Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
Sin necesidad de ser experto en derecho, cualquier ciudadano sabe, perfectamente, que no se puede ser juez y parte. Que es deshonesto, antiético, falto de escrúpulos e ilegal, el que un funcionario, conforme a sus facultades, tenga la posibilidad de conocer y resolver respecto de un asunto, en el que es parte interesada, o lo son su esposa o parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, y no obstante esa relación, atienda y resuelva el caso, o simplemente ni siquiera lo atienda, según convenga a sus intereses.
Estas son parte de las obligaciones y prohibiciones previstas en el Capítulo I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Específicamente en los Artículos 46 y 47.
El funcionario, que directa o indirectamente –por cuanto hace a sus parientes- tenga interés en un asunto, incluso terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que es parte, debe abstenerse de atender y resolver el caso concreto. Esto se llama conflicto de intereses.
Dicho en pocas palabras, no se puede ser juez y parte, por la simple y sencilla razón de que siempre se resolverá a favor de sí mismo o a favor de parientes, socios o clientes, en perjuicio de las correspondientes contrapartes.
En términos similares, el Artículo 47 del citado ordenamiento jurídico, advierte claramente que los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, empleos o comisiones, tienen prohibido, entre otras cosas, otorgar, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o liquidaciones, en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza.
Sin embargo, a los políticos les valen gorro tales prohibiciones. Es más, ni les interesa saber en qué consisten los conflictos de intereses y por qué razón no deben beneficiarse, aprovechando su cargo público.
El día de ayer, vía correo electrónico, el columnista recibió información, de manera anónima, bajo el título de “Las luminarias de Chava”, refiriéndose a Salvador Gómez Nogales, Director de Normatividad de la Sindicatura Procuradora, observando que es el responsable de coordinar la investigación sobre el polémico asunto de las luminarias, pero recordando que fue parte del ilícito procedimiento, pues fungía como Secretario Técnico del Regidor Mariano San Román, quien apoyo con su voto el proyecto del alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
Hace mención, que precisamente Mariano, habiendo sido designado como Contralor de la Sindicatura, se vió obligado a renunciar, cuando se le recordó que, siendo regidor, aprobó con su voto, el asunto de las luminarias.
En el caso de Gómez Nogales, queda en el papel de juez y parte, pues habiendo sido Secretario Técnico de San Román, tuvo amplio conocimiento de las irregularidades en que se incurrió con el asunto de las luminarias y que ahora, como Director de Normatividad, tiene la facultad y obligación de investigar. Si fuese honesto o tuviese un poco de ética y sentido común, debería de abstenerse de indagar hechos en los que directa o indirectamente participó.
Cabe observar, que la esposa del citado funcionario de la Sindicatura Procuradora, la Lic. Verónica Judith Corona González, además de ser suplente del Regidor Mariano San Román, a quien cubrió al solicitar licencia para contender para diputado federal, fungió como Directora del Sistema Municipal de Parques Temáticos, durante la administración del priísta Carlos Bustamante.
Por cierto, doña Verónica Judith, fue quien dió en arrendamiento, a una universidad privada, un predio de 4 mil metros cuadrados, de los terrenos del Parque Morelos, por un monto de 154 mil pesos semestrales, o sea 25 mil 666 pesos mensuales, que implicó el pago de la ridícula cantidad de 6 mil 416 pesos, por cada mil metros cuadrados, de un terreno urbanizado, a orilla de calle pavimentada.
Tema este en el que también se da otro caso de conflicto de intereses. Es un caso que debería investigar Gómez Nogales, por la obvia irregularidad de dar en arrendamiento un valioso predio, en cantidades irrisorias, pero que obviamente omite hacerlo, pues aparece como principal involucrada, su esposa.
¡Ah! Pero la Sindicatura Procuradora, ha hecho un escándalo, al conocer, dizque en base a denuncia ciudadana, que el actual titular de la Dirección del Sistema de Parques Temáticos, Julio César Díaz Carrera, sepultó, en una zona del Parque Morelos, varios animales del zoológico de dicho lugar, que afirma perecieron de muerte natural. El Síndico Procurador ha de sospechar que es un caso de homicidio masivo.
Otro conflicto de intereses, también sumamente serio, es el de las carteleras. Cabe recordar que Bustamante Anchondo, en sesión extraordinaria de cabildo, 8 días antes de concluir su gestión, otorgó 72 concesiones para instalar carteleras publicitarias en la vía pública, de las cuales 9 fueron para una empresa propiedad del propio exalcalde y 17 a una empresa de la familia Ledesma Romo, de la cual el Síndico Procurador es socio.
En ambos casos, dichas concesiones se otorgaron de manera ilegal, la Sindicatura Procuradora debe integrar la indagatoria correspondiente y determinar la nulidad de las mismas. Pero no lo hace, por la sencilla razón de que están de por medio de los intereses de su familia, así como los de su “tío” político. Situación esta que también ha pasado por alto el Director de Normatividad, el Lic. Salvador Gámez Nogales.
Total, todo esto es un cochinero. Políticos que aprovechan los cargos públicos para beneficiar sus negocios personales o los de sus familias o amigotes, y otros, como Gómez Nogales, que no indagan asuntos, en los que directa o indirectamente resultan involucrados. Incluyendo a su esposa y a su compa el exregidor Mariano San Román.
Ser juez y parte, además de ilegal, es deshonesto, antiético y falto de escrúpulos. Que alguien denuncie tales irregularidades a la Sindicatura Procuradora. ¡Gulp…!
