TIJUANA BC 6 DE MARZO DE 2017 (AFN).- El término “Bases de Operaciones Mixtas” (BOM) es un concepto militar. Según el portal de Wikipedia, “un ejército en campaña no puede prescindir de tener una base de operaciones tanto si toma la ofensiva como si permanece a la defensiva (…) La elección de la base de operaciones depende principalmente de consideraciones de orden político y estratégico.

“El frente debe ser extenso, tanto porque de esta manera ofrece más seguridad al ejército de no perder su comunicación con ella (la base de operaciones) en su marcha de avance, como porque amenaza al enemigo desde mayor número de puntos, manteniendo su incertidumbre acerca del que se elija para atacarle; obligándole, por consiguiente, a diseminar sus fuerzas.”

En México se establecieron Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en las entidades donde operaban, integradas por policías estatales, ministeriales, de la Policía Judicial Federal, agentes del MP y militares, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado y, en base a ese concepto, han sido coordinadas por el ejército en los Grupo de Coordinación estatal. 

Las BOM fueron utilizadas por primera vez en el sexenio de Vicente Fox desde principios del año 2001, mediante operativos que, buscando “enemigos” (criminales o cualquiera que lo pareciera), instalaban a discreción retenes para revisar automovilistas.

Las BOM circulaban por las ciudades en vehículos a alta velocidad y, sin mediar flagrancia, orden de aprehensión u oficio de urgencia administrativa, revisaban vehículos, exigían documentos de identidad de conductores y vehículos y detenían a toda persona “sospechosa”, cometiendo múltiples detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencias. Ello daba lugar a otras violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales. 

El presidente Vicente Fox prometió en ese entonces que, con las BOM, en seis meses Tijuana quedaría "limpia" de delincuencia organizada y que el cártel de los Arellano Félix sería "erradicado". La realidad quedó muy lejos de la promesa presidencial, hasta la fecha.

Los vaivenes de la SCJN

El artículo 129 Constitucional es muy claro al consagrar un principio fundamental: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Sin embargo, la politizada Suprema Corte emitió la tesis de jurisprudencia 38/2000 que derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida en 1996 por el entonces gobernador de Michoacán Leonel Godoy. La Corte interpretó el artículo 129 señalando que la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles es constitucional, facultado a los militares para actuar en materias de seguridad pública, y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

Para los organismos intergubernamentales (ONU, OEA), académicos, juristas y defensores de los derechos humanos, a pesar de la jurisprudencia de la Corte, las acciones en que se emplean a las fuerzas armadas para desempeñar tareas de seguridad pública carecen de sustento constitucional, violando los artículos 21 y 129 constitucionales, este último que se relaciona con el artículo 29 que regula la suspensión de derechos fundamentales para que el Ejecutivo, con aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia. 

Desde Manuel Ávila Camacho, en ocasión de la II Guerra Mundial, ningún Presidente ha declarado el estado de emergencia que justifique lo que hoy hacen a diario las fuerzas armadas en los operativos callejeros y en las carreteras del país, incluidas las BOM: suspender los derechos humanos.

Las BOM en Baja California y la Seguridad Interior

Basados en la jurisprudencia anterior, debido al incremento de los índices de criminalidad, a principios del mes pasado el gobernador Francisco Kiko Vega anunció el arribo a Baja California de 200 elementos militares para tareas de seguridad pública.

A la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste comienzan a llegar reportes acerca de las nuevas acciones de las BOM: personas vestidas de civil, con pelo corto, sin identificación, prepotentes y mal encarados, con armas de alto poder, trasladándose en automóviles sin placas, deteniendo automovilistas en calles y carreteras sin motivo legal, exigiendo identificación. 

Al acudir al portal de Transparencia de la Sedena para solicitar información sobre las entidades donde operan las BOM, la dependencia responde que la información se encuentra clasificada como reservada, “en virtud de tratarse del despliegue operativo que mantiene la Sedena para garantizar la seguridad interior de la nación; asimismo, por la seguridad de los trabajos que desempeñan las tropas.”

Precisamente hoy se desarrolla un intenso cabildeo y debate en el Congreso de la Unión sobre 4 iniciativas de Ley de Seguridad Interior presentadas por el Ejecutivo Federal, el PRI y el PAN, que intentan “dar certeza legal” a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a contrapelo con los principios constitucionales. 

Las autoridades federales y estatales de Baja California vuelven a repetir el esquema fracasado e inútil que ha provocado la condena de la ONU y de la OEA, sancionando reiteradamente al Estado Mexicano por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares. Además, se violentan los principios del “garantista” Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Así, los intereses del gobierno se imponen a los principios del Derecho.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.