Columnista de la SillaRota: MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

El pasado 2 de septiembre, el presidente Peña dirigió un mensaje a todos los mexicanos sobre el informe entregado un día antes al Congreso de la Unión en el que debe dar cuenta del estado general que guarda la administración pública del país, según el artículo 69 de nuestra Constitución Política.

 

En su mensaje, Peña Nieto planteó como el principal mérito de su gobierno hasta el momento  “las 11 reformas transformadoras que constituyen la base para construir un nuevo México en los siguientes años”. Es decir, durante dos años la administración pública puede celebrar como logro la tarea de negociación con otras fuerzas políticas que, en el mejor de los casos, corresponde únicamente a la Secretaría de Gobernación; y de trabajo legislativo que corresponde a otro Poder de la Unión.

 

En más de dos horas no pudimos enterarnos de qué ha hecho el Gobierno Federal como agente responsable de conducir y aplicar políticas: De la acción del Poder Ejecutivo como tal. Y no lo sabemos porque el mensaje del presidente sólo tuvo dos objetivos: Subrayar cada cinco minutos la magnitud de este cambio reformador —que en su lectura únicamente el PRI podía concretar olvidando las cuatro legislaturas donde como oposición ese partido aniquiló toda posibilidad de avance— y anunciar grandes obras, cambios y beneficios venideros.

 

El resto no fue más que una retahíla de medidas, programas, estrategias, decisiones o simplemente anuncios que pasan de cambios trascendentes como la paridad en candidaturas entre hombres y mujeres, a menos de minuto y medio después hablar de algo tan específico como la campaña “chécate, mídete, muévete”.

 

De informar, nada. La modalidad de los nuevos tiempos es la congratulación por esfuerzos conjuntos pasados y mantener la expectativa sobre un futuro prometedor.

 

Lo que sí nos dijo el presidente es cómo quiere ser recordado, el perfil que la historia patria debe dibujar: Peña, el reformador.

 

“Reformar no es sencillo, reformar es pensar de manera distinta a como lo hemos hecho siempre, reformar implica tomar decisiones y asumir costos, reformar es romper ataduras, es sentar bases para un mejor futuro; reformar es atreverse a cambiar, reformar es transformar…”.

 

Sin embargo, lo que parece olvidar Peña Nieto es que una reforma, como proceso de transformación de las sociedades y los estados en oposición a la revolución o el cambio violento, significa una reforma de las instituciones. Reforma entendido como un cambio significativo dentro del arreglo institucional que dota de nuevas reglas y modifica el comportamiento de los actores. Cambio en el marco legal, sí, pero sobre todo cambios que signifiquen alteraciones de facto en los procesos de toma de decisión, en la ejecución de éstas y en los mecanismos de rendición de cuentas.

 

Sin duda las reformas constitucionales que pudieron cristalizar en los pasados meses son una gran noticia para México. Resultado de la voluntad política de más de un partido y, en el caso de Acción Nacional, emanada de la responsabilidad de nuestro papel como partido en la vida pública del país y de la congruencia con nuestros principios, ideas y banderas.

Pero la suma de reformas jurídicas no hace una reforma del Estado. Tenemos apenas el marco legal que lo permite. Y en este punto el combate a la corrupción ilustra con claridad los riesgos a los que nos enfrentaremos los próximos años.

 

Hace unas semanas, en un ejercicio convocado por el Fondo de Cultura Económica en el marco de sus festejos por el 80° aniversario, el presidente Peña contestó a un grupo de periodistas que el problema de corrupción en México es de orden cultural. Días después en el mensaje del 2 de septiembre, Peña Nieto concluía que necesitamos un cambio un cambio “de actitud, de mentalidad, un cambio cultural”.

 

Peña el reformador —no de instituciones— espera que se dé un cambio cultural para hacer una realidad palpable los cambios que las reformas legales permitieron. No se trata de mejorar el diseño institucional, de lograr aumentar la confianza de los ciudadanos en esas instituciones para que funcionen mejor, ni de acabar con la impunidad mediante una procuración de justicia eficaz e imparcial.

 

El presidente que firma ante notario sus compromisos y los cumple, a dos años tiene una deuda pendiente en esta materia: La Comisión Nacional Anticorrupción. El gobierno del presidente más eficaz, con el mejor equipo de negociadores, no ha podido dar cauce a esta iniciativa en la Cámara de Diputados tratándose de un tema que nos interesa a todos los partidos.

 

Pero no es la única señal de la falta de voluntad política de este gobierno, de cómo se soslaya el combate a la corrupción. Tenemos una Secretaria de la Función Pública acéfala desde que inició este gobierno y una nueva Fiscalía Especializada En Materia De Delitos Relacionados Con Hechos De Corrupción creada en el papel y a la fecha sin viso de nombramiento de su titular.

 

Siendo un tema cultural, al menos ya sabemos que del presidente y los funcionarios que lo acompañan no podemos esperar más que la buena voluntad, mientras cruzamos los dedos con la esperanza de que nos haya tocado alguno que tenga la intención de actuar con probidad y ética, porque garantizar que así sea a través de reglas e instituciones es mucho pedir para un gobierno que ha concluido su gran ciclo reformador.

 

Eso sí, de los efectos de la única reforma que ya ha tenido impacto en la vida y los bolsillos de los mexicanos —la reforma fiscal que Acción Nacional rechazó con firmeza—  no escuchamos ni una palabra de Enrique Peña Nieto, el reformador de México.

 

@mauriciotabe