Palco de Prensa
En los orígenes de las sociedades civilizadas, la política era cuestión de ideologías.
Actualmente, la política es cuestión económica, objeto de negociaciones. Mercantilismo puro.
Entonces, la política se regía conforme a la geometría que establece que a la derecha se ubica el capital, los empresarios, la iglesia, el capitalismo. A la izquierda, el trabajo, los trabajadores, los campesinos, el socialismo, el comunismo.
Hoy en día, los políticos, no buscan el bien común, sino su bienestar personal, acumular riqueza, fácil y sin esfuerzo. La política se ha convertido en la actividad humana más rentable.
Los nuevos “empresarios”, no tienen, ni han tenido, ni pretenden tener, empresa alguna. Su riqueza, es en proporción al número y tipos de cargos públicos. Si les observan las manos, las tienen limpias. Pero las uñas largas y bien afiladas.
En tales condiciones, los políticos son capaces de venderle su alma al diablo. Los políticos no tienen ética, moral o decencia. No conocen la lealtad, ni saben nada de amistades.
Que sirva todo esto, como preámbulo para el tema de este día. Se trata del enjuiciamiento mediático del titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad, licenciado Arnulfo de León Lavenant. Un tema, que el columnista se ha abstenido de abordar, precisamente por el grado de parentesco que tiene con dicho funcionario. Es hijo de una prima hermana del columnista.
Al margen de especulaciones, por lo polémico del caso, se ha evidenciado que los legisladores locales andan ansiosos por quemarlo en “leña verde”. En principio, por parte de los panistas, en tanto que quien más declaraciones en su contra ha hecho, es la diputada Rosalba López Regalado, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso.
Arnulfo es priísta. Nunca lo ha negado. La lógica indica que sería rescatado, a como diera lugar, por los diputados priístas. Lo han hecho con los ex alcaldes Francisco Pérez Tejada, Javier Urbalejo Cinco y Javier Robles Aguirre, acusados de haber incurrido en serias irregularidades en sus respectivas administraciones. Incluso el PRI los ha arropado, ubicándolos en puestos partidistas.
En el caso del titular de la PDH, ha sido todo lo contrario. Las evidencias indican que sus “amigos” priístas y no priístas, negociaron su “cabeza”. La intención es presionarlo, hasta obligarlo a renunciar, pues su posición ya está comprometida, para ubicar a Carlos Mora Quiñones, presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante. Y los compromisos se cumplen.
Hace unos 3 meses, se presentó ante León Lavenant, Obed Silva Sánchez, en representación de René Mendívil Acosta, coordinador de la fracción parlamentaria priísta, para decirle que le comunicaba el mensaje de su “amigo” el legislador. Que se retirara del cargo, que era lo que más le convenía, pues su situación era delicada, que estaban a punto de hacerle juicio político y que corría el riesgo de ir a la cárcel, por peculado y otros delitos.
Días después, hizo lo mismo, personalmente, su “amigo” Mendívil. Le dijo que ya no había nada que se pudiese hacer en su defensa. Que mejor renunciara al cargo.
En ambos casos, el titular de la PDH les manifestó a sus “amigos” priístas, que consideraba no haber incurrido en hechos tan graves como para ser sometido a juicio político. Que las supuestas irregularidades en que incurrió, se debieron a que los propios legisladores, como el panista Max García, le condicionó incrustara en la institución a 9 de sus recomendados, para apoyarlo en sus gestiones de más recursos. Como al final de cuentas, no le dieron los recursos que requería, pues dio de baja a los recomendados.
Total, en días pasados, otro “amigo”, el diputado del PES, Rodolfo Olimpo Hernández, presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, le repitió la misma historia y le recomendó que mejor renunciara e incluso le proporcionó copias del proyecto de dictamen, mediante el cual en fecha próxima se determinará someterlo a juicio político.
En el mismo, un escrito de 18 hojas, se indica, Segundo Resolutivo, que: “No se aprueba la Cuenta Pública de Egresos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, por motivo de la observación señalada en el punto 1 del Considerando Sexto”.
Dos precisiones. Primero, en el 2012, hubo dos titulares de la PDH. El licenciado Heriberto García, del 1 de enero al 31 de mayo. El licenciado Arnulfo de León Lavenant, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2012. De las 26 observaciones, sobre supuestas irregularidades, en base a las cuales se determina no aprobar las Cuentas Públicas 2012 de la PDH, solamente la número 1 –uno- corresponde a la gestión de Arnulfo, la que se refiere a “Modificaciones presupuestales ejercidas sin autorización”. En ninguna de las tres específicas, se habla de peculado, disposición o uso personal de recursos públicos.
No obstante, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que encabeza Rodolfo Olimpo, determina que el dictamen se turne a la Comisión Jurisdiccional del Congreso, para que emita el Dictamen “en el que determine si ha lugar o no para iniciar el Procedimiento de Juicio Político” en contra de León Lavenant. Se observa que no se hace en contra de Heriberto García, pues ya transcurrió el año exigido por la ley para ello.
Cabe aclarar, que conforme al Artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, el juicio político es procedente, cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de buen despacho. En las 8 fracciones previstas, no se hace referencia alguna a las “Modificaciones presupuestales ejercidas sin autorización”.
El juicio político, es un mero “espantapájaros”. Algunos lo refieren como “espanta…penitentes”. Pero en fin, los “amigos políticos” negocian todo. Hasta lo absurdo.
