Columnista de la SillaRota: ALEJANDRO JIMÉNEZ PADILLA  

El martes 18 de noviembre -a propósito de la marcha que se venía para el jueves 20- asistí con un compañero del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) a dar una plática sobre seguridad y autoprotección durante una manifestación, detenciones arbitrarias, uso legítimo de la fuerza y derechos del detenido.

El jueves asistí a la marcha con mis compañeros y compañeras del IMDHD, todo transcurrió con gran tranquilidad, las personas violentas eran separadas de los contingentes al grito de “¡no violencia!”. Al llegar al Zócalo, por 5 de mayo, y no encontrar a mis compañeros, decidí retirarme por la calle de Madero.
Al llegar a mi casa, recibí la terrible noticia de que uno de mis compañeros había sido golpeado con macanas y escudos por parte de los granaderos, al momento de regresar por su hija y esposa que cayeron en la estampida, provocada por la reacción de los uniformados.

Al día siguiente tuvimos una reunión de equipo en donde nuestro compañero nos contó cómo fue tratado por los policías y qué acciones legales emprendería para intentar que la brutalidad con la que actuó la fuerza pública no quedara impune. Al mediodía del viernes recibimos una llamada de una de las estudiantes de la universidad a la cual habíamos ido, pedía ayuda de algún abogado ya que uno de sus amigos se encontraba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Me dirigí hacia allá, aproximadamente a las dos de la tarde, para encontrarme con los familiares de uno de los detenidos. Me enteré que habían pasado una de las peores noches afuera de este edificio. Comencé por preguntar información básica, dar unas palabras de apoyo, pedir prudencia y no sacar conclusiones hasta tener más información.

En la recepción de la SEIDO, solicito pasar a hablar con el Ministerio Público (MP) o con el defensor público adscritos a esa “fiscalía especializada” para tener mayor información sobre el asunto. La recepcionista se limitó a decirme que estaban ahí por terrorismo, delincuencia organizada, motín y tentativa de homicidio, que sólo los familiares podrían pasar a verles, pero una vez que los funcionarios regresaran de su comida, a las seis de la tarde.

Durante mi plática con la recepcionista de la SEIDO, alcancé a ver a una persona gritándole a un grupo de jóvenes que él no los podía atender, que sólo hablaba con familiares; me acerqué a ellos para preguntar si también tenían un amigo o amiga detenido durante el desalojo policiaco, “sí” -me respondieron- “pero somos chilenos, nuestro amigo no tiene a ningún familiar en el país y estamos muy preocupados”.

Con esta información me reuní entonces con los familiares de Atzin Andrade (estudiante de la escuela Esmeralda, del INBA) y los amigos y amigas de Laurence Maxwell (estudiante de doctorado en la UNAM y trompetista del grupo “Los Zopes”).

Mi preocupación inicial se centró en autorizarme como defensor particular de estas dos personas, por lo que preparé a los familiares y amigos que pasarían a las seis de la tarde a ver a los detenidos y detenidas. Les pedí que confiaran en mí, que les hicieran firmar un escrito de revocación del defensor público y me nombraran a mí como su defensor en la averiguación previa que se estaba integrando.

Después de muchos problemas lograron entrar a ver por cinco minutos a las personas detenidas. Pasadas las ocho de la noche salieron con el escrito firmado. Intenté presentarlo pero en la Oficialía de partes de la SEIDO me dijeron que ahí cierraban a las ocho en punto. Después intenté presentarlo en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), en Reforma 211. Ahí sólo me respondieron “no, no estamos de turno”.

A esa hora la desesperación crecía: la prensa interesada, cada vez más familiares de detenidos, más funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afuera de la SEIDO, y un concierto de músicos de Bellas Artes que exigían la liberación inmediata de su compañero.

Logré entrar a las oficinas de la SEIDO, me comunicaron con el Ministerio Público que estaba integrando la Averiguación Previa (AP), le comenté que tenía el escrito de autorización y le pedí ver a los detenidos. La respuesta fue evasiva: “ya tienen defensor, los únicos que pueden entrar son los familiares y lo hicieron hace unas horas”.

El sábado 22 continué con el mismo objetivo: autorización en la AP, ver a las personas detenidas y tener información clara sobre su estado de salud, pues los familiares que lograron verlos el día anterior mencionaron que estaban muy golpeados. La oficialía de la SEIDO nunca abrió el sábado y tampoco nos recibieron ningún escrito en el edificio principal de la PGR.

Sin información alguna transcurrió ese día. Las compañeras de la organización Servicios y asesoría para la paz (SERAPAZ) hicieron una labor titánica, recabar un directorio de familiares y personas detenidas así como un resumen de las circunstancias en las que sabían fueron detenidos. En ese entonces se presentan dos abogados de la Oficina de defensoría de los derechos de la Infancia (ODI) y me preguntan de qué manera podían ayudar, llegaba también el hermano de uno de los detenidos que apenas se había enterado de los hechos.

En los intentos de que esta persona pudiera pasar a ver a su hermano, escuchamos el rumor de que habían sido trasladados a penales de máxima seguridad, las mujeres a Nayarit, los hombres a Veracruz. Sabíamos que todo se había complicado, que alguien tenía que trasladarse a Xalapa cuanto antes.

En la mañana del domingo me trasladé con los abogados de la ODI al penal de Villa Aldama, Veracruz. Llegamos justo a tiempo. La diligencia de declaraciones preparatorias apenas comenzaba, y logramos ver a los 8 detenidos frente a frente.
 
Solicitamos se interrumpiera la diligencia y que fuéramos nombrados como abogados de los que así lo quisieran. Seis de las once personas aceptaron de inmediato, otra optó por el defensor de oficio, y una más por los abogados de la Unión para la Defensa de la Vivienda A.C.

En esa misma diligencia escuchamos los testimonios de los policías (un montaje de una detención en flagrancia) por la que los pretendían vincular a una organización delictiva, con elementos tan austeros como el llamarse “compas” entre sí, y un sinfín de irregularidades que ponían de manifiesto una acusación forzada y mal estructurada (fáctica y argumentativamente).

Los días posteriores comenzaron a llegar más abogados y abogadas, apoyo de distintos lados, videos, testigos, llamadas de apoyo, llamadas de prensa nacional e internacional (principalmente chilena y latinoamericana), durante las cuales, y con vergüenza de nuestro aparato de procuración de justicia, les comentaba los pormenores de la falsa acusación.

La estrategia jurídica, que se complementó con la llegada de más abogados y abogadas a lo largo de la semana, continuó hasta el sábado 29 de noviembre, día en que el Juez reconoció la inocencia de todos y la falta de pruebas de la PGR.
A tan sólo unos pocos días de distancia, finalizo con estas líneas, a manera de conclusiones:

1.- Cuando la oposición no se ejerce en las instituciones, se muda a la calle.
2.- No hay encapuchado más violento que la SEIDO (toda la SEIDO).
3.- Ante una carencia de capacidad institucional para esclarecer los hechos, la ciudadanía tiene dos opciones: llamar a los forenses argentinos o expropiar esta función constitucional del MP, y realizar una investigación contundente y objetiva.
4.- La defensoría pública federal tiene dos caras, una como empleado del MP en la SEIDO, sin mayor convicción o interés por los derechos de su defendido; y otra, Onésimo Fernández, defensor público adscrito al Juzgado 17 de distrito de Xalapa, Veracruz, quien con talento y vocación realizó una defensa coordinada con las ONGs que participamos en la defensa.
5.- Circular o capricho del superior jerárquico, mata Constitución: “el Zócalo se llama Plaza de la Constitución, porque todo mundo pasa por encima de ella”, Calzontzin.

@alejandrojimp