Columna 
Dr. Marco Antonio Samaniego López *

TIJUANA BC 29 ABRIL 2016.- Los reclamos  en torno al caso Ayotzinapa se incrementan luego de lo sucedido la última semana. Los  miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)  han mostrado un video en el cual las imágenes dan pie a distintas interpretaciones sobre las pruebas localizadas en el  multimencionado basurero de Cocula.

Las diferencias se incrementan notablemente. Para quienes la crítica al proceso ha sido parte de los últimos meses, la decisión de la salida del país del GIEI cuestiona severamente las acciones del Estado mexicano. Por otra parte, las instituciones encargadas de realizar las labores de peritaje, muestran en todo esto, candidez e incapacidad. 

Sin embargo, para nuestro caso, la imagen que llamó nuestra atención en el video, es el joven que, esposado, era llevado a la diligencia no oficial que realizó el encargado de realizarlas de manera oficial y con todo el rigor necesario: Tomas Zerón.  El joven es uno de los ejecutores de los normalistas. Es uno de los que presentó el testimonio de la acción brutal que se realizó, para no equivocarnos, en algún lugar de estado de Guerrero, presumiblemente, en Cocula. 

Por la edad puede confundirse  con uno de los normalistas de Ayotzinapa.  Pero, lo que nosotros deseamos destacar, es algo que hemos sostenido desde que conocimos la información de la desaparición de los normalistas a través de los medios.  Sí, fue el Estado, pero no en el sentido de que se ha utilizado  generalmente para culpar al gobierno. Nosotros lo utilizamos en el sentido de que  las instituciones de toda índole, han carecido de los medios para proporcionar  oportunidades a nuevas generaciones de mexicanos. 

Es decir, es el rostro de la falta de oportunidades, de posibilidades establecidas en la constitución que no se cumplen. Son las estrategias educativas y de empleo que no han funcionado. Son los efectos  de una idea que se propaga con mucha facilidad: la manera  de encontrar los medios de subsistencia, está en las organizaciones criminales. Ellos lo logran mejor  y más rápido. Apoderados de ciertas zonas el país, mandan y obedecerlos es una manera de integrarse a una posibilidad de ascenso social.  Esa posibilidad no está en la educación o en la búsqueda de un empleo o  en la conformación  de una empresa de algún tipo. 

¿Por qué razones ese joven obedecería una orden tan brutal como la que les fue asignada? ¿Por qué no tuvo  manera de negar su cumplimiento? ¿Qué significaba negarse, en el caso de que lo hubiera pensado?     ¿Cuántos como él a su alrededor? ¿Qué presiones habría  en su entorno? 

Dicho de otra manera, ¿cuántos jóvenes en esas condiciones habrían obedecido esa orden con toda la brutalidad que implicaba? Por supuesto que dar seguimiento al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa debe ser motivo de atención. Pero también al espacio social que genera las condiciones para que quienes cumplen tales acciones, tan brutales, no se reproduzcan. 

¿Cuáles serán las medidas que se han  tomado para modificar las condiciones sociales de los habitantes de la región?  

Es pues, un  asunto de Estado.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

* Marco Antonio Samaniego López.  Doctor en historia por el Colegio de México. 

Ha publicado más de cuarenta artículos en revistas nacionales, internacionales y capítulos de libros. 

Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California en dos periodos, 1996-1999 y 2007-2011.