Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
Nadie cree en los políticos, porque una de las principales características que les distingue, es que son mentirosos. Exageradamente mentirosos. Tanto, que podría decirse que político que no miente, no es político.
El ejemplo más claro, lo es el gobernador panista, Francisco Vega de la Madrid. Es tan mentiroso, que ni la burla perdona, con su frase chocante de que : “la gente manda”.
Constitucionalmente hablando, todo funcionario público es un mandatario y todo ciudadano, efectivamente, un mandante.
Lo observa la Constitución General de la República, en el Título Segundo, Capítulo I, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno, Artículo 39 : “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene ne todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Es obvio que Kiko no conoce la Constitución. Que quizás no la ha leído nunca. Incluso, de poco o nada le sirve que uno de sus principales colaboradores, Mario Herrera Zárate, sea un estudioso del derecho constitucional.
Pero, seguramente preguntarán ¿a qué viene todo esto? Pues al hecho de que Kiko, aunque constantemente pregona que con él, “la gente manda”, lo cierto es que está plenamente demostrado que le vale gorro lo que los bajacalifornianos piensen o digan.
Su antecesor, también panista, José Guadalupe Osuna Millán, se confabuló con un grupo de particulares, para hacer un negociazo, “sembrando” una plancha de cemento, entre el palacio municipal de Tijuana y el centro de gobierno del estado y que denominaron “Plaza 11 de Julio”.
Al realizar ese proyecto, con fines meramente mercantiles, afectarán el llamado Parque “Benito Juárez”, lo que implicará talar los árboles que ahí existen y que representan uno de los pocos pulmones para la ciudad.
Osuna Millán, tratando de eludir críticas, respaldó en todo momento a los particulares, encabezados por la señora Carolina Aubanel Riedel, aportando recursos para ello. Aunque dichas personas carecen de permiso de construcción y toda vez que el proyecto abarca también terrenos propiedad del gobierno estatal, el entonces gobernador lo empezó a desarrollar, precisamente en el predio del Estado.
Concluída la gestión de Osuna Millán, se pensó que el proyecto del llamado Zócalo, se vería frustrado. Sobre todo porque el pregón del sucesor, Kiko Vega, es el de que en su administración “la gente manda”.
Sin embargo, los hechos demuestran que lo de que “la gente manda”, es puro cuento, pues el gobierno estatal continuó las obras de construcción del Zócalo, en el terreno de su propiedad, pese a las múltiples protestas y reclamo de numerosas personas para que se suspenda todo. En especial, para evitar la tala de órboles del Parque “Benito Juárez”.
En días pasados, elementos contratados por el gobierno estatal, tuvieron el descaro de meterse a los terrenos propiedad del gobierno municipal de Tijuana, para remover la estatua de Don Benito Juárez, precisamente colocada a un costado del parque que lleva su nombre.
Lo absurdo es que para ello simplemente solicitaron permiso al gobierno municipal, con la supuesta intención de colocar la estatua en mejor sitio. Lo cierto es que están preparando todo, para en fecha próxima seguir con las obras del Zócalo, en predios municipales, que no le corresponden y para lo cual se carece de licencia de construcción.
Afortunadamente, quienes se oponen a dicho absurdo proyecto, en particular el abogado José Angel Peña Flor, acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California y logró se ordenara al gobierno municipal de Tijuana, que al final de cuentas es el propietario del predio y al que le corresponde otorgar los permisos de construcción, se suspendieran.
La resolución, fue en los términs siguientes : “De conformidad con los artículos 56, 57 y 59 de la Ley del Tribunal de lo Cntencioso Administrativo del Estado de Baja California, es procedente y se concede la suspensión provisional; por tanto la autoridaddemandada deberá realizar los actos necesarios para que se paralicen de forma inmediata, las obras que se están llevando a cabo en el inmueble con clave catastral RG-023-001, que tengan por objeto su modificación a través de diversas obras de construcción, así como la tala de los árboles”.
En la misma se observa que : “Con el otorgamiento de la medida suspensiva no se sigue perjuicio a evidente interés social, si tomamos en cuenta que al impedir que se talen los árboles, se preserva un medio ambiente sano, lo cual, repercute indudablemente en beneficio de la sociedad, tampoco se contravienen disposiciones de órden público, pues no se cuenta con los documentos fehacientes donde se acredite que las obras realizadas en el inmueble con clave catastral RG-023-001, cumplen con la normatividad correspondiente, además, se preserva la materia del juicio”.
Más claro, ni el agua.
Dicho en otras palabras, los promotores y ejecutores de las obras de lo que se pretende sea el Zócalo, carecen de licencia de construcción y por lo tanto no pueden realizar obra alguna en ese sentido. Mucho menos talar árboles. Aquí sí, la gente manda.
