Palco de Prensa
Muchos saben, y algunos suponen, que la Ley del Chayote, es aquella que regula las relaciones entre gobernantes y periodistas. Aquella, mediante la cual el gobernante otorga a los comunicadores dádivas, prebendas, atenciones, moches, sobres con dinero, a cambio de las cuáles los periodistas distorsionan, alaban, disimulan o callan.
Invocando esa ley, fue que el Presidente José López Portillo advirtió que no pagaba, para que le pagaran. Una publicación de Sin Embargo.mx, del 12 de abril del 2013, reproduce la explicación del periodista Julio Scherer García, entonces director de la revista Proceso, al respecto.
“La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dió la orden a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso, como una represalia por la línea crítica del semanario dirigido por Julio Scherer García”, según un reportaje de la revista sobre el tema.
La instrucción lopezportillista, fue mucho más allá. sin embargo.mx recuerda que: “en su edición 291, la revista denunció también que la suspensión de publicidad gubernamental estuvo acompañada del impedimento ordenado por Galindo Ochoa para que reporteros de la revista y la agencia ejercieran su trabajo cubriendo las giras presidenciales, bajo el pretexto de las reducciones del presupuesto”.
Aquel grito desesperado de jolopo, fue acorde con la Ley del Chayote, que es de “aplicación” nacional. No solamente el gobierno federal reparte millonarias cantidades de dinero, periódicamente, disfrazadas como gasto de publicidad, a periodistas y medios. También los gobiernos estatales –Baja California, no es la excepción- y municipales, en la medida de sus posibilidades, la cumplen, al pie de la letra. Y les funciona.
Otra información de SinEmbargo.mx, de apenas el martes 6 de enero del 2015, en base a estudio dado a conocer por el periódico Reforma, indica que en los primeros 10 meses de 2014, la partida del gobierno de Enrique Peña Nieto, para realizar propaganda oficialista, aumentó a mil 908 millones de pesos, en comparación con el mismo período en 2013, cuando el gasto fue de 485 millones 600 mil pesos.
Si de algo sirve, vale la pena señalar, la cita que hace, en el sentido de que de tal monto, se programaron o destinaron, 144.2 millones de pesos para Televisa y 83.4 millones para TV Azteca.
Las cifras, indica, corresponden al reporte “Comprando complacencia”, elaborado por la asociación de análisis de la prensa WAN-IFRA y el Centro de Investiogación Fundar, advirtiendo que el gasto millonario está vinculado a la censura oficial directa.
En el mismo se menciona que, debido a un marco normativo que permite excesos y facilita la opacidad, los gobiernos federal y estatales, destinan cerca de 12 mil millones de pesos anuales, en gastos de publicidad.
La regla de oro del “no pago, para que me pegues”, también se aplica en gobiernos panistas, como el de Baja California. En la administración de Kiko Vega, existe un individuo fascineroso, de nombre Jorge Alberto Cornejo Manzo, Subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Institucional, que recorre medios tratando de imponer criterios oficialistas, en programas noticiosos, a cambio de contratos publicitarios.
Eso explica, en parte, la razón por las cuales muchos medios omiten publicar noticias que refieran fallas o errores de la administración de Kiko Vega, y en cambio se convierten en meros reproductores de boletínes oficiales.
Por cierto, vale la pena explicar eso de la Ley del Chayote. Cuentan que allá por los años 60s, un gobernador de Tlaxcala, invitó a un grupo de periodistas capitalinos, a fin de que comprobaran el sistema de riego con el que el gobierno estatal –supuestamente- había dotado a los agricultores, para mejorar sus cosechas.
Los “chicos de la prensa” viajaban en un autobús, recorriendo enormes extensiones de tierra árida, secas, desoladas. El jefe de prensa, del Gobernador, empezó a repartir sobres con dinero entre los periodistas, los cuales, al abrirlos, soprendidos empezaron a exclamar : ¡mira, qué verdes chayotes! La anécdota circuló y “el chayote” se convirtió en una costumbre.
Y seguramente habrá quienes pregunten : ¿Y qué, con todo esto?
Bueno, pues que esta semana, varios diputados locales, así como organizaciones de periodistas, presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Comunicación Social para el Estado de Baja California, con la que se pretende establecer las bases para la asignación, contratación y transparencia del gasto público en materia de comunicación social, que realicen las instituciones públicas a través de cualquier medio de comunicación.
Esta ley formal, vendría a dejar sin efecto, la llamada Ley Chayote, que es una simple costumbre, que data de más de 40 años, que ha permitido que los gobernantes corruptos hagan de las suyas, con todo descaro, y con la complicidad de periodistas y medios de difusión. ¿Se acabará el Chayote? Difícil.
Obviamente, el tema es escabroso y no le habrá de hacer mucha gracia al Gobernador Kiko Vega, tener que ajustar a la ley, su relación con los medios. Quizás estrene su derecho a veto.
