Columnista de la SillaRota: OMAR RÁBAGO VITAL
Ya son más dos meses desde que 43 normalistas fueran desaparecidos. A raíz de estos hechos se han organizado varias manifestaciones y muy variadas muestras de solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional, que han exigido la aparición con vida de estos jóvenes. Este caso ha mostrado y puesto en relieve los niveles de corrupción y los posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado, así como la falta de preparación de las autoridades para hacer frente a las desapariciones forzadas. Muchas voces y reclamos se han alzado, lo que muestra que la sociedad está dolida por la violencia, la corrupción y la impunidad.
Vale la pena recordar que recientemente se cumplieron 5 años de la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Rosendo era líder social y presidente municipal de Atoyac de Álvarez, también en Guerrero, y se le vio con vida por última vez en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Se le asociaba a Lucio Cabañas.
Este caso emblemático de la “Guerra Sucia” en México fue llevado a instancias internacionales por no encontrar justicia en las cortes nacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia el 23 de noviembre de 2009, en la que condenó por unanimidad de votos al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Su caso fue de desaparición forzada.
La “Guerra sucia” es una época obscura en la historia de México que abarcó de finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980 en la que “…las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición. Los graves abusos cometidos incluyeron masacres de estudiantes en 1968 y 1971, la tortura, ejecución y desaparición forzada de cientos de disidentes y presuntos simpatizantes”. Muchos casos sin resolver, mucho dolor y rabia acumulada desde hace varios años.
Aunado a las violaciones graves a derechos humanos, se le suma la falta de respuesta en materia de justicia. Las víctimas de violaciones graves de derechos humanos son casi siempre invisibles. Son pocas las historias que conocemos y muchas se nos escapan tras la frialdad de las estadísticas que de alguna manera las deshumanizan. Además del dolor, por si fuera poco, también les toca enfrentarse al sistema de justicia en México. Si alguien ha sido víctima de algún delito, sabe que ir a denunciar y alcanzar justicia sigue siendo una utopía.
En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se habla de la grave dimensión del problema. Las grandes fallas en la falta de acceso a la justicia en México. En el fuero común del 2000 al 2012 se presentaron 19,978,893 denuncias y sólo se dictaron 1,440,085 sentencias condenatorias, sólo el 7.2 por ciento. De cada 100 ciudadanos que presentan una denuncia, sólo en 7 ocasiones se llega a una sentencia condenatoria. Esto habla de las investigaciones ineficientes e ineficaces que llevan a cabo las autoridades a nivel local. El panorama tampoco mejora mucho a nivel federal. La Procuraduría General de la República tiene cifras de 1999 a 2012 de las 2,101,660 denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal, solamente 301,141 resultaron en sentencia condenatoria, sólo el 14.33 por ciento.
El acceso a la justicia y el combate a la impunidad son tareas pendientes para el Estado mexicano, dentro de sus obligaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: “…contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa –de no impedir el acceso a esos recursos– sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos”.
En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sumó voces contra la violencia y buscó señalar los agravios que se generaron en la sociedad mexicana durante la lucha frontal que se llevo a cabo contra el crimen organizado. El movimiento pidió al gobierno mexicano que accediera a hablar abiertamente sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada que dejó muchas muertes e impunidad. Lo que logró fue poner en el centro del debate a las víctimas. Se trabajó en la redacción y la aprobación de la Ley General de Víctimas para subsanar la falta de justicia y atención a víctimas en México. Esta ley, aunque fue promulgada a principios de 2013 no tiene un reglamento, lo que complica su implementación y su falta de aplicación. Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la próxima publicación de estas normas.
Es necesaria una reglamentación que pueda cumplir con el objetivo de la ley de: “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos…”.
Ante un clima de inseguridad como el que vive el país, no sólo por la desaparición forzada de los jóvenes, sino también por el alto índice de impunidad, la violencia generalizada y la presencia del crimen organizado es ahora más que nunca necesario el respeto y garantía de los derechos humanos.
Se debe reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia.
Se necesita una justicia adaptada a una sociedad y el contexto que vive México. Es necesario buscar la reparación de los daños, buscar la verdad que busque castigar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos y sancionar a sus responsables, reformar las instituciones para que cumplan sus objetivos y las demandas de la sociedad. Satisfacer las expectativas de justicia, verdad y reparación de las víctimas para la rendición de cuentas y así, comenzar un verdadero proceso de paz y reconciliación en México.
@omar_rabago
