Palco de Prensa
El pasado martes, luego de un intenso golpeteo mediático, la diputada local Rosalba López Regalado, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura Local, presentó denuncia penal en contra del procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, por la presunta comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, así como faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La flamante legisladora ha decidido descargar toda su furia contra el titular de la PDH. Todo indica que trae el encargo del gobernador Kiko Vega, para dejar vacante dicha plaza, a fin de acomodar a alguno de sus compas. Así como a los compas de los compas.
La panista, que por cierto acudió acompañada de los también diputados panistas Mario Osuna Jiménez y Cuauhtémoc Cardona Benavides, aparentemente, o al menos mediáticamente, no soporta actos de corrupción, excesos o deficiencias de los funcionarios públicos. Un tanto en broma, o en serio, según cada quien, dicen que los tres, se cubrieron la cara con un pañuelo blanquiazul, porque dizque no soportaban los fétidos olores que despide el asunto.
El columnista ya ha dicho, que ha tratado de evitar involucrarse en este asunto, por el rasgo de parentesco con el titular de la PDH. Que no es su intención hacerla de abogado del aludido, pero es imposible dejar de observar, que los acusadores actúan deshonestamente, pues olvidan aquello de que “quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra”, o bien, lo de que “para tener lengua larga, se debe tener cola corta”.
En el caso que nos ocupa, ni una cosa, ni la otra. Y no precisamente en lo particular, los tres personajes, sino muchos, bastantes podría decirse, de sus compañeros de partido. Son tantos, que no alcanzan los dedos de las manos, para contar a todos los panistas que han incurrido en actos presuntamente delictivos, que son merecedores de una denuncia penal en su contra, o las que ya les han sido presentadas, “duermen el sueño de los justos”.
Casos hay muchos, pero a Doña Rosalba, Mario y Cuauhtémoc, les pasa aquello de que “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”. Con su actitud, se confirma lo de que “no hay peor ciego, que el que no quiere ver”. Seguramente ya no recuerdan la pregonera frase de la campaña mediática del ex gobernador Osuna Millán, de ¡Abre los ojos!
Por cierto, a propósito de Lupillo, si Doña Rosalba, Mario y Temo, realmente no toleran los actos indebidos de los políticos, deberían demostrarlo agarrando parejo. Haciendo efectivo lo de “o todos coludos, o todos rabones”.
De la actual administración, del gobernador Kiko Vega, ahí tienen las irregulares licitaciones que se llevaron a cabo para otorgar en forma indebida y harto sospechosa, las concesiones para la elaboración de licencias de conducir y placas de circulación de vehículos, en las que aparece como principal sospechoso Antonio Valladolid, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Y un poquito antes, el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Deben saber, y si no lo saben, que pregunten al Orfis, el Lupillo, en su carácter de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejó cuentas mochas.
Andan “bailando” poco más de 21 millones de pesos, respecto de los cuales no existen constancias que indiquen en qué se aplicaron o a los bolsillos de quién fueron a parar. Lo peor, según ha trascendido, que disponiendo de recursos para atender los daños generados por el sismo del 4 de abril del 2010, dejaron guardados en bancos casi 150 millones de pesos, que inexplicablemente no han aplicado en beneficio de los afectados por el fenómeno sismológico.
Este asunto, es poca cosa frente al tema de las supuestas o presuntas irregularidades de la PDH. Los legisladores panistas se llevarían una carretada de aplausos, si se atrevieran a presentar una denuncia penal en contra del ex gobernador panista, Osuna Millán. Pero no lo hacen, simple y sencillamente, porque son deshonestos.
Pero no es el único caso de funcionarios panistas que han sido agarrados “con las manos en la masa”. Apenas en el 2013, la Legislatura estatal reveló que detectó daños patrimoniales, al revisar las cuentas públicas 2010, de los ex alcaldes panistas Jorge Ramos Hernández, de Tijuana; Rodolfo Valdez Gutiérrez, de Mexicali; y Donaldo Peñaloza, de Tecate. Aún están a tiempo para denunciarlos penalmente. Pero, claro, les falta honestidad y coraje, para ello. Además, dicen que “perro, no come perro”, por aquello de que son del mismo partido.
El caso del ex alcalde tecatense, es verdaderamente bochornoso. El 23 de agosto del 2012 fue denunciado penalmente por el entonces síndico procurador, por la presunta comisión de delitos tales como abuso de autoridad, coalición de funcionarios públicos, peculado, negociaciones ilícitas y lo que resulte.
Resulta que las autoridades de Gilroy, California, donaron 2 vehículos para Bomberos y otros 8 para el Ayuntamiento de Tecate, siendo alcalde Donaldo Peñaloza Ávila. Cinco de las unidades recibidas en donación, fueron facturadas, como si hubiesen sido compradas a una empresa particular.
El gobernador Osuna Millán, en lugar de dar instrucciones de que se procediera en contra de Peñaloza, lo cubrió con su manto protector. Lo designó sub secretario de Desarrollo Social. Doña Rosalba lo debe saber, pero seguramente le da harta pena recordarlo.
Además de esto, las denuncias penales en contra de ex alcaldes de toda la entidad, tanto panistas como priístas, por no cubrir las cuotas al Issstecali y destinarlas a fines distintos, razón principal de la quiebra financiera de la institución, fueron a dar al “archivo muerto” de la Procuraduría de Justicia.
Ah, que Doña Rosalba, lo suyo, contra el titular de la PDH es simple encargo o consigna. Ni modo que lo niegue. Si sigue gritando, se puede morder la lengua.
