AL FILO DE LA NAVAJA
Por Raúl Ramírez Baena*

Nos queda claro que el gobernador Francisco Vega no hablará o hablará muy poco en su primer Informe de Gobierno sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado de Baja California en materia de derechos humanos.

Para el tratamiento del tema, el mandatario tiene asesores que lo pueden apoyar. El nombramiento de José Luis Pérez Canchola como asesor en Derechos Humanos, nuevo puesto a nivel de Gabinete creado en esta administración, creó muchas expectativas por su destacada trayectoria.

Sin embargo, al no estar claramente definidas la misión, visión y objetivos del nuevo puesto, José Luis se encuentra acotado por las corrientes políticas que confluyen al interior del Gabinete estatal.

Por su parte, la Coordinación de Enlace y Seguimiento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es el licenciado Eleazar Verástegui, sólo registra asuntos, informa al secretario y coordina los trabajos de lo que será el Programa Estatal de Derechos Humanos, que se construye mediante el concurso de ONG´s, las academias, los tres Poderes del Estado y la PDH, compromiso de todas las entidades federativas del país con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar del trabajo que realiza Pérez Canchola documentando violaciones graves a los derechos humanos y la situación de la población carcelaria en Baja California, no se observa el diseño y ejecución, con participación de la sociedad civil, de una POLÍTICA ESTATAL en materia de Derechos Humanos; no hay lineamientos claros para las dependencias y organismos públicos estatales (educación, salud, vivienda, desarrollo social, servicios públicos); no se promueve la creación de áreas de derechos humanos en la PGJE y en las dependencias de Seguridad Pública estatal y municipales, no hay cabildeo de leyes ante el Congreso del Estado para la armonización con los estándares nacionales e internacionales en temas como tortura, desaparición forzada, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, etc.

Si bien los casos de tortura en Baja California que documentó la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) en el período 2009-2012 (que sirvieron de base al relator de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, en su visita a Baja California el pasado 30 de abril, a Amnistía Internacional, que el 12 de septiembre presentó su Informe sobre tortura en Tijuana, y la denuncia que ese mismo día presentamos tres ONG´s a la fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya) no sucedieron en la actual administración estatal, no se observa voluntad política para ahondar en las investigaciones y consignar al Poder Judicial las denuncias ya interpuestas por las víctimas de tortura ante el fuero común, en especial en contra de Julián Leyzaola, Gustavo Huerta y agentes de la Policía Estatal Preventiva señalados, fomentando con ello la impunidad. Aunque en menor medida, se siguen registrando casos.

El desaire del gobernador Kiko Vega a los directores de Amnistía Internacional México y Canadá al no recibirlos personalmente, como lo establece el protocolo en estos casos, es una señal preocupante. Quizá su círculo más cercano lo mal aconsejó o no le informó adecuadamente sobre la trascendencia de la visita.

El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), en el marco de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura puso a disposición del Gobierno del Estado la capacitación gratuita a agentes ministeriales, custodios penitenciarios y policías estatales y municipales, sobre el uso de la fuerza y protocolos para la detención de las personas, así como la realización de un Foro Estatal sobre el tema de la tortura. Nada se ha concretado.

En cuanto a la PGJE, en su estreno en la aplicación del Protocolo de Estambul, el peritaje en el caso de Adrián Vázquez Lagunes, torturado y gravemente lesionado por la PEP en 2012, puesto al borde de la muerte, quien hoy está siendo procesado en El Hongo por droga y armas sembradas durante su detención ilegal, resultó “negativo” según la Procuraduría, a pesar de las evidencias de tortura. Mal comienzo.  

Desde que Kiko era gobernador electo, la CCDH intentó infructuosamente entrevistarse con él para presentarle una AGENDA DE DERECHOS HUMANOS. De habernos escuchado quizá otra sería la posición oficial. No se pudo y no se ha podido realizar ese encuentro, tampoco con el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda. Es una pena.

Quedan pendientes otros delicados temas como la desaparición forzada de personas, delito continuo que no prescribe, doloroso para los familiares, aunado a la escasa actuación del Ministerio Público en el desahogo de las denuncias; los derechos indígenas, tanto de nativos como de indígenas establecidos en el Estado; sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, asunto aún no atendido por el Consejo Estatal de Migración, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales (educación, salud, vivienda, seguridad social, trabajo con salario digno, alimentación) que abonan al incremento de la pobreza y la marginación en el Estado, y otros. 

Si así están las cosas, en lugar de evadir o negar los señalamientos y denuncias, lo mejor sería que el gobierno estatal ajustara sus políticas e incluya la Agenda de Derechos Humanos entre sus prioridades. Aún es tiempo. Y que las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, pasadas y presentes, autores materiales o intelectuales por acción u omisión, asuman su responsabilidad. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

Septiembre de 2014