiones.

Para cerrar el círculo, haciendo caso omiso a las advertencias de la ONU, la OEA, las ONG y los expertos, sin perspectiva de derechos humanos, la clase empresarial exige al Gobernador el apoyo incondicional a la Ley de Seguridad Interior, por aprobarse en el Congreso federal, para legalizar la irrupción de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública, sin importar los riesgos a los derechos de la población.

No cabe duda, si quiere ser reconocido como un demócrata, Kiko Vega se debe reunir en las mismas condiciones con todos los sectores de la sociedad de Baja California, escucharlos y recoger sus propuestas e inquietudes, para equilibrarlas con las de los empresarios. 

De no ser así, entonces, ¿quién gobierna realmente en Baja California?

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.