Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
Legalmente hablando, al menos por el momento, no se podrá llevar a cabo el abordaje político del Poder Judicial del Estado, en base a una propuesta de reforma constitucional, mediante la cual se pretende que los Consejeros de la Judicatura, Carlos Jiménez Ruiz y Andrés Garza Chávez, cuya gestión concluye el próximo 30 de noviembre, pudiesen continuar en el cargo durante 8 años más.
Esa sería la primera parte del abordaje político. Luego se dedicarían a presionar, para incrustrar políticos en todas las áreas del Poder Judicial, desde actuarios, secretarios de acuerdos, jueces, secretarios proyectistas de segunda instancia y magistrados. De ahí, convertir a la administración de justicia, en algo parecido a los mercados sobre ruedas.
Prueba de ello, es que los autores de este “plan pirata”, se han dedicado a presionar a los principales funcionarios judiciales, a efecto de que se abstengan de hacer cualesquier pronunciamiento desfavorable y que, por el contrario, reconozcan “las bondades” del mismo.
Cabe recordar, que a mediados del pasado mes de septiembre, el diputado del PVEM, Fausto Gallardo –hankista- presentó propuesta de reforma constitucional, para ampliar a 6 años el período de vigencia de los consejeros, designados por la Legislatura y por el Ejecutivo Estatal, estableciendo la posibilidad de ser reelectos para otro período.
Lógico, el plan pretende beneficiar a los consejeros, Jiménez y Garza –hankistas, por supuesto- en los artículos transitorios, se establece que el nombramiento de ambos, que concluye el 30 de noviembre, se extienda 2 años más, sumando 6 años en su primer período, y al ser reelectos, podrían permanecer 12 años en el Poder Judicial.
Parecía fácil, llevar a cabo la primera parte del abordaje. Sin embargo, no tomaron en cuenta que hay profesionales del Derecho, de los que si estudian y litigan, que tienen aspiraciones para llegar a ser consejeros de la judicatura, que reclamarían y se manifestarían en contra de la propuesta.
Así es que, no solamente surgieron las protestas, por dichas maquinaciones perversas, sino que, quienes si saben de Derecho, o sea los que ostentan título de Licenciados en Derecho, pero además son estudiosos de la materia, hicieron un minucioso análisis a la propuesta de reforma constitucional, del diputado Gallardo, y llegaron a la conclusión, de que es inviable y que, de aprobarla, además de aberrante, sería violatoria de la Constitución General de la República, así como de la Constitución local.
Las opiniones técnicas, contenidas en detallado estudio, proporcionado al columnista, precisan que el Artículo 65 de la Constitución local, advierte, claramente, que quienes hayan ejercido el cargo de consejeros, “no tendrán derecho a ser ratificados y en ningún caso podrán volver a ser designados para este cargo”. Ufff. Afortunadamente.
Se hace la observación, que en ninguna de las entidades donde funcionan los Consejos de la Judicatura, se permite la reelección de los Concejeros. Que por lo tanto, el establecer la reelección, además de la prórroga del cargo, por dos años más, constituye una transgresión evidente a los principios constitucionales que justifican la renovación periódica de las personas que ocupan tales cargos.
Así mismo, se hace hincapié, en que la propuesta de reforma constitucional, para permitir la reelección de los Concejeros, es para beneficiar directamente a los aún Concejeros, los hankistas Jiménez y Garza, apartándose de los principios rectores del correcto funcionamiento del Concejo de la Judicatura.
Al respecto, cabe agregar que los Concejeros de la Judicatura, eminentemente realizan labores administrativas y no jurisdiccionales, de tal forma que no están contemplados en la carrera judicial, y la permanencia de los mismos en el cargo, por más tiempo del previsto actualmente, solamente generaría vicios, en perjuicio de la administración de justicia.
Por si fuese poco, es más que aberrante que, mediante un simple artículo transitorio, como ocurre con la propuesta de reforma constitucional, se pretenda extender por dos años, la vigencia del cargo que ostentan los actuales Concejeros, pues tales disposiciones de ese apartado, no pueden tener ese alcance, en ningún momento, además de que sería violatorio del Artículo 14, Párrafo Primero, de la Constitución federal, que establece la prohibición de hacer leyes retroactivas.
A Carlos Jiménez y Andrés Garza, los designaron Concejeros para un período de 4 años, que concluye el próximo 30 de noviembre. Dicha designación, no puede ser estirada 2 años más, menos por un artículo transitorio de la propuesta de reforma constitucional. Ni que fuera de hule. Así es que terminan y se van a sus casas.
Incluso, se advierte que la Legislatura local, carece de facultades para establecer la reelección de los Consejeros, porque lo prohibe la Constitución federal. De hacerlo, pues después de todo, además de desconocer el Derecho, son necios y arrogantes, la nueva norma que así lo establezca, sería nula de pleno derecho y por lo tanto susceptible de ser combatida constitucionalmente.
Quienes planearon y negociaron este asunto, son políticos, no conocedores del Derecho. Y aunque algunos de ellos ostentan título de Licenciado en Derecho, ni estudian la materia, ni ejercen la abogacía.
El sentido común, y la legislación aplicable a este asunto, indican, que a partir del día 1 de diciembre del presente año, los actuales Concejeros, Carlos Jiménez y Andrés Garza Chávez, se sumarán al ejército de desempleados.
Cualquiera puede ser político, pero no cualquiera puede ser funcionario judicial. Mucho menos si son “abogados disel”. El simple título no garantiza, ni conocimientos, ni experiencia. Ni modo, bien dicen que Dios no cumple caprichos, ni endereza jorobados. Las leyes tampoco.
