Procesos Políticos

Por: Abel Muñoz Pedraza

Durante esta semana se dio a conocer en diversos medios de comunicación el dictamen de la iniciativa presentado ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, impulsado por el diputado priista David Ricardo Sánchez Guevara, que busca modificar el artículo 345 y la fracción I del inciso d, numeral 1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). El propósito de tal modificación es establecer una amonestación pública y una multa de seis salarios mínimos vigentes a las personas que no acudan a las urnas a depositar su voto. La novedad de este asunto es que se podría presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones para que sea votado y, de aprobarse, aplicarse en la elección federal que se celebrará el primero de julio de este año.

La forma en la que el diputado Sánchez Guevara plantea los argumentos para justificar la iniciativa que presenta es absurda, y estos se resumen en tres: 1) el voto voluntario contribuye a un debilitamiento del sistema de representación política; 2) el voto voluntario deshabilita a la ciudadanía para no sentir responsabilidad, generando un elevado ausentismo, lo que provoca el cuestionamiento de la legitimidad de los elegidos y es un motivo para la inestabilidad; 3) el considerar la obligatoriedad del voto también tiene que ver con los altos costos electorales, ya que el hecho de destinar mayores recursos a los procesos electorales no garantiza mayor participación de los ciudadanos.

Si recordamos las clases de civismo que cursamos en la secundaria, el voto en México es un derecho y una obligación (véase el artículo 35, fracción I y el artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), sin embargo, la obligatoriedad de este derecho es no forzada, ya que en la actualidad no existen sanciones para las personas que se abstienen.

En el resto de América Latina, el voto obligatorio –con sus distintas modalidades- es una regla común con excepción de Colombia y Nicaragua. Por ejemplo, en Chile la modalidad es más flexible, ya que se castiga a las personas que hayan decidido voluntariamente inscribirse en la lista electoral y que el día de la elección no se presenten a votar. En Argentina, la legislación es más dura y obliga a todas las personas con posibilidades de votar a que lo hagan y, en caso de que no se hayan dado de alta en el padrón o estén fuera del país, tienen que ir el día de la elección a justificar la inasistencia y salir con la libreta firmada. Para el caso de los argentinos en el extranjero la justificación de la inasistencia sería en una representación diplomática.

La experiencia de estos dos países es interesante y de gran utilidad para ponernos a pensar en la viabilidad del voto obligatorio en México. Las principales críticas que surgen en estas sociedades apuntan a que la obligatoriedad del voto no ha solucionado la falta de representación política y que se ha limitado el actuar individual de los ciudadanos al momento de decidir si se asiste a las urnas.

Si desmenuzamos a manera de contraargumentación uno a uno los puntos que el diputado Sánchez Guevara utiliza para defender el voto obligatorio podemos establecer lo siguiente:

1)      El voto obligatorio en México no necesariamente contribuiría al fortalecimiento del sistema de representación política. Es decir, los defensores de esta medida argumentan que gran parte de la población con posibilidad de votar no está bien representada porque no acuden a las urnas, por lo que una minoría es la que decide quién nos gobernará. Sin embargo, tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que con el establecimiento del voto obligatorio, los políticos dejarían a un lado sus intereses personales y de partido para responder totalmente a las demandas de los electores que los eligieron.

2)      No es del todo cierto que el voto voluntario deshabilite a la ciudadanía para no sentir responsabilidad, y que por tal motivo, el abstencionismo sea alto, lo cual provoca un cuestionamiento de la legitimidad de los elegidos y se genere inestabilidad, ya que la responsabilidad ciudadana no se mide exclusivamente con el acto de ir a votar o abstenerse, si no que existen otras formas de expresión ciudadana para mostrar una inconformidad o demandar alguna cuestión. Sin duda alguna sí existe un cuestionamiento de los gobernantes elegidos cuando, por ejemplo, en una elección sólo vota el 30% de la población y dentro de ese porcentaje tan bajo alguien alcanza la mayoría relativa que le permitirá ocupar un cargo de gobierno, sin embargo, la inestabilidad que se pueda generar se le puede atribuir más al sistema de gobierno que limita la posibilidad de acuerdos y consensos para sacar adelante ciertas reformas que al hecho de que la gente no haya asistido a votar.

3)      El darle el carácter de obligatoriedad al voto con una sanción económica no implica que los índices de participación electoral se eleven (o que se eleven como el promotor de esa ley espera para abatir casi en su totalidad al fenómeno del abstencionismo), es decir, la aplicación y cumplimiento de la ley en México no es cosa de todos los días. Aunque el no ir a votar implique que tengamos que pagar una sanción económica, muchos preferirían pagar ese costo o buscar la forma de evadirlo, sobre todo porque la efectividad de las leyes en México deja mucho que desear.

4)      Desde luego que el destinar mayores recursos a los procesos electorales no necesariamente significa que la gente va a votar más y, en ese sentido, como lo señala el diputado Sánchez Guevara, los recursos que se destinan a la organización de las elecciones en relación con el número de sufragios hacen que un voto sea muy caro, sin embargo, la solución no es hacer obligatorio el voto, ya que de aprobarse tal medida hace que se tenga que elaborar un padrón de electores más confiable (lo cual no estaría mal, pero genera costos económicos y no ahorro), hacer más eficientes a los registros civiles de toda la República Mexicana para que estos notifiquen oportunamente al IFE sobre la defunción de las personas y así poder actualizar constantemente el padrón, lo cual también implica gasto, y crear una instancia que se encargue de identificar a las personas que se abstuvieron, localizarlas, y multarlas, lo cual implica mayor burocracia y, en consecuencia, dinero. Desde luego que los recursos recabados por las multas podrían ayudar a resarcir los gastos, sin embargo, a primera vista parece que sería mucho más caro echar a andar esta maquinaria para atrapar a los “delincuentes que no votaron” en comparación con los ingresos que se obtengan al sancionar a las personas.

Pero a mi parecer, el tema más importante que se pone en riesgo al tratar de aprobar el voto obligatorio es la transgresión a la libertad individual, es decir, la facultad que tiene cualquier ser humano para decidir el no asistir a las urnas a depositar su voto sin importar el motivo, pudiendo éste ser absurdo o válido. Lo que se le olvida al diputado David Ricardo Sánchez Guevara es que gracias a la imagen y a las acciones –muchas veces incomprensibles- que los políticos le brindan a la sociedad día a día, muchos ciudadanos tienen más de “147 razones” para no ir a votar y para dejar de creer en la política. Recordemos que el no asistir a votar también puede significar una posición política.

Abel Muñoz Pedraza es estudiante de la maestría en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana. Correo electrónico: [email protected]

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.