La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace más de dos meses en Iguala, Guerrero, fue la gota que derramó el vaso para los mexicanos, no sólo por la tragedia que el caso por si solo representa, sino también porque estamos cansados de un aparato de justicia que amedrenta ciudadanos, que violenta sus derechos humanos y que viola a todas luces el Estado de Derecho.

El caso de los estudiantes revela la situación generalizada que sufre actualmente nuestro país. Los últimos acontecimientos destapan la corrupción que impregna todos los niveles de gobierno y la cadena de complicidades que engranan al sistema. El llamado de organizaciones y expertos en derechos humanos es claro, mucho de esto se hubiera evitado si se hubiera implementado y armonizado la reforma constitucional que amarra las manos al gobierno.

La prensa mexicana y organizaciones civiles han documentado y denunciado amplia y detalladamente la facilidad y brutalidad con que se violan los derechos de las personas, por parte de quienes deberían de estar para protegerlos. Detenciones arbitrarias, casos no documentados, presuntos culpables, casos documentados de tortura y el más reciente caso, el de Sandino Bucio Dovalí, un estudiante de la UNAM que fue arrestado por policías ministeriales vestidos de civil en Copilco, la tarde del viernes.

La historia la conocimos primero desde las redes sociales. Los policías secuestraron al estudiante sin una orden de aprehensión de por medio, amenazándolo, golpeándolo. Quienes fueron testigos del hecho grabaron con sus celulares y subieron los videos a la red. En pocas horas el suceso se convirtió en trending topic en Twitter, mientras tanto Sandino era trasladado a la SEIDO a declarar, siendo liberado horas después por falta de pruebas.

De no haber sido por los testigos que denunciaron el hecho a través de las redes sociales,  muy probablemente Sandino Bucio se hubiera sumado a la cifra de desaparecidos en México que actualmente suman alrededor de 22 mil, según la organización Human Rights Watch. 

A ello se suman las 11 detenciones de estudiantes ante la marcha del 20 de noviembre, con modus operandi similar, violaciones al debido proceso y liberados por falta de pruebas.

Independientemente de su participación o no en algún delito, mismos que de haberse cometido deben procesarse, sus casos reflejan la forma en cómo se aplica la justicia en nuestro país. Lo que vimos en videos son agresiones por parte de los elementos policiacos, violación al debido proceso y lo que se sume. Aquí la forma sí es fondo.

Basta de omisiones
Como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal me preocupa y me ocupa lo que veo. Por ello, presentaré un paquete de iniciativas para armonizar dicha reforma en el DF para seguir impulsándola, recordemos que en septiembre del 2012 presenté la primera armonización, cuya discusión y aprobación ha sido omisa, ya que la Ley de reparación de daños se encuentra en la congeladora desde hace dos años.

A la fecha sólo 14 entidades federativas han armonizado su marco legal, a pesar de concentrar el mayor número de marchas en el país, la Ciudad de México no ha cumplido con esta urgente armonización.

El paquete consiste en cuatro iniciativas: Ley de Víctimas del Distrito Federal con Fondo para las Indemnizaciones. Estaremos buscando que con la Ley de reparación de daño que ya presentamos hace más de dos años, se puedan generar dos iniciativas de Ley de las cuales deriven un solo dictamen para que podamos tener esa armonización lista.

Rezagada, implementación de Reforma Constitucional de DH
En junio de 2011, se publicaron una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos.

Con dichas reformas se incorporaron al texto constitucional principios fundamentales como: cuando existan diferencias de interpretación de una norma legal, se deberá elegir la que más proteja al titular de un derecho humano. 

Estas importantes reformas quedaron plasmadas entre otros artículos, en el Artículo 1º, donde se estipulan las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México.

No es posible que a casi cuatro años de haber sido reformada la Constitución en esta materia, aun no se expidan las Leyes reglamentarias que establece el decreto de reforma constitucional. En México sólo 14 entidades federativas han armonizado sus leyes locales, y de esas, seis sólo copiaron y pegaron lo que dice la Constitución.

Justo ahora, a más de dos meses de los acontecimientos en Iguala, podemos dimensionar las consecuencias de esta omisión. La crisis que vivimos en detrimento de los derechos humanos es resultado de falta de armonización de estas leyes.

El pasado 4 de noviembre el Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que retome el tema y que le cumpla a los mexicanos en este tema que pide a gritos ser atendido.

En la congeladora, Ley de reparación de daños del DF
El pasado viernes, unas horas antes de que se conociera la privación de la libertad del estudiante de la UNAM por parte de los elementos policiacos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Perla Gómez Gallardo hacía públicas una serie de recomendaciones a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.

Las recomendaciones que emitió la CDHDF son por 47 casos de tortura y por 95 víctimas de violación del debido proceso.

El organismo local detalla que los hechos recopilados constituyen violaciones al derecho a la integridad personal, en particular el derecho a no ser sometido a actos de tortura, al derecho a la libertad personal, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación, derecho al debido proceso, el derecho de presunción de inocencia y el derecho de asistencia consular, así como violaciones al derecho de acceso a la justicia, derecho a que se investigue eficaz y oportunamente, así como a la reparación del daño a las víctimas.

Y justo aquí la CDHDF ha puesto el dedo en la llaga. A pesar de ser la ciudad más importante del país, la Ciudad de México no ha armonizado la legislación federal con la legislación local. Por tanto, tampoco cuenta con una ley para reparar daños a las víctimas de manera integral.
Desde el mes de octubre del 2012 vengo impulsando una iniciativa de Ley de reparación de daños con visión integral y transversal.

Como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la ALDF, hemos hecho nuestro trabajo, tenemos preparado un dictamen estableciendo primeramente los conceptos y las diversas formas de reparar el daño a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, de acuerdo con los estándares internacionales, para contribuir con el proceso de armonización de leyes.

El proyecto de decreto que tiene dos años en la congeladora de la ALDF establece  que independientemente del proceso penal o administrativo que se le finque al servidor público titular de alguna dependencia que haya cometido violaciones a los derechos humanos, el Estado reparará el daño bajo mandato jurisdiccional o la determinación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El trabajo legislativo se ha hecho, la comisión a la que pertenezco ha cumplido, sin embargo considero que, por el contexto que hoy atraviesa la Ciudad de México, el tema debe ser considerado como urgente por todos los actores políticos involucrados.

De no tomar cartas en el asunto, todos seremos cómplices.

@LBallesterosM