AL FILO DE LA NAVAJA
Por: Raúl Ramírez Baena*
“La versión de que los normalistas fueron asesinados no es una verdad histórica, es una versión oficial…” José Manuel Vivanco, Human Rights Watch
En la víspera de la evaluación al Estado Mexicano en el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, Enrique Peña Nieto se muestra desesperado al enviar al cansado Procurador Jesús Murillo Karam a decretar, así nomás, la conclusión de que los 42 estudiantes de Ayotzinapa están muertos y punto.
Para acallar las protestas por el carpetazo, dice el Procurador que el caso sigue abierto. Si, abierto, pero muertos los jóvenes, según él. Precisamente cuando arriban al país los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que auxiliarán en las investigaciones; cuando hacen falta resultados de los estudios que se realizan en Austria y las conclusiones de los peritos argentinos.
Peña Neto lanza al país sendos mensajes, primero, para “superar” el asunto de Iguala y, ahora, sobre la necesidad de no quedar “atrapados” en él, no sin antes asegurar que el gobierno de la República desplegó un “esfuerzo sin precedente” de búsqueda e investigación de los normalistas. “Tenemos que asumirnos en el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”, expresó.
Pero el decreto de facto va más allá: Según el gobierno, el ejército no tuvo naditita que ver en el asunto de Iguala. Para el gobierno de la República, las fuerzas armadas son instituciones puras e incólumes, a pesar de las múltiples violaciones graves a los derechos humanos documentadas, cometidas por las fuerzas armadas desde el 68 hasta la fecha. Esto, precisamente cuando las ONG de derechos humanos acudirán a Ginebra a principios de febrero a denunciar la falta de investigación a las autoridades militares en los sucesos que arrojaron el crimen y desaparición de los normalistas.
Es curioso, Murillo Karam basa la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, principalmente en las declaraciones de los detenidos, pero no da crédito a las declaraciones de las víctimas que salvaron la vida, acerca de la presencia del ejército en los hechos de Iguala.
El carpetazo de Peña Nieto pretende deslindar al Estado Mexicano de su responsabilidad en la desaparición forzada de los jóvenes. A los presuntos perpetradores de este crimen (autoridades locales, municipales y estatales del “opositor” PRD, y miembros de Guerreros Unidos), algunos presumiblemente torturados, se les consigna por delitos graves como secuestro, homicidio, delincuencia organizada y otros, pero no por la “desaparición forzada” de los normalistas, porque implicaría reconocer la acción, omisión o aquiescencia del Estado Mexicano en los hechos. Ello, a pesar de que México es Estado Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Lamentablemente, México no reconoce aún la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, para recibir comunicaciones (quejas o denuncias) de particulares y de ONG, para que se investigue y se recomiende al Estado Mexicano en caso de responsabilidad oficial.
De reconocer el gobierno de Peña Nieto la desaparición forzada de los normalistas el expediente no se podría cerrar, porque es un delito continuo que no prescribe sino a partir de que se conoce el paradero de las personas desaparecidas. Por su parte y haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, la CNDH ha abierto la investigación correspondiente por considerar el caso una “violación grave a los derechos humanos”.
Hay varios asuntos que exigen la urgente atención de Peña Nieto, y para ello requiere la desactivación del caso Ayotzinapa, que le hace mucho ruido al interior y al exterior del país: El inicio del período de sesiones en el Congreso donde los senadores y diputados tendrán que debatir y votar las iniciativas enviadas a finales del año pasado por el Ejecutivo Federal, sobre todo en materia de Seguridad y Justicia. Un revés sería fatal a estas alturas, sobre todo lo relativo al inútil y riesgoso Mando Único Policial y con ello la estocada al Pacto Federal, al plantear la posibilidad de desaparecer ayuntamientos.
Otro asunto que le quita el sueño al presidente son las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados federal. Como están las cosas, Peña Nieto no se puede dar el lujo de perder la mayoría priísta y de sus aliados en el Congreso, necesaria para aprobar las iniciativas que den fortaleza a su proyecto de Nación.
Hay otros focos rojos que Peña no ha podido apagar, como Tlatlaya, Michoacán, sus casas y la del Secretario de Hacienda, las denuncias presentadas por ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Freedom House, la caída del ingreso familia, los señalamientos de corrupción y la baja de su popularidad desplegados en la prensa nacional e internacional y en las redes sociales. No las trae todas consigo apenas en el primer tercio de su administración.
Una apuesta riesgosa de Peña Nieto consiste en orillar a la radicalización de los padres de los normalistas para aislarlos, vincularlos a la violencia generalizada y provocar el repudio de la población, así como el desprestigio del movimiento de solidaridad con Ayotzinapa ante la opinión pública, echando mano de los inefables medios electrónicos afines que muestran una y mil veces actos de violencia asociados a las legítimas protestas, descalificando de paso a los maestros de la Ceteg y la CNTE (Carlos Loret de Mola dixit).
La falta de sensibilidad y empatía del régimen peñista politizó el tema Ayotzinapa y no le permite entender que los familiares de las personas desaparecidas lo último que quieren saber es que están muertas, mientras no se conozca con certeza jurídica probada su paradero; certeza absoluta, no decreto oficial de muerte.
* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Enero de 2015
