Raúl Ramírez Baena (Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste)

Dejando a salvo los derechos del Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez y del Cap. Gustavo Huerta Martínez para dedicarse a las actividades legales que mejor les convengan, su regreso a la palestra política en Baja California no deja de causar reacciones, y no es para menos.

En el contexto del próximo proceso electoral federal, el primero es presentado como asesor en materia de seguridad pública del Partido Encuentro Social en Baja California y el segundo, como asesor de la candidata a diputada federal del PRD por el VIII Distrito Electoral en Tijuana, Laura Vitela.

Sorprende la decisión de los partidos antes referidos, en virtud de que es del dominio público que los dos ex jefes policíacos están denunciados penalmente por los delitos de tortura y otros, cuyos expedientes de averiguación previa están por consignar; que fueron denunciados ante el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, durante su visita oficial a Tijuana el año pasado; que sus actos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que existen seis Recomendaciones en su contra expedidas por la CNDH, la PDH de BC y la CEDH de Chihuahua y que ambos están inhabilitados por Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana por actos de tortura, sin olvidar la petición que hiciera Human Rights Watch a las autoridades mexicanas para investigar a Julián Leyzaola por la desaparición forzada de cuatro personas en Cd. Juárez, mientras éste fungía como titular de la policía en ese municipio.

Este abultado expediente sería razón suficiente para que en cualquier país democrático, los dos ex funcionarios estuvieran rindiendo cuentas a la justicia. Pero no, estamos en México, paraíso de la impunidad.

Es importante destacar que ambos personajes representan un modelo de Seguridad Pública desarrollado intensamente bajo la administración de Felipe Calderón y continuado durante la presente de Enrique Peña Nieto. Es un modelo basado en la fuerza, en el uso de la violencia para combatir la violencia, en privilegiar la intervención militar para la prevención e investigación de los delitos bajo el supuesto de mayor honorabilidad del personal castrense, cuando estas actividades son propias de la autoridad civil, teniendo su base legal en el artículo 21 constitucional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Esta visión coloca a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre seguridad pública o derechos humanos, entre “los buenos y los malos”, ahondando en el desconocimiento y la confusión popular sobre los verdaderos fines de la seguridad pública como derecho humano que es. 

Así, no puede presumirse una política exitosa de seguridad cuando existen violaciones graves a los derechos humanos, como falsamente nos hicieron creer Felipe Calderón, José Guadalupe Osuna Millán en Baja California y Jorge Ramos Hernández en Tijuana (hoy candidato a diputado federal por el IV Distrito Electoral en Tijuana), teniendo como jefes policíacos, precisamente, a Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.

Esta estrategia de seguridad tiene sus adeptos, principalmente entre el gremio empresarial que cuenta con agenda propia, y en un sector de la población que cree en la solución militar para enfrentar la creciente inseguridad y el crimen organizado, cuyas actividades ilegales están determinadas principalmente por el mercado internacional del tráfico de drogas, armas y personas; por la corrupción de autoridades y por la creciente pauperización de los trabajadores mexicanos y sus familiares.

En su lugar, el Estado Mexicano debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la seguridad pública, y desarrollar una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, es decir, incorporar los estándares internacionales en la materia para la reconstrucción del tejido social. 

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, el concepto tradicional de seguridad pública “está vinculado a una visión del Estado que se preocupa más por garantizar el orden por el orden mismo; en cambio, la Seguridad Ciudadana remite a sistemas en los que se promueven modelos policiales acordes con la participación de la población y la ciudadanía. Además, ésta no se limita solamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de todas las personas”.

Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues representa un riesgo latente considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación y responsabilidad del Estado de garantizar y procurar una condición de vida digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde tengan plena vigencia los derechos económicos, sociales y culturales, además de la seguridad pública.

Por eso, mejor habrá que mirar para adelante, no para atrás.