Palco de Prensa
Un intenso sismo –figurativamente, por supuesto- cimbró las clases políticas y sociales de Baja California, y en especial de Mexicali, generado por la noticia sobre la suspensión de un magistrado, un juez y 5 secretarios de acuerdos, del Poder Judicial Federal, por presuntos actos de corrupción.
Estuvo tan fuerte el impacto, que alcanzó a un Magistrado del Poder Judicial del Estado, el Lic. Carlos Cataño González, integrante de la Quinta Sala Penal, por sus actuaciones como Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mexicali.
Esto, en relación a los amparos concedidos de manera irregular, para la importación de autos usados. De ahí que el asunto puede ser conocido como el de los “amparos chocolates”.
La noticia surgió en la capital del país. Hubo quienes la conocieron, a través del Canal Judicial. Otros, a través de las ediciones digitales de los diversos periódicos capitalinos como Excelsior y El Universal.
La noticia indicaba que, por existir sospechas de actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió de sus funciones a 7 funcionarios, entre ellos, un magistrado, un juez y 5 secretarios de acuerdos.
La orden de suspensión –en tanto se resuelve en definitiva el procedimiento administrativo- fue en contra de Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, de la Quinta Región, con residencia en La paz, Baja California Sur, por probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos, en beneficio de empresas que se dedican a la importación de autos usados.
Así mismo, por razones similares, fue suspendido José Neals André Nalda, actual Juez Décimo de Distrito, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
La orden de suspensión alcanzó a Patricia Avalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, Armando Ochoa Loza, Martín Leopoldo Salcido García y Carlos Cataño González, quienes, de una u otra forma, participaron en la tramitación y resoluciones irregulares de dichos amparos.
Mención especial debe hacerse de Cataño González, pues el 7 de diciembre de 2012, fue electo Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, junto con las Magistradas Sonia Mireya Beltrán Almada y Miriam Niebla Arámburo, quienes integran la Quinta Sala Penal.
Conocedores de estos asuntos, afirman que Cataño González se retiró del Poder Judicial Federal, cuando estalló el asunto de los “amparos chocolates”, y teniendo como “padrino” a Joel Ayala, líder nacional de la FSTSE –aquel que regaló autos a los legisladores locales, recién asumieron el cargo- logró integrarse como Magistrado al Poder Judicial del Estado. Cargo que ocupa actualmente, pero que tendría que abandonar si es inhabilitado por la federación. O algo peor, si se ejerce acción penal en su contra.
A mediados de junio del presente año, trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal, había iniciado un proceso de investigación administrativa, después de analizar quejas recibidas en contra de al menos 5 jueces federales, quienes otorgaron amparos a favor de empresas dedicadas a la importación y comercialización de autos usados, conocidos comúnmente como “chocolates”.
Entonces se dijo, que se guardaría en reserva los nombres de los funcionarios judiciales, bajo investigación, para evitar que alteraran los expedientes y destruyeran las pruebas. Cinco meses después, se decide suspender a varios de ellos.
Al inicio de la investigación, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la destitución, por tiempo indefinido y sin goce de sueldo, del juez federal Daniel José González Vargas, así como el Secretario de Acuerdos, Ricardo Arreola Villanueva, quienes fueron adscritos, de Baja California a Veracruz, pues se detectaron posibles irregularidades en el otorgamiento de suspensiones de amparo a empresas dedicadas a la importación de autos usados.
El gobierno federal emitió decreto que restringía la importación de autos usados, principalmente por cuanto a la antigüedad de los mismos, por lo que se hizo prácticamente imposible su legal internación a territorio mexicano. Hasta que alguien, presuntamente muy influyente, logró el primer amparo favorable. A partir de entonces, Mexicali se convirtió en la “aduana favorita” para la importación de autos usados.
El problema es que exageraron en las importaciones, de tal manera que no pudieron pasar desapercibidos, ni para los comerciantes de autos del resto del país, ni para las diversas instancias federales, relacionadas con la comercialización de vehículos de importación.
En junio pasado, Eduardo Solís, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dijo que dos jueces federales han otorgado 80% de los amparos para la importación de autos chatarra, cuyo número ascendió a 644 mil en el 2013.
Los beneficiados por dichos amparos irregulares, son cinco empresas. De los 22 millones de vehículos que circulan en el país, 7.5 millones son de importación, usados.
El tema de los “amparos chocolates”, no es nuevo. Con frecuencia se relaciona al mismo a personajes de la política, que presumen las enormes cantidades de dinero que han logrado hacer con este negociazo. Pero al parecer, ya se les acabó la “suerte”.
En esta ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal reveló, no solamente los nombres de los funcionarios judiciales, presuntamente involucrados, sino también los números de los expedientes en los que se detectaron irregularidades, así como los tribunales federales.
Falta, que trasciendan los nombres de las empresas o particulares beneficiados con dicho negocio y que además se determine la presunta responsabilidad y sanciones a los que se han hecho acreedores. Tal parece que, a los pillos, les darán “una sopa de su propio chocolate”.
