Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
En los Ayuntamientos, los órganos de gobierno municipal, una de las dependencias sumamente importantes, lo es la Sindicatura Pocuradora. Es la encargada de vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos municipales. Algo así como el guardia o custodio de las arca municiples.
Como la aprobación de los presupuestos y las leyes de ingresos, corresponde a la legislatura, revisar las cuentas públicas. Revisadas estas y hechas las observaciones respecto a las irregularidades o inconsistencias detectadas, se remite el dictamen alusivo a la Sindicatura Procuradora, para que las solvente, o sea que las corrija.
En caso de que las irregularidades detectadas, impliquen faltas administratrivas, aplica las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades, como lo sería una amonestación o inhabilitación temporal. Tratándose de hechos delictivos, denunciarlos ante las autoridades penales correspondientes.
Durante la gestión del XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el priísta, Carlos Bustamante Anchondo, se incurrió en múltiples irregularidades. Algunas detectadas por el Orfis, órgano auxiliar de la Legislatura, en las labores de fiscalización del gasto público, y otras más, tan burdas, que saltan a la vista.
Pero, extraña o curiosamente, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento, a cargo de Arturo Ledezma Romo, no ha detectado nada y por lo tanto no ha castigado a nadie. Ni siquiera con la más elemental amonestación.
Y conste, de que ha habido asuntos, que requieren ser indagados y sancionar a los protagonistas, los ha habido. Uno de los más destacados, la renta de las luminarias de la ciudad y la extraña y sospechosa desaparición de las que fueron retiradas.
Pareciera que la Sindicatura Procuradora, está a cargo de individuos ciegos y sordos. No ven nada. No oyen nada. Las cosas desaparecen como por arte de mágia. A casi dos años de esta administración, ante la inefectividad de la Sindicatura, ya la equiparan con la Carabina de Ambrosio. Apantalla, pero no caza a nadie.
En días pasados, ocurrió algo, que obligó a voltear a ver a la Sindicatura. El Cabildo del XXI Ayuntamiento, que encabeza Jorge Astiazarán Orcí, determinó reintegrar al patrimonio de la ciudad, el predio donde durante muchos años funcionó la cárcel preventiva y la comandancia de la policía municipal.
Con esto, se echó por tierra, el capricho del exalcalde Carlos Butamante. Aquel de vender el inmueble ubicado en Avenida Constitución y Calle Octava, dizque para donarlo a un Fideicomiso de empresarios para reactivar la zona centro de la ciudad y que lo llevó a demoler las instalaciones ahí existentes.
No hubiera pasado de ahí, pero la decisión ofendió el orgullo del exalcalde, quien calificó de inepta a la administración de Astiazarán y de tonto al Síndico Social, Bernabé Esquer, por haber impulsado el asunto en tal sentido.
Entonces, salió a relucir que al demoler las instalaciones, sin permiso del Cabildo, Bustamante ocasionó daño patrimonial a la ciudad, por un total de 12 millones 92 mil 740 pesos, considerando las construcciones y obras complementarias demolidas, así como por lo que se pagó a la constructora que llevó a cabo la demolición.
Ante esto, apareció en escena la Sindicatura Procuradora. Se cuestionó al Síndico Ledezma Romo, respecto a las observaciones hechas al respecto por la Comisión de Fizcalización del Gasto Público, y este indicó que fueron debidamente solventadas por su antecesora, la Arq. Yolanda Enríquez.
Y tal parece que así fue, pero de manera mañosa. Cuentan que la funcionaria, mandó elaborar un avaluo, en el que se hacia constar que la demolición ordenada por Bustamante, no causó daño patrimonial alguno, sino por el contrario, aumentó al doble el valor original del predio, al estar libre de construcciones. Qué chulada.
El Síndico Ledezma, dió por buena la versión y dió por solventadas la irregularidades al respecto. El problema es que nadie “se tragó ese cuento”. El diputado panista Mario Osuna pidió informes al Orfis, para saber, si con el avaluo que exhibió la Síndico, se tenía por solventado lo del daño patrimonial.
Pues resulta, que el fin de semana, el diputado panista, Cuauhtémoc Cardona, reveló que el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Ledesma Romo, estó bajo investigación, porque ha hecho mal su trabajo, en varios asuntos. Lo del daño patrimonial por la demolición de las edificaciones de la Calle 8, ordenada por Bustamante, la renta de las luminarias de la ciudad y desaparición de las que retiraron, aún en buen estado.
La Sindicatura Procuradora, tradicionalmente, nunca ha cumplido fielmente con sus funciones. Por el contrario, ha servido para encubrir o avalar las irregularidades en que incurren los funcionarios municipales.
El artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, precisa en 34 fraccciones, sus funciones y obligaciones, tales como realizar revisiones financieras y administrativas, y exigir la implementación de las correcciones que procedan.
Cuentan que cuando el asunto de las luminarias, se puso “caliente”, el Síndico, afligido dijo a quienes le cuestionaban : “entiéndanme, mi tía me pidió que no molestara a mi tío Carlos”. Por acceder a ese tipo de peticiones, ahora, como pato, está en la mira. Difícil, poder salvarlo.
