Una cosa es que no pueda atribuírsele la responsabilidad directa al presidente 
de la República, y otra muy distinta decir que las desapariciones ocurridas en Iguala 
no son un crimen de Estado. La desaparición forzada es siempre un crimen de Estado.
Santiago Corcuera, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU

Mi reconocimiento y aprecio al Mtro. Daniel Solorio Ramírez

La concepción simple del Estado lo define como la unidad constituida por territorio, población y gobierno. En una democracia liberal y Republicana, como la nuestra, la representación del Estado se encuentra en los poderes constituidos mediante el sufragio efectivo. 

Para efectos del Derecho Público, del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional, son los Jefes de Estado los representantes y responsables de sus respectivos países ante su pueblo y el mundo. En México, el Jefe de Estado es el Presidente de la República.
La base jurídica de la responsabilidad del Estado en torno a la Desaparición Forzada
El Artículo 1º. Constitucional atribuye a “todas las autoridades” la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, y les impone el deber de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

En sus artículos relevantes en materia de desaparición forzada de personas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, dispone la protección a la vida, la prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad personales, al trato igual a todas las personas ante los tribunales, a la presunción de inocencia y a la debida diligencia; al reconocimiento de la personalidad jurídica (el derecho a tener derechos) y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar y domicilio, ni ataques a la honra y reputación. Así también, todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

De manera concreta, el Artículo 2º de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra de las Desapariciones Forzadas, ratificado por México, define a la Desaparición Forzada de personas como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el Estado Mexicano    
Una desaparición forzada puede durar años, meses, días e incluso, horas, aún y a pesar de que las personas aparezcan o se conozca su suerte o paradero.

Como lo establece la Convención Internacional antes citada, en la desaparición forzada de personas siempre hay responsabilidad del Estado de que se trate, sea por acción, omisión o aquiescencia (terceros actuando en nombre o representación de agentes del Estado).
En 2007 la Corte Penal Internacional encontró que el Estado de Serbia no fue responsable del genocidio de 1995 en Srebreinca, pero que falló en tomar todas las medidas dentro de sus capacidades para prevenir dicho genocidio, y fue condenado por ello.

Con respecto a la desaparición de los normalistas hubo graves omisiones e irregularidades en la prevención y las hay también en la investigación. Recordemos que hubo denuncias y advertencias previas al Procurador General de la República y al Secretario de Gobernación sobre los crímenes del entonces alcalde de Iguala. Sabían y no actuaron a tiempo.

La desaparición de los normalistas, seguida de la negativa u omisión de la autoridad a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de su suerte o paradero, sustrayéndolos a la protección de la ley, crea un riesgo serio y constante para su vida, de lo que el Estado es responsable como garante que es de todos los derechos humanos (Artículo 1º Constitucional). El Estado no supo o no pudo prevenir que eso no sucediera.

Por si fuera poco, la angustia y el sufrimiento causado a las víctimas de desaparición con su detención indefinida y la ausencia total de contacto con su familia y el mundo exterior, constituyen tortura. Y la falta de certeza acerca de lo que ha ocurrido a las personas desaparecidas es una fuente de sufrimiento constante y profundo para los miembros de su familia, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante para ellos.

Conclusión
Mal hace el presidente Peña Nieto, su partido y sus aliados, en querer simplificar la crisis estructural del Estado Mexicano culpando a los municipios con autoridades corruptas, al ex alcalde de Iguala, al ex gobernador de Guerrero, al PRD, a López Obrador, a Lázaro Mazón y a “Guerreros Unidos”; hacernos creer que los desaparecidos, los torturados, las fosas, la pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad de años son culpa de ellos. 

En respuesta a la movilización nacional e internacional, al #FueraPeña y al #YaMeCanse, el régimen intenta contrarrestar con discursos y reformas que en esencia no cambian nada y, lo más preocupante, bajo la sospechosa provocación de infiltrados, reprime la protesta social como si ésta fuera la generadora de la violencia. “Fuerzas oscuras intentan desestabilizar el proyecto de nación”, aseveran Peña y Beltrones, y ordenan al PRI, al PAN y al PVEM legislar para impedir las manifestaciones en la vía pública, como un mensaje de endurecimiento y cerrazón con rasgos autoritarios, en lugar de rectificar el camino.

No hay salida para el gobierno de Peña Nieto: Como titular que es del Estado Mexicano, es quien responde en su nombre por las violaciones graves a los derechos humanos. A la vista de los organismos internacionales no hay municipios, partidos ni políticos responsables, sino un Estado Mexicano responsable. 

A pesar de vanos intentos de evasión, tarde o temprano Peña Nieto tendrá que entregar cuentas por los crímenes de Estado, como la desaparición de los 43 normalistas.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Mexicali, B.C., Diciembre de 2014