Columnista de la SillaRota
Por: Fred Álvarez

La tarde del martes 14 de octubre, a dieciocho días de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a 10 días de haber encontrado fosas clandestinas en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Iguala, Guerreo; el ciudadano procurador general de la Republica, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa que de los cuerpos encontrados “en las primeras (cinco) fosas“ ya existen algunos resultados y "les puedo decir que no corresponden a los ADN (el ácido desoxirribonucleico) de los familiares de estos jóvenes“.

Así mismo confirmó el hallazgo de una nueva fosa más en la cercanías de Iguala y en la cual ya se encuentra trabajando personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal que dirige Tomás Zerón.

Señaló también que el martes se efectuó la detención de 15 personas más, presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas.

¿Y qué creen?

La constante es que 14 de esos detenidos son elementos de la policía del municipio de Cocula, Guerrero. Señaló el procurador que en tanto el alcalde de ese municipio –de Cocula– como el director de seguridad pública se encuentran declarando en calidad de testigos.

Precisó que con estos detenidos ya casi suman 50 personas.

Hasta el momento, –agregó el ciudadano procurador– independientemente de tener cerca de 50 detenidos, lo que tenemos son a los operadores que se encargaron de la detención y el traslado (de los normalistas) hasta entregarlos al grupo delictivo que opera en la zona.

O sea, no hay hasta el momento ninguna persona de peso detenida ni mucho menos los autores intelectuales.

Subrayó don Jesús de acuerdo a un comunicado de prensa que “las líneas de investigación que nos abren éstas detenciones, nos acercan mucho más a estas posibilidades. El propósito central y fundamental, subrayó, es encontrar ahora a los desaparecidos, pero junto con esto y de manera importante, se trata de encontrar también a los autores intelectuales de un acto que nos lastima a todos, de un acto que lastima al estado de derecho y que no podemos permitir que se repita...

Sobre el alcalde de Iguala prófugo indicó que solicitarán una orden de aprehensión por su presunta participación. Sabemos que el presidente municipal fue desaforado y buscó el amparo. Y aunque un juzgado se lo otorgó, un comunicado del CJF dice que no opera para delitos graves como puede ser el caso.

¡Ah! y agregó, que la PGR atrajo la investigación por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 30 de mayo 2013 al que se vincula al edil con licencia Abarca Velázquez.

Este tema merece análisis aparte, ya que justo fue lo que planteó René Bejarano y aparentemente no se le dio el trato que merecería.

Recordemos que el dirigente nacional del PRD ofreció disculpas al pueblo de Guerrero y reconoció el "error" cometido por su partido al aceptar un candidato externo a la presidencia municipal de Iguala.

En la misma conferencia del martes 14, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que se han desplegado en Iguala a 896 elementos de la Policía Federal, incluida la división de Gendarmería. De esos agentes, 300 están enfocados a la búsqueda de los normalistas y el resto a la seguridad pública y a atender el monitoreo del C4.

¡Caray 300 policías buscando a los jóvenes desaparecidos sin resultados!

¿Dónde están los muchachos?

¿Los detenidos mienten o qué diablos pasa?

Y cada día que pasa la situación empeora en Guerreo y para México.

La opinión pública nacional y mundial está atenta a los hechos.

Las pruebas de ADN tardan mucho.

¿Por qué no tenemos tecnología de punta en materia de ADN?

¿O de plano, por qué no pedir para este caso apoyo a instituciones como el FBI?

Ante todo esto, suceden cosas.

Por lo pronto, la bancada del PAN en el Senado solicito la renuncia del Procurador y la desaparición de poderes en Guerrero argumentando que no hay gobernabilidad.

La solicitud de renuncia de Murillo es “por omisiones en su cargo” ya que la desaparición de los jóvenes estudiantes –dice el PAN– se pudo haber evitado si desde hace un año, que el PRD denunció vinculación del alcalde al crimen organizado y asesinatos, se hubiera investigado.

Esa petición de los panistas de prosperar colocaría al procurador en problemas ya que todo apunta que será el próximo Fiscal General de la República cuando se apruebe la ley en la materia.

La solicitud será turnada a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Gobernación del Senado para que éstas la analicen en un plazo máximo de cinco días.

De entrada, los coordinadores PRD y del PRI se manifestaron abiertos a estudiar la propuesta.

Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto no ha dejado de abordar casi diario el tema Iguala. Lo ha hecho en distintos actos públicos y no ceja en decir que se hará justicia y se encontrarán a los culpables.

Lo hizo de nuevo este martes 14 de octubre en el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando habló de la quema del Palacio de Gobierno, sin referirse por su nombre:

“Permítanme que en el marco de este evento, no obstante, no es la razón que hoy nos convoca, no puedo dejar de referirme a lo ocurrido el día de ayer en Guerrero y que la sociedad, en su conjunto, ha venido siguiendo de manera puntual lo que allí acontece; al igual que hemos condenado los hechos de violencia que lamentablemente se presentaron en el Municipio de Iguala. Este es un tema que, sin duda, llevará al Estado mexicano, en su conjunto, a tomar acción, a tomar medidas que permitan evitar que eventos como el ocurrido en Iguala, se vuelvan a repetir y que permitan, además, el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo las encargadas de la seguridad, para que actúen con mayor confianza y con mayor eficacia en la seguridad para los mexicanos.”

Concluyó diciendo que espera que a la brevedad podamos dar los resultados.

En tanto, el gobernador Ángel Aguirre se niega a renunciar. La novedad es que ahora pretende se apruebe un decreto para establecer la revocación de mandato a través de una consulta ciudadana.

De inmediato el diputado Jorge Camacho (PAN) consideró que la propuesta no es viable porque la legislación local en la materia indica que “durante el año en que se efectúe el proceso electoral, no se podrá realizar ningún procedimiento de referéndum”.

En cualquier sociedad que se precie de democrática, hubiera renunciado.

Cada día que paso nos encontramos nuevas fosas, y en cada fosa cadáveres. ¡Caray!

Duele Guerrero, duele México.

Me pregunto: ¿Cuántos presidentes municipales de los casi 2,400 son como el de Iguala?

Para intentar entender este asunto comparto esta la línea del tiempo:

(I) La larga noche del viernes 26 de septiembre de 2014 varios policías municipales de Iguala, Guerrero –y hoy sabemos que también de Cocula– coludidos con el cártel delincuencial Guerreros Unidos atacaron sin piedad a estudiantes de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

Las notas de los medios nacionales del sábado 27 no informaron nada. El  tema era la comparecencia del secretario de Gobernación en San Lázaro, los hechos de Tlatlaya, el homicidio del diputado priísta Gabriel Gómez Michel, el deceso de Raúl Alvarez Garín, líder del 68, entre otros.

Durante varios días hubo un silencio. El asunto entonces era Tlatlaya.

(II) El día 30 de septiembre el presidente municipal de Iguala pedía licencia a cargo por un mes para desligarse de los hechos. Desde ese día ya no supimos nada de él. Por cierto, no hubo medidas cautelares a pesar de la información que había en el área de seguridad nacional.

Ese día varias organizaciones civiles alzaron la voz por las desapariciones forzadas, y pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington; por esos días, Emilio Alvarez Icaza estaba en México en un foro sobre discriminación.

(III) El Viernes 3 de octubre, la CIDH emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días al Estado mexicano –ya se venció– para determinar la situación y paradero de los jóvenes estudiantes. Ese viernes mientras el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava se reunía con 18 familiares de los estudiantes desaparecidos el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó la decisión del organismo de atender la solicitud de protección urgente para los normalistas.

(IV) El sábado 4 de octubre se dieron a conocer la localización de fosas clandestinas en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Iguala. La información fue proporcionada por dos detenidos: Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.

Y no fue sino hasta ese día que la PGR atrajo el caso, de acuerdo al boletín 180/14 emitido a las 23: 15 horas del 4 de octubre de 2014. “El Procurador General de la República, con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me ha instruido atraer la investigación por la desaparición de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Lo anterior en razón de que existen elementos suficientes para ello, de acuerdo con los documentos que envió la Procuraduría General de Justicia del estado”, dijo Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador de SEIDO.

Se informó que ya estaban a disposición de la autoridad diversas personas vinculadas con estos hechos.

La bomba de Bejarano.

La medianoche de ese sábado, René Bejarano, hablaba ante Consejo Nacional del PRD de un tema aparentemente desconocido al interior de ese instituto político. Su discurso fue un balde de agua fría ya que narró con detalles cómo su “compañero de partido, José Luis Abarca asesinó personalmente a compañeros de su partido incluido Arturo Hernández e informó que los hechos habían sido denunciados ante el mismísimo Procurador Jesús Murillo y Osorio. "¿Por qué no actuó el Gobierno federal?", preguntó. ¡Obviamente la declaración fue nota de primera plana!

(V) El domingo 5 de octubre el fiscal general del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó haber localizado 28 personas en las fosas clandestinas. Dijo categórico que “policías municipales de Iguala, coludidos con el cártel Guerreros Unidos, son los responsables del ataque ocurrido los pasados 26 y 27 de septiembre contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos”.

El procurador del estado dijo que la identificación de los cuerpos podría llevar de 15 días a dos meses.

(VI) El lunes 6 de octubre la información de las fosas abarcó las primeras planas de los medios nacionales e internacionales. Al mediodía y desde Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto, externó su indignación y consternación por los hechos registrados en Iguala. Dijo:

“Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana.

Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala.

La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente que se encuentran desaparecidos, demandan, con toda razón, el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia; que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna.

Como lo expresé hace apenas algunos días, al haber conocido estos hechos de violencia, el Gobierno de la República mantendrá de manera institucional, cooperación y colaboración con las instancias de procuración y de seguridad del estado de Guerrero para el debido esclarecimiento.

Por otro lado y en el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables, conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables”.

Ese mismo lunes el procurador Murillo, habló a los medios informando que hay indicaciones del presidente Peña Nieto para actuar con toda la fuerza del estado para encontrar la verdad en los hechos ocurridos en Ayotzinapa.

Aseguró que no habrá impunidad y que este tipo de situaciones no deben repetirse: "Ni los mexicanos, ni el Gobierno, ni los guerrerenses, vamos admitir de ninguna manera que ningún grupo se imponga sobre la sociedad, una amenaza como esa sólo servirá para ser mucho más contundentes en su persecución".

"Tengan la certeza de que la indignación que tenemos es seria y no nos va a hacer actuar de manera ni violenta ni irresponsable. He repetido muchas veces: actuaremos en los términos de la ley", sentenció.

Ese mismo día la CNDH emitió un comunicado CGCP/281/2014 informando que habían solicitado medidas cautelares al gobierno del estado de Guerrero a fin de garantizar la integridad de los heridos y detenidos. Además informó la Comisión que un grupo de visitadores adjuntos conformado por abogados, médicos y psicólogos continúa proporcionando atención integral a las víctimas y realiza diversas actuaciones en el lugar de los hechos.

¡Ah! y ese día, el Juzgado Primero de Distrito en Amparo del DF admitió demanda y tramite, y concedió suspensión provisional para que José? Luis Abarca Velázquez no fuera privado de su libertad con motivo de las ordenes reclamadas, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo.

La información se convirtió en confidencial, lamentablemente la conocimos por filtraciones en las redes sociales y no fue sino hasta el día 10 de octubre cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que la suspensión provisional concedida a José Luis Abarca no le será útil para evitar su captura si hay un mandato en su contra por delito grave.

En un comunicado, el CJF dio a conocer que “la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves”.

Mal por el CJF.

Martes 7 de octubre: hacía una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos.

En la sesión plenaria la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones integrada por siete legisladores y que será presidida por el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas.

En el Senado no se quedaron atrás. Hubo propuestas de punto de acuerdo en el que se exige una investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos ocurridos, la ubicación física de los jóvenes levantados y la sanción a los responsables directos, autores intelectuales y autoridades que por acción o por omisión son partícipes de los mismos.

En el mismo sentido el Senado exhortó a la PGR a acelerar y profundizar la investigación; a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas a ejercer sus facultades y mandata una sesión urgente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

El miércoles 8 de octubre el asunto creció. Se realizaron marchas tanto en la ciudad de México y en varias ciudades del mundo con la demanda de presentar vivos a los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural. Otra de las demandas fue la renuncia del gobernador. El prietito en el arroz fue la agresión que sufrió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Adolfo Gilly y el poeta José María Espinasa.

Ese día nos enteramos del nacimiento de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, de acuerdo a un comunicado que emitió el grupo denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Está fechado el martes 6 de octubre y dice:

“Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares, esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y particularmente al cartel de sicarios del estado mal llamado: “Guerreros Unidos”.

Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI por cualquier vía pública o secreta…

Atentamente.”

Fue muy duro el mensaje y no hay que desdeñarlo. Creo que el grupo armado exageró en el punto tres al decir: “Declaramos a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplice de los hechos del 26 de septiembre del 2014”.

Hubo otro comunicado emitido sobre los hechos de Guerrero. Fue de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias – Liberación del Pueblo (FAR-LP) –, que dicen sabían “que esto iba a pasar solo que nos ganó en el tiempo de acción. José Luis Abarca Velásquez es un ser despreciable e inhumano; si se le pudiera catalogar como miembro de una especie, su nombre real seria chacal”.

Agregan:

“A todos nuestros hermanos de lucha, preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el estado, saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo, no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte”.

Y como muchos piden la renuncia del gobernador.

Y terminan con un “Pronto sabrán de nosotros”.

(VII) El 9 de octubre se descubrieron otras 4 fosas con 15 cuerpos en las faldas de Cerro Grande, en la comunidad de Barranca del Tigre. El lugar se localiza a 20 minutos de la cabecera municipal, entre los poblados de San Miguelito e Ignacio Manuel Altamirano, el terreno se encuentra a un costado y a 30 metros del único camino de terracería que lleva a la zona del hallazgo.  La  PGR informó que las pudo localizar gracias a las declaraciones de cuatro presuntos implicados detenidos por fuerzas federales.  La característica es que los cuerpos encontrados también estaban calcinados, al igual que en las cinco primeras fosas.

Tomás Zerón indicó que hasta el momento suman ya 34 detenidos por los hechos ocurridos.

Ese día 9 de octubre el Presidente Peña Nieto, habló de nuevo en el marco de la inauguración de un hospital en Irapuato, señaló indignado:

“Por eso, claramente señalé y recientemente me he reunido con el Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de la República para que aceleremos nuestro trabajo, para que podamos ir a la profundidad de la investigación y dar con los responsables.

Éste es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad”.

Cuando el presidente se manifestaba todavía no sucedía la quema del Palacio de Gobierno en Chilpancingo.

En efecto, la tarde de ese lunes 9 de octubre, cientos de alumnos y padres de familia de Ayotzinapa causaron destrozos e incendiaron el Palacio de Gobierno. Las crónicas dicen que alrededor de las 17 horas la multitud irrumpió en la explanada del el inmueble oficial y destruyeron ventanales en los edificios Costa Chica, Costa Grande, Centro y Norte. Antes de ello los inconformes voltearon e incendiaron una camioneta de la empresa Bimbo  frente al Tecnológico de Chilpancingo, a unos 100 metros de distancia.

Las imágenes son elocuentes, afortunadamente no hubo heridos pero es evidente la ingobernabilidad en el estado.

Piden la renuncia del Gobernador.

Ese mismo lunes, diputados de la comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala solicitaron al comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochin del Rincón, mayor información respecto a la atención a víctimas de familiares de sobrevivientes y desaparecidos. Dicha comisión legislativa informó que sostendrán una reunión conjunta la tarde del martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo Karam.

(VIII) El martes 14 de octubre laComisión Bicameral de Seguridad Nacional que preside el senador Alejandro Encinas –recordemos que Manuel Camacho Solís fue destituido por cuestiones de salud– se reunió con la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García; el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, y con Julio Antonio Hernández Barros, comisionado de la CEAV.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Senadores y se trataron asuntos de carácter reservado.

Ese mismo martes el pleno del grupo parlamentario del PAN en el Senado demandó la destitución del procurador general de la República “por omisiones en su cargo”.

Ese martes de nuevo el presidente Peña Nieto aborda el tema Guerrero, lo hizo en el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo:

“Este es un tema que, sin duda, llevará al estado mexicano, en su conjunto, a tomar acción, a tomar medidas que permitan evitar que eventos, como el ocurrido en Iguala se vuelvan a repetir y que permitan, además, el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo las encargadas de la seguridad, para que actúen con mayor confianza y con mayor eficacia en la seguridad para los mexicanos.

Y en esta tarea quiero, nuevamente, reafirmar ante ustedes y ante la sociedad mexicana que el Ejecutivo a mi cargo tiene una responsabilidad y objetivo por delante, que es el esclarecimiento de los hechos, encontrar a los jóvenes estudiantes de quienes se desconoce su paradero en este momento y dar con los responsables materiales e intelectuales.

La Procuraduría General de la República tiene a su cargo esta investigación y cuenta con el absoluto y total respaldo de todas las instituciones que forman el Gabinete de Seguridad Pública para cumplimentar la tarea que le ha sido confiada.

Y yo espero que a la brevedad podamos dar los resultados y dar todo el esclarecimiento de estos hechos ya que la sociedad demanda justicia ante los mismos”.

Ese día la CNDH informó a la Cámara de Diputados que el 27 de septiembre ejerció la facultad de atracción e inició un expediente de queja con motivo de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. La CNDH detalló que el 5 de octubre se acordó continuar el trámite del expediente “como una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, la cual, una vez concluida, se hará del conocimiento”.

El miércoles 15 de octubre. A las 13:00 horas comparecieron ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el responsable del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido; así como Eugenio Imaz, director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN); para explicar el tema Ayotzinapa.

La información que ahí se aborde es de carácter reservada como lo manda la ley en la materia.

También este miércoles, la comisión de diputados federales que da seguimiento al caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala se reunieron en privado con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el Fiscal Iñaky Blanco.

¿Le pedirán que renuncie por el bien de Guerrero?

¿Y mañana...?

¿Cuántas fosas más, cuántos difuntos más... y la verdad, la sabremos?

O en un futuro deberemos hacer una Comisión de la verdad sobre los hechos de Ayotzinapa, o una Fiscalía como lo plantea el partido del Trabajo.