Peligroso clima de represión
Por: Raúl Ramírez Baena
MEXICALI, BC 4 DE NOVIEMBRE DE 2011.- Guardando la debida proporcionan en los casos que aquí se plantean, podemos asegurar que la crisis estructural que vive la economía neoliberal en el mundo ha entrado en una fase de descomposición tal, que representa un alto riesgo para la democracia y los derechos humanos, no por las pérdidas que provoca en las cuentas de los oligopolios y las trasnacionales (liderados por los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra), sino por su violenta reacción para frenar todo aquello que atente contra sus intereses estratégicos.
Por un lado, observamos con preocupación cómo se reprime por las policías a los Indignados de “Ocupa” Wall Street, Washington, Oakland, “M-15” de Madrid y los estudiantes chilenos. Al creador de WikiLeaks, Julián Assange, para neutralizarlo, la justicia británica decide entregarlo a la justicia sueca para que responda sobre presuntos actos de hostigamiento sexual, al mismo tiempo que las cadenas financieras “ahorcan” la posibilidad de seguir financiando la publicación de los cables secretos que tanto han evidenciado la cadena de corrupción de los servicios de inteligencia norteamericanos y de la Casa Blanca (como por ejemplo el secreto plan de Rápido y Furioso que proveyó de armas ilegales al narco), y hasta de los acuerdos secretos con el gobierno mexicano para favorecer a capos, políticos y capitales corruptos. Grave atentado a la Libertad de Prensa.
Por otra parte, observamos cómo las grandes cadenas de comunicación alienan a la población mundial para repudiar a los nuevos monstruos que las propias potencias crean; supuestos dictadores antes apoyados y financiados por el imperio para sus intereses, que hoy ya no les sirven. Ahí tiene usted a Muamar el Gadafi, entregado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos a las fuerzas opositoras, financiadas, armadas y apoyadas por la OTAN, llegando al extremo de sodomizarlo y ejecutarlo sin que pasara por un tribunal internacional e imparcial y sin darle el derecho a la debida defensa.
Así cayeron Sadam Hussein y Osama Bin Laden, al capricho del imperio. Así cayó Manuel Celaya en Honduras en 2009, y así están en la mira Siria, Cuba y Corea del Norte, “El Eje del Mal” como los bautizó Bush Jr. Y no pasa nada. Triste papel juega la ONU y sus mecanismos de protección de los derechos humanos y de la legalidad internacional, sometidos a la –esa sí- dictadura de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Mientras, Obama y Sarkozy celebrando en París el “triunfo” de la democracia y la libertad contra el “dictador” libio.
En el plano local, Tijuana y Cd. Juárez, dos ciudades fronterizas con características similares: migración, maquiladoras, trata de personas, pobreza, violencia y, ahora, represión. Dos ciudades con el sello Leyzaola (modelo de seguridad militarizada sin derechos humanos), cuyos movimientos sociales han sufrido recientemente sendas represiones policíacas. El movimiento pacífico de los Indignados tijuanenses fue desalojado de la vía pública el pasado 18 de octubre, y en la madrugada del 02 de noviembre fue desocupado el plantón permanente de activistas que desde hace más de dos años se oponen a la construcción del “Zócalo 11 de julio” en Tijuana, proyecto millonario de capital privado apoyado por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y por el presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, que destruirá más de 500 árboles de la ciudad. El desalojo se produjo según las autoridades, créalo usted, “porque había un gran riesgo para la población, porque las personas que estaban en el plantón tenían un microondas y una mina de gas”.
Si en el plano mundial se hace caso omiso a la legalidad internacional por las potencias, en el plano local se ignoran por los gobernantes los derechos humanos amparados por nuestra Carta Magna. Artículo 9º: “No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de amenazas o violencias para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. “Desalojo pacífico”, dice el gobernador Osuna de los opositores al Zócalo tijuanense. Si, pero al fin desalojo que conculca la libertad de reunión.
En Cd. Juárez las autoridades fueron más allá. Muy al estilo Leyzaola, los manifestantes fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza. A los gobernantes les preocupa mucho que los policías aprueben los exámenes de “control de confianza”. Pero no les motiva que estén capacitados en materia de Derechos Humanos y en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, tratado internacional adoptado por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, en La Habana, Cuba en septiembre de 1990, para regular el uso de la fuerza.
Una de las funciones básicas de la policía preventiva consiste en mantener el orden público y la paz social. La falta de sensibilización en materia de Derechos Humanos de los policías hace que estos sean, precisamente, quienes alteran el orden y la paz.
Sabemos, por testimonios de altos funcionarios del gobierno de Baja California, que el Tte. Cor. Julián Leyzaola repudia los Derechos Humanos (expresado en las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública), lo que lo descalifica para el área de Seguridad Pública en cualquier corporación del país. Al contrario, debería estar bajo investigación criminal porque lleva a cuestas, adonde quiera que vaya, las Recomendaciones de la PDH de Baja California y de la CNDH por los delitos de tortura, y ha sido denunciado por las ONG ante la CIDH por este delito de lesa humanidad.
La crisis estructural de la economía de mercado como eje y articulador de las sociedades en el mundo nadie la para, porque no es igualitaria ni distributiva de la riqueza. La legítima protesta social nadie la para y debe ser respetada mientras sea pacífica, porque el pueblo ya se hartó. Así es que, mejor, llevemos la fiesta en paz.
* Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
