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La justicia pronta

TIJUANA, BC - martes 4 de noviembre de 2014 - Gilberto LAVENANT.
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Palco de Prensa

Luego de una seria turbulencia, generada por intereses políticos que promovían el proyecto del abordaje del Poder Judicial del Estado, este lunes 3 de noviembre del 2014, hubo relevo en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ojalá se haga efectivo aquello de que: después de la tormenta, viene la calma.

El magistrado Marco Antonio López Magaña, fue electo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, con 13 votos a favor, contra 4 que recibió el magistrado José Luis Cebreros Samaniego.

Releva a la magistrada María Esther Rentería Ibarra, quien ostentó la Presidencia y representación del Poder Judicial del Estado, durante el período comprendido del 2007 al 2014.

Durante los últimos dos meses de su gestión, la magistrada Rentería enfrentó la intentona del abordaje, fraguada por hankistas, kikistas y supuestos castrotrentistas, en torno a una mesa de casino. Cómo repartirse los cargos del Poder Judicial.

Y en realidad, estuvieron a punto de lograr sus propósitos. El “barco” del Poder Judicial, estuvo a punto de naufragar. Por poco y hace agua.

Los dos consejeros hankistas, Carlos Jiménez Ruíz y Andrés Garza Chávez, cuya gestión concluye el próximo 30 de noviembre, estaban aferrados a continuar en el cargo, a como diera lugar.

Lo más grave fue, que pese a que la reforma constitucional que se pretendía realizar para lograr tan perversos propósitos, supuestamente lograron que 10 de los 17 magistrados del Tribunal Superior de Justicia suscribieran un escrito, manifestando su aval.

Estuvieron a punto de concretar el abordaje político, de no ser porque los diputados Juan Manuel Molina y Roberto Dávalos, presidentes de las Comisiones de Justicia, y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respectivamente, entendieron la gravedad de la intentona y la frenaron contundentemente.

Se logró superar la turbulencia. La propuesta de reforma constitucional fue rechazada y con ello abortó el abordaje político del Poder Judicial.
 
Sin embargo, esto generó distanciamientos, fricciones y malos entendidos entre los propios magistrados.
 
Lo dijo el magistrado Marco Antonio López Magaña, al asumir la Presidencia, que uno de sus principales propósitos es superar la división que se generó, tanto al interior, como al exterior del Poder Judicial. La tarea a realizar, no es nada sencilla.

En principio, urge erradicar las influencias políticas y frenar a los políticos perversos que tratan de repartirse las posiciones y cargos del Poder Judicial, como si fuese un botín.

Exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que pinten su rayita. Que cada quien, con su cada cual. El Ejecutivo, a la administración pública y la prestación de servicios. El Legislativo, a crear, reformar o derogar leyes.

Para blindar al Poder Judicial, los magistrados deben superar sus diferencias y unirse, en torno al principal propósito y objetivo: el brindar a los bajacalifornianos una verdadera justicia, pronta y expedita.

Se ha logrado un gran avance, en cuanto a infraestructura. Las instalaciones de los Tribunales del Fuero Común, son más funcionales. Al menos, mucho mejor, de lo que fueron durante tantos años.     

Antes, pequeños cuartuchos, vetustas máquinas de escribir, mecánicas, casi inservibles. El uso de papel carbón o calcantes, para obtener copias de las actuaciones. Cintas sumamente desgastadas. Las constancias de autos, prácticamente ilegibles.

Ahora, instalaciones modernas y más espaciosas, aunque no lo suficiente. Computadoras, en lugar de las máquinas de escribir mecánicas.

Lo único que no ha cambiado es el exceso de trabajo. Se constata, con los cerros de expedientes sobre los escritorios y los archiveros atestados.

En esas condiciones, por más adelantos tecnológicos que se apliquen en el funcionamiento u operación de los tribunales, no se puede hablar de justicia pronta y expedita. Intentarlo, o exigirlo, es injusto para los involucrados en los expedientes, pues suele incurrirse en errores, y también injusto para el personal de los tribunales, pues tienen que soportar cargas de trabajo muy superiores a la capacidad de cualquier ser humano.

La solución a esto, en principio, es proporcionar los recursos económicos suficientes o necesarios, para construir nuevas edificaciones, dotándolas del equipo adecuado, con el espacio suficiente para laborar.

Crear el número suficiente de tribunales, para todas las materias. Derecho, de familia, civil, mercantil. Quizás algunos especializados, como para asuntos de arrendamiento o inmobiliarios, que atiendan juicios hipotecarios y demás.

Que los políticos se convenzan, que la justicia no da votos en forma directa, pero da las condiciones de tranquilidad y armonía social, que podrían reflejarse en mayor participación ciudadana en los comicios.

Que los políticos entiendan, que la justicia no es ámbito para ellos. Y que los funcionarios judiciales que ya se contaminaron con la política, busquen su desarrollo personal en otros terrenos. La política mezclada con la justicia, genera corrupción e injusticia.

Podría decirse, que el magistrado López Magaña se sacó el premio de la rifa del tigre.

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