Por Raúl Ramírez Baena
TIJUANA BC 20 DE MARZO DE 2017.- Con la aprobación y publicación en el DOF el 9 de enero de 2013 de la Ley General de Víctimas (LGV), por fin, el gobierno mexicano reconoce oficialmente a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, reconocimiento negado en la administración de Felipe Calderón a pesar del compromiso contraído con víctimas y con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De entonces a la fecha, la LGV se ha reformado dos veces, la última, en enero de 2017.
Con la aprobación de la LGV y sus correspondientes en los estados de la República, se crea en México una nueva corriente del derecho: el Derecho Victimal, como un área de trabajo multidisciplinario que recoge los más altos estándares inscritos en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Estado Parte.
A pesar de que La LGV dispone que, en un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor en el año 2013, los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la LGV, esto no ha sucedido en todos los estados.
Frustrante proceso de Ley Estatal de Víctimas en BC
En Baja California, las últimas tres legislaturas han realizado foros e iniciativas de ley estatal de víctimas que no han prosperado, en parte por la falta de cabildeo efectivo con el Ejecutivo Estatal, que es el más reticente a crear un fondo suficiente y efectivo, necesario para sostener al órgano ejecutivo e indemnizar a las víctimas reconocidas formalmente.
Otra de las fallas importantes de los legisladores es omitir la inclusión en la elaboración de las iniciativas de ley de víctimas, a las propias víctimas y a las organizaciones de derechos humanos que las apoyan y representan ante las instancias administrativas y jurisdiccionales. Algunos diputados sólo copian y pegan de la LGV.
El esfuerzo más serio y cercano para concretar una ley en esta materia en Baja California fue el realizado por el diputado Alejandro Quiroga, en la anterior legislatura local, quien se dio a la tarea de convocar a los diputados promotores de otras iniciativas de ley de víctimas, a las víctimas, a ONG y a expertos en esta materia tan especializada, tomando en consideración la Iniciativa Ciudadana presentada en febrero de 2016 por víctimas y ONG. Se realizaron dos reuniones técnicas de trabajo revisando artículo por artículo.
El producto final, consensado y acordado con el Ejecutivo y las fracciones parlamentarias en el Congreso local, se llevó finalmente en septiembre de 2016 a la Comisión de Justicia para su aprobación y posterior presentación del dictamen correspondiente al Pleno.
Cuál sería la sorpresa de los promotores de la ley cuando la fracción del PAN rompió el quórum en la Comisión de Justicia. La razón: llegó a Baja California el entonces Consejero Adrián Franco, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien convenció al Ejecutivo Estatal de frenar el dictamen de ley de víctimas estatal en la Comisión de Justicia, en tanto no fueran aprobadas las reformas últimas a la LGV en el Congreso de la Unión (lo que sucedió hasta enero de este año), violentando además la “autonomía” del Poder Legislativo local respecto al Ejecutivo.
Ahora, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos (sic) del Congreso de Baja California han retomado el tema, pero, nuevamente, sin convocar a las víctimas, a todas las ONG del estado que hayan defendido y representado a víctimas y que participaron en la Iniciativa Ciudadana del año pasado, y a expertos en derecho victimal.
El punto crítico de una Ley de Victimas es que, en primer lugar, el órgano ejecutivo correspondiente debe ser AUTONOMO de los poderes del Estado y de los poderes políticos y fácticos, y su titular debe ser una persona que reúna el perfil idóneo, consensado con las víctimas y la sociedad civil, y no, como ya nos tienen acostumbrados, negociar su nombramiento por dedazo o cuota partidista. Así, se daría al traste con los principios y objetivos de una ley de víctimas.
Debemos recordar que uno de los fines principales de la ley en la materia es garantizar la REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO causado a las víctimas directas e indirectas de delitos y de violaciones a los derechos humanos: proporcionarles asistencia legal, médica y psicosocial; cubrirles los gastos y costas de abogados, llamadas telefónicas, viajes, copias y otros; pago del “lucro cesante” (lo que las víctimas dejaron de ganar en su trabajo en virtud del acto victimizante, ya sea detención, hospitalización, discapacidad u otro) reconocimiento oficial de responsabilidad por acción, omisión o aquiescencia del Estado; garantía de no repetición del hecho victimizante, resarcimiento del buen nombre y la dignidad de las víctimas, indemnización económica por el daño moral ocasionado y ofrecimiento de disculpa pública por el titular de la dependencia responsable del hecho victimizante.
Veremos entonces de que están hechos los actuales legisladores de BC.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
