Palco de Prensa
Apenas el pasado domingo 3 de agosto, el columnista comentaba el conflicto de intereses que se genera, cuando directa o indirectamente, los funcionarios públicos se benefician a sí mismos con sus actos o determinaciones, propios del cargo que ostentan, o que benefician a una de las partes interesadas o involucradas en un asunto, ya sea su esposa o parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o socios.
Esta es una situación incómoda, además de ilegal, que los ciudadanos identifican bajo la expresión “juez y parte”. La legislación prohíbe a los funcionarios públicos ser parte interesada en un asunto de su competencia. Imaginen a un juez civil, conociendo de un asunto en el que el propio funcionario judicial, los parientes o compadres, son demandantes o demandados. Sin duda alguna la decisión que emitirá les resultará favorable a sus afines y desfavorable para los extraños.
Concretamente, el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de Baja California advierte claramente que los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, empleos o comisiones, tienen prohibido, entre otras cosas, otorgar por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o liquidaciones, en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza.
Y aunque dicho ordenamiento jurídico no lo señale, tal prohibición también alcanza, para que no conozcan, ni resuelvan respecto a asuntos en los que ellos o sus parientes o socios son parte interesada, pues los extraños estarían en desventaja. Irremediablemente, los ajenos perderían siempre. Quién les manda no tener parientes en cargos públicos, dirían los cínicos y desvergonzados.
El columnista observaba, que a los políticos les valen gorro tales prohibiciones. Decía que seguramente ni les interesa saber en qué consisten los conflictos de intereses y por qué razón no deben beneficiarse, o a sus parientes o compas, aprovechando su cargo público.
En el gobierno municipal de Tijuana se han dado muchos casos de conflictos de intereses. Uno de los más destacados, cuando el alcalde Carlos Bustamante Anchondo, en la última sesión de Cabildo de su administración, otorgó a una empresa de su propiedad 9 concesiones para instalar anuncios espectaculares en la vía pública y 17 a una empresa de la familia Ledesma Romo, de la que es socio el síndico procurador, Arturo Ledesma Romo.
La forma irregular e ilegal en que se otorgaron tales concesiones, han sido comentadas en múltiples ocasiones, de tal manera que el síndico procurador no puede decir que lo desconoce, pero el asunto le ocasiona un conflicto de intereses. Podría determinar la cancelación de las concesiones que se auto otorgó Bustamante, pero también tendría que cancelar las otorgadas a su familia y a él mismo.
O el escandaloso asunto de las luminarias, que Mariano San Román -en el cargo de contralor de la Sindicatura Procuradora- se mostró sumamente interesado en atender y resolver en consecuencia, hasta que le aclararon que él mismo resultaría afectado, pues siendo regidor del XX Ayuntamiento, “levantó la manita” para avalar las cochinadas de Bustamante, al grado de que mejor renunció al cargo.
Y el asunto de la renta de una importante superficie de terreno del Parque Morelos, para estacionamiento de una universidad privada, a montos verdaderamente irrisorios, por parte de la entonces directora del Sistema de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt), Verónica Judith Corona González, que no ha sido tratado por la Sindicatura Procuradora, porque además de que era suplente de Mariano San Román en la regiduría del XX Ayuntamiento, de quien su esposo Salvador Gómez Nogales, era secretario Técnico, y quien actualmente ostenta el cargo de director de Normatividad de la Sindicatura. ¡Qué enredo!
Si los políticos en general, aunque sean de distintos partidos, conjugan perfectamente el verbo tapar –yo te tapo, tú me tapas, ellos nos tapan, nosotros nos tapamos, todos nos tapamos-, con mayor razón cuando se trata de tapar a los cónyuges, parientes, compas o socios.
A esa lista de asuntos, en los que se dan conflictos de intereses, y de evidentes complicidades, se agrega uno más que acaba de trascender esta semana. Se trata de una licencia de construcción, para instalar un negocio de restaurant-bar, en la avenida Tapachula, esquina con avenida Hipódromo, en la colonia Hipódromo, frente a donde durante muchos años funcionó el Consulado de Estados Unidos.
El caso es que la autorización de uso de suelo, para dicha construcción, fue otorgada el pasado 22 de abril del año en curso, o sea por el XXI Ayuntamiento, que encabeza el doctor Jorge Astiazarán Orcí, no obstante que el predio se encuentra dentro del área de moratoria, declarada el 15 de agosto del 2013 por el XX Ayuntamiento, encabezado por Bustamante Anchondo, prohibiendo licencias de construcción que impliquen la modificación de usos de suelo habitacional a comercial.
Los residentes de la colonia Hipódromo, al igual que los de la “PolanCacho”, protestan por la instalación de bares en esa zona residencial, que sin duda alguna alterarán la vida de las familias que ahí viven, por lo que desde mayo presentaron escrito en tales términos, dirigido al alcalde Astiazarán, al síndico procurador, al síndico social y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
A solicitud de información, por parte de la Sindicatura Social, la arquitecto Ana Lilia Loaiza Martínez, directora de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento, reconoce que efectivamente el predio está dentro del polígono de la moratoria, pero que no le afecta, pues forma parte de predio mayor que con anterioridad cuenta con uso de suelo comercial.
Y surge un nuevo conflicto de intereses. Resulta que uno de los socios de la empresa que instalará ahí el restaurant-bar, es esposo de la licenciada Maricela Dalle-Mese Partida, contralora de la Sindicatura Procuradora. Ni modo que investigue el asunto. ¿Así cómo? A ver, gánenle al ampáyer.
