Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
Independientemente de las filiaciones partidistas, uno de los vicios, mañas o prácticas deshonestas -más comunes- de los políticos, en especial de aquellos que tienen derecho a voto en la toma de decisiones, es el cobro del diezmo o mochada, como condición para aprobar o rechazar algo, en especial cuando se trata de adquisiciones, arrendamientos, permisos o concesiones, o autorización de programas o ampliaciones presupuestales.
Básicamente, esto se da, generalmente, entre los legisladores, tanto federales, como estatales, a la hora de revisar proyectos de presupuestos de egresos, del siguiente ciclo fiscal. A fines del 2013 se suscitó un escándalo cuando salió a relucir que, para favorecerlos con recursos para el ciclo 2014, diputados federales pedían comisiones o mochadas, en especial a los alcaldes.
El procedimiento es sencillo. Al iniciar el período para la presentación de presupuestos, de inmediato revisan partidas y montos, establecen contacto con los titulares de las dependencias y les ofrecen votar a favor de los recursos que requieren, para operar, pero a cambio de una gratificación o mochada.
Cuando el funcionario es más o menos honesto, definitivamente no accede a tales reclamos, porque sabe que las aportaciones que haga a esos oficiosos “gestores”, van a mermar lo presupuestado y entonces, deberán hacer uso de artimañas, para justificar la realización de obras, con menos dinero del autorizado.
En el caso de los moches de los diputados federales, se armó el escándalo, pero al final dejaron todo en el olvido, pues las indagatorias indicaban que las cadenas de corrupción alcanzaban hasta las coordinaciones partidistas, por lo que mejor dejaron todo por la paz.
Aunque lo nieguen, deben saber que esta práctica deshonesta, también se aplica en las legislaturas estatales. Por supuesto, también en la de Baja California. Nadie se atreve a denunciarlo, pero sí lo comentan en voz baja. A la hora de discutir y negociar el presupuesto del siguiente ciclo, hacen contacto -directamente o por conducto de sus emisarios- con los titulares de las dependencias y les ofrecen apoyarlos con sus votos, a cambio de una comisión o prerrogativa.
No todo es dinero. Algunos piden plazas para sus allegados e incluso puestos de primer nivel, para sus recomendados. Cuando la respuesta es negativa, entonces fastidian al funcionario que no aceptó sus “favores” y arremeten en su contra, presionando para que se les reduzcan sus respectivos presupuestos.
A nivel municipal, ocurre algo similar. En el caso concreto del gobierno municipal de Tijuana, varios actores políticos, entre ellos regidores del Cabildo del XXI Ayuntamiento, están al pendiente de las licitaciones o adquisiciones directas. Hacen contacto con los proveedores y les reclaman el pago de comisiones o moches, bajo la advertencia de que en caso contrario moverán sus “influencias”, para que no les compren “ni un clavo”.
En algunos casos, les dicen a los interesados que, si no se mochan, votarán en contra de ellos, para que dejen de ser proveedores del gobierno municipal, aunque no tenga injerencia alguna en las compras. Hay quienes acceden y cubren la mochada, temerosos de que las amenazas surtan efectos.
Lo que no saben, es que en la administración del alcalde Jorge Astiazarán Orcí se redujo al máximo el aparato de compras o adquisiciones, para que ningún funcionario municipal o político alguno, pretenda sacar tajada de las licitaciones o compras directas.
Por instrucciones de Astiazarán, el Comité Técnico de Adquisiciones, está integrado por un representante de Oficialía Mayor, otro de la Secretaría de Finanzas y uno más de la Regiduría que encabeza la Comisión de Hacienda. Son los responsables de resolver las licitaciones, cuando se trate de compras por montos superiores a los 300 mil pesos.
Los casos de compras por montos menores a 300 mil pesos, se hacen mediante invitación a tres posibles proveedores y se compra a quien ofrece mejores condiciones, en cuanto a precio y calidad, además de que deben sujetarse a las disposiciones jurídicas que las rigen.
Los integrantes del Comité Técnico de Adquisiciones recibieron instrucciones de parte del alcalde, que no atiendan presiones, ni recomendaciones. Esto les ha llevado a que en la actual administración se han cancelado unas 20 licitaciones, al ser declaradas desiertas, toda vez que ninguna de las propuestas reunían los requisitos legales.
Eso no ha sido impedimento para que algunos actores políticos, en especial regidores, directamente o por conducto de alguno de sus colaboradores, establezcan contacto con los posibles proveedores y les exijan mochada o comisión, por cada venta que realizan al gobierno local, aunque ellos no formen parte del Comité Técnico de Adquisiciones, ni tengan injerencia alguna en dichos actos jurídicos.
Se sabe, que ya se está llevando a cabo una minuciosa indagatoria, para identificar a quienes acostumbran estas prácticas deshonestas, a fin de fincarles responsabilidades y proceder en su contra, según corresponda en cada caso.
Por instrucciones del alcalde Astiazarán, los integrantes del Comité Técnico de Adquisiciones deben dar a conocer a los posibles proveedores de bienes o servicios, que no tienen obligación de otorgar diezmo o mochada, respecto a cualquier venta que le hagan al Ayuntamiento.
Que nadie está facultado para exigir comisión o mochada y que en caso de que alguien se atreva a exigirlas, lo denuncien de inmediato, para proceder como corresponda.
Es importante destacar esto, porque el tolerar a ese tipo de vivales, es darle rienda suelta a la corrupción y será un cuento de nunca acabar. Mochadas, comisiones o diezmo, es casi lo mismo que el “cobro de piso” que practican los miembros del crimen organizado.
Estos vivillos, no tienen tienda que atender, pero sí caja registradora. Simplemente extienden la mano, en espera de que les caiga la “cooperación” de los incautos. ¿Nombres? Algunos de los afectados prometieron al columnista dar “santo y seña”.
