Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 24 ABRIL DE 2017(AFN).- La impunidad es el sello característico en México. Sobre la comisión de delitos, según datos de México Evalúa (2017), existe un subregistro de casos, destacando una diferencia entre el número de delitos denunciados y los registrados por las autoridades, respecto a los que se dan a conocer públicamente, sospechando de la manipulación de estadísticas delictivas oficiales, especialmente de homicidios dolosos, cuyas cifras son publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuya fuente son las procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas. 

Lo anterior es indicativo de una importante debilidad institucional y de obstáculos para la generación de una sólida política de prevención, investigación y sanción del delito. La cifra negra es de 93.7 por ciento de delitos sin denuncia y sin averiguación previa o carpeta de investigación. 

Según reporte del periódico Excélsior del 12 de marzo de 2014, con datos proporcionados por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, con base en información de la PGR, en el sexenio de Felipe Calderón se registraron 121 mil muertes violentas. El Semanario Zeta reporta que en los primeros 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, se documentaron 90,694 crímenes violentos en el país. La suma da un total de más de 211 mil crímenes en ambas gestiones que rebasan toda capacidad de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y administración de la justicia.

Respecto a las violaciones a los derechos humanos, destacan la tortura y la desaparición forzada de personas.

Sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, son incalculables los casos cometidos en todo el país por autoridades de los tres órdenes de gobierno para obtener una confesión o para señalar a terceras personas como responsables de delitos, o también como método de castigo en los separos policíacos y en los centros de reclusión, infligiendo graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a personas bajo custodia o control. Miles de casos de tortura suceden cada año, siendo la regla general que no se denuncian y menos, se sanciona a los perpetradores. 

De acuerdo al Informe que presentó en 2015 el entonces Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Juan N. Méndez, que le valió una inusual y nada diplomática descalificación por el gobierno mexicano, la tortura en México es de carácter generalizada. Esto quiere decir, según el Estatuto de Roma, que es un crimen de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional de La Haya; un ataque contra población civil que produce una victimización masiva. Es una línea de conducta que implica la comisión múltiple de actos, de conformidad con la política de un Estado o de una organización.

La desaparición forzada de personas son delitos cometidos por acción, omisión o aquiescencia de autoridades. En el marco de la Guerra a las Drogas de Felipe Calderón, hasta la fecha, y sin considerar las desapariciones generadas en la Guerra Sucia de los 70 y los 80 contra opositores al gobierno, se registra una cifra de 31 mil personas desaparecidas o ausentes, que son sólo los casos que se denuncian, víctimas de los mal llamados “levantones” o secuestros, cuyo paradero se desconoce, que constituye una dolorosa tragedia nacional, siendo el más significativo el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El nivel de impunidad en torno a la prevención, investigación y sanción de estos delitos, como son la tortura generalizada, la desaparición y la desaparición forzada de personas, se observa que las razones por las que se acusa, persigue y/o consigna a ex gobernadores, como los de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Quintana Roo y otros, son los actos de corrupción, desvío de recursos, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, etc., mas no su responsabilidad por la impunidad en cuanto a delitos graves y actos de tortura, desaparición y desaparición forzada de personas, de carácter sistemático y generalizado, cometidos durante sus gestiones.

Basta recordar el video de la madre que en octubre de 2015 reclama airadamente a Javier Duarte, siendo gobernador de Veracruz, por la desaparición de su hija, Fernanda Rubí, recibiendo en respuesta una irónica sonrisa y evasivas por parte del mandatario estatal. Seguro que por este y por cientos de casos por el estilo no se investigará ni procesará a Duarte ni a la fiscalía a su cargo. 

Fosilandia

En el extranjero y para vergüenza nuestra, México se conoce con el mote de “fosilandia”, en virtud de los cientos de fosas clandestinas distribuidas en todo el país, que, en arduos procesos de investigación y búsqueda, a diario se descubren por los familiares de las víctimas de desaparición en Guerrero, Veracruz, Morelos, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Baja California y otros estados, encontrando miles de restos óseos difíciles de identificar, que reflejan una tragedia nacional de extraordinarias dimensiones.

Después de muchos años de cabildeo y promoción por víctimas y ONG de derechos humanos del país, en el Congreso de la Unión se cocinan hoy una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como una Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, que, de aprobarse en los términos propuestos por las víctimas y la sociedad civil, serían un aliciente para paliar estos graves delitos y crímenes de lesa humanidad. De ellas hablaremos más adelante. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.