Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
Bajo el argumento de la equidad de género, entre diversas disposiciones contempladas en la reforma electoral, aprobada por la Legislatura Estatal, esta semana, se contempla la obligación de los partidos políticos de que, al menos en 2 de los cinco municipios, postulen mujeres a alcaldes. Como si el horno estuviera para bollos.
Si bien es cierto que en lo social, en general, la mujer ha recibido un trato desigual, ante el que reciben los hombres, y por lo tanto se le debe reivindicar, o sea darle un trato, al menos igual que el brindado a los hombres, hacerlo obligatorio, en materia política, es un absurdo.
Por citar algunos ejemplos de esa desigualdad, social o laboral, se estima, que el trabajo no remunerado de las mujeres, en las labores domésticas, implica 36 horas de trabajo a la semana. Lo que es injusto, si es cierto. Pero es algo común en familias de bajo nivel económico, porque en las clases media y alta, muchas mujeres son simplemente las patronas, y son ajenas a las labores domésticas, pues ejercen su profesión.
En las familias de baja condición económica, el hombre, generalmente asalariado, difícilmente logra obtener el sustento diario de la familia. Si a eso se le agregara la obligación de pagarle un sueldo a su esposa, por las labores domésticas que desarrolla, pues mejor ni se casa. Si acaso, auxiliar en el cuidado de los niños y la atención de la casa.
Muchos hombres, sin duda alguna, preferirían desempeñar las labores de la casa, antes que salir a la calle en busca de empleo o realizar tareas tan duras como la albañilería. Por eso, se tiene la idea generalizada, de que el hombre al trabajo arduo, en la calle, y la mujer a atender su casa.
Por algo, en marzo pasado, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador panista, Kiko Vega, dijo que las mujeres “están rebuenas para cuidar a los niños y atender la casa”, lo que le valió una rechifla generalizada.
Se dice, que un 62% de las mujeres en México, consideran que no tienen el mismo reconocimiento que los hombres, en cuestión profesional. Así mismo, 2 de cada 10 mujeres, no se piensan que no son exitosas, por falta de oportunidades laborales, las obligaciones domésticas y la preferencia de género para ciertas ocupaciones. Sin embargo, una cosa es la desigualdad social y laboral, y otra muy distinta la falta de equidad en el terreno político.
En diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó la reforma político electoral, que elevó a rango constitucional la equidad de género. Esto se estableció, mediante una reforma al Artículo 41 Constitucional, que obliga a los partidos políticos a destinar a mujeres el 50% de sus candidaturas, a Senadores, Diputados federales y locales.
En principio, esto se hizo, para evitar los casos de las llamadas “Juanitas”. Se postulaban mujeres y al tomar posesión de las curules, renunciaban y sus lugares los ocupaban sus suplentes, de sexo masculino, generalmente vivales, verdaderos “cartuchos quemados”.
Esta semana, los legisladores de Baja California reflejaron esa disposición en la legislación electoral local, pero presionados por las diputadas de los diversos partidos políticos, la equidad de género la extendieron también a las alcaldías.
En base a esto, en las elecciones del 2016, los partidos políticos deberán postular, en un 50% de las candidaturas a legislador, mujeres. En el caso de los alcaldes, siendo 5 municipios los que integran la entidad, al menos en dos deberán postular mujeres y en los otros 3, hombres.
Las mujeres políticas de la entidad, están felices, porque al fin tendrán la oportunidad de competir por una alcaldía. Hasta ahora, solamente lo hacían como legisladoras y regidoras.
Esto complica las cosas para los aspirantes a alcaldes, hombres. Son muchos y tan pocas las posiciones. Lo delicado es saber, en qué municipios deberán postular mujeres, pues las aspirantes femeninas, son muchas menos que los masculinos.
Y eso no es todo, los electores no discuten tanto el sexo de quienes habrán de encabzar los gobiernos municipales, sino la capacidad y experiencia de los mismos. Por lo tanto, poco importa si son candidatos o candidatas.
Sin embargo, dicha disposición, podría considerarse anticonstituciinal y violatoria de derechos humanos, al obligar a postular exclusivamente a mujeres, en dos de los cinco municipios, en perjuicio de los hombres que aspiran a la alcaldía de los municipios en los que residen. Lo ideal sería, que las mujeres, participen en los procesos internos de selección de candidatos, para qué midan, capacidades y experiencias, con los aspirantes hombres. Pero eso de postular mujeres, por obligación, es una exageración.
En el caso de Tijuana, por ejemplo, hay unos 10 aspirantes panistas y otros 10 aspirantes priístas. Pero ninguna mujer. Al menos abiertamente. Sería un absurdo, que el sexo de las candidaturas fuese determinado en un simple “volado”.
Así mismo, ante la poca participación política de las mujeres, seguramente van a exigir preferencia, aquellas que hoy ocupan algún cargo público en la administración estatal o municipales, o alguna curul en las legislaturas federal o estatal, no precisamente por ser más capaces, sino por ser las más vistas o más conocidas.
Sin la intención de restarle valor a la participación de la mujer en la administración pública, el postular mujeres para alcaldías, por obligación, será contraproducente para los partidos políticos. La función pública no debe estar condicionada al sexo, sino exclusivamente a capacidad, experiencia y solvencia moral.
