Columnista: La Silla Rota
Por: FRANCISCO RIVAS RODRÍGUEZ

MÉXICO DF 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (La Silla Rota).- Aproximadamente nueves meses tardó la resolución de la autoridad competente para decirnos si en el caso de las casas blanca y la de Malinalco había o no conflicto de interés; la resolución llegó y creo que no sorprendió a nadie: Exonerados el presidente, la primera dama y el secretario de Hacienda. La casa blanca se compró con recursos propios de la Sra. Angélica Rivera de Peña, ésta y la compra de la casa del secretario Videgaray se realizaron antes de que se convirtieran en funcionarios federales dijo Virgilio Andrade, quien decidió omitir que previamente eran autoridades del Estado de México y en proceso de transición para asumir sus funciones en el Ejecutivo Federal.

En los días pasados, en vísperas del anuncio de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre este caso, a días del aniversario de los hechos de Tlatlaya e Iguala, hablando con la persona de quien más estimo su opinión, comenté que me preocupaba que la SFP fuera a dar la resolución que de hecho entregó: Todo bien, gracias por haber participado. Ante mis comentarios y preocupaciones por primera vez escuché una perspectiva diferente: "¿A fuerza debe haber algo? ¿No hay alguna posibilidad que no haya conflicto de interés? Y si no la hay ¿para qué hacer la investigación? ¿Por qué si son culpables sea como sea, no prendemos la hoguera y los quemamos a todos como las brujas de Salem?".

El argumento base no buscó defender a los involucrados per se, sino hacer énfasis en que parece que el descontento social sobre la validez de los procesos, y la poca confianza que tenemos los mexicanos en las instituciones y parece elevar la crítica a un nivel de cacería de brujas. Paralelamente me recordó que el problema no es el conflicto de interés, sino que, habiendo conflicto de interés se actúe con el fin de obtener u generar algún beneficio indebido. 

Debo decir que agradezco escuchar una perspectiva diferente ante un problema complejo donde una cosa es cierta: Esta era una situación "pierde-pierde". Por donde se quiera ver no había forma de resolver satisfactoriamente la cuestión, ningún resultado deja bien la imagen del país; en todo caso, el gobierno en general y las autoridades en particular, iban a salir lastimadas y la opinión pública insatisfecha.

En efecto cabe preguntarnos si bajo el escenario actual instituciones y normas jurídicas permiten dirimir sobre algo tan difícil de probar como es el conflicto de interés. Ante esto debemos analizar con cuidado si la actual reforma constitucional en materia de anticorrupción sí lo permitirá hacer. Por lo anterior es urgente que se conozcan los criterios que llevaron a la SFP a centrarse sólo en algunos aspectos (momento en que suceden los eventos) dejando de lado a quiénes eran los involucrados y la trascendencia de sus actos en la vida pública.

A pesar de lo anterior, soy de los que aún piensan que si se inicia un proceso como aquél es para aclarar y exponer la verdad. Cuando veo los resultados y leo las declaraciones me surgen las preguntas si el ejercicio que la SFP se hizo para buscar esclarecer un evento tan desafortunado o sólo tratar de apaciguar el descontento general, si este ejercicio sirvió para rendirle cuentas a la sociedad o en realidad fue un desperdicio más de recursos públicos en una investigación simulada.

Con ello en mente, analicemos ahora los posibles escenarios de hallazgos de la investigación y pensemos la respuesta social que obtendrían:

La SFP encuentra culpables a todos los involucrados: Presidente, Primera Dama, Secretario de Hacienda y Grupo HIGA con todas las agravantes posibles por lo que el Presidente y el Secretario de Hacienda deben renunciar, pagar una multa histórica, cárcel a todos.

La SFP encuentra algún tipo de responsabilidad menor y aplica algún tipo de sanción a los implicados.

La SFP no encuentra ningún tipo de responsabilidad legal pero identifica elementos de forma que llevan a recomendaciones específicas sobre el caso o sobre futuros casos.

La SFP exonera a todos, punto final.

Personalmente creo que pudo haber una resolución más adecuada, una resolución que mandase el mensaje de que nadie está por encima de la ley y que las investigaciones no se hacen a modo y con esto apuntar a fortalecer la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.

Sin embargo, también debo dar razón a quien me hizo ver las cosas de una manera diferente: Diese la SFP el dictamen que diese, la opinión pública iba quedar insatisfecha, renuncias y multas puede que no sean suficientes para quien ve en el desempeño de nuestras autoridades todos los males del país.

Es cierto, la mayoría de las personas estamos enojados al ver la realidad en la que vivimos, al ver que un estado tan rico como es el Estado Mexicano no permite un piso parejo para que los ciudadanos puedan competir. Un país donde los recursos no alcanzan para buena educación, innovación, salud de calidad, infraestructura adecuada y todo esto se debe a la corrupción. Los resultados de esto: Una brecha cada vez mayor entre los que tienen y los que no, sin que se vea cómo disminuirla. La corrupción que impera en nuestro país hace impensable que las personas contemos con los mismos derechos frente a la ley.

¿A fuerza debían ser todos culpables? No, sin embargo debo admitir que cuando se ven en el papel las condiciones de la investigación yo, Francisco Rivas, a nivel personal, no les di el beneficio de la duda al presidente ni a la primera dama ni al secretario de Hacienda. Admito también que no me sorprende el resultado de la investigación de la SFP, que no creo que este fuese el mejor dictamen posible y que me deja un sabor de boca amargo.

Hace meses en este espacio escribí "no porque algo sea legal, es legítimo”. Puede que ninguno de los involucrados haya infringido ninguna norma jurídica pero hay cosas que, si decides ser servidor público simplemente no debes hacer o de lo contrario, renunciar a esa posición pública y hacer de tu vida y de tus recursos lo que te plazca y como te plazca.

Entiendo que mi visión es parcial, pero no hay manera que no lo sea hasta que el titular de la SFP nos explique por qué omitió analizar a las personas y al proceso de una manera más amplia y a la luz de lo que dice la OCDE, que si parece conflicto de interés ¡es conflicto de interés!

Me quedo con una cosa de todo el caso de las casas: ¡Me equivoqué de trabajo! Debí haberme dedicado a las telenovelas y calendarios porque tras veinte años de trabajo no me alcanza ni para el cuarto de servicio de la tan famosa casa blanca.

@frarivasCoL
@ObsNalCiudadano