Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
Los legisladores locales presumen haber aprobado por votación unánime, la primera parte de la Reforma Política electoral. Esto, el pasado jueves 10 de julio del año en curso. En la que incluye el empate de elecciones en el 2021, así como la reelección de diputados, alcaldes, regidores y síndicos. Fueron 24 votos a favor y 0 en contra.
Presumen, que con esto, al suprimir dos de las cuatro elecciones que actualmente se celebran, se ahorrarán 500 millones de pesos. Además de que se reduce el tiempo de los períodos de las campañas electorales, se establecen las candidaturas independientes, la posibilidad de anular elecciones en caso de excederse del gasto autorizado o de utilizar recursos públicos o ilícitos y la reelección de diputados, alcaldes, regidores y síndicos.
Salvo las candidaturas ciudadanas, que merecen comentario aparte, dicha reforma, además de que tuvo como objetivo el homologarla con la Reforma Política federal, solamente es en beneficio de los políticos, para mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible.
Y aunque afirman que ésta es sólo la primer parte, que en agosto estarán discutiendo temas tales como desaparecer los diputados de lista, reducir el número de integrantes de la Legislatura local, desaparecer al síndico social e incluso la revocación de mandato, lo cierto es que tales reformas quedaron mochas.
En serio, a los bajacalifornianos, a los ciudadanos comunes y corrientes les importan poco las cuestiones electorales. Y aunque se habla sobre la creación de la fiscalía anticorrupción, que sustituiría a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que sería un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, no basta.
Lo que la ciudadanía reclama es que acabe la corrupción y se elimine la impunidad. Que realmente funcionen las instituciones que tienen la responsabilidad de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Tales como el Órgano Superior de Fiscalización, conocido comúnmente como Orfis, la Contraloría del Estado, así como las Sindicaturas Procuradoras.
Que ya dejen de ser meras tapaderas de tranzas y excesos. Que se les faculte y exija, que en cuanto detecten hechos presumiblemente delictivos, los denuncien en el menor tiempo posible, para que se proceda en consecuencia.
Es absurdo, que no obstante que el Orfis detecta y observa numerosas irregularidades en las cuentas públicas, de cualquier forma la Legislatura emite acuerdos aprobatorios, dizque porque no afectan los resultados, cuando que saltan a la vista los desvíos de recursos, el derroche, las negociaciones ilícitas en todo tipo de contrataciones y en acciones y gastos sin justificación, ni destino claro y honesto.
Las reformas electorales aprobadas, e incluso las que pretenden discutir y aprobar en agosto próximo, solamente cubren los intereses de los políticos. De ninguna manera cubren o atienden los reclamos ciudadanos.
¿Por qué no legislar, para que las designaciones de funcionarios públicos, sean mediante concursos por oposición? Que los que aspiren a ocupar un determinado puesto, compitan con otros, aunque sean del partido gobernante, pero que acrediten que están capacitados, para cumplir eficientemente con sus funciones.
Esto se hace en las asignaciones de espacios docentes en educación superior, y ya empieza a aplicarse en el nivel medio superior. ¿Por qué no aplicarlo en lo general, a todo aquel que aspire a ser funcionario público?
Porque es absurdo, además de incongruente, que se designen funcionarios cuyo perfil no es el más adecuado para el puesto o cargo a desempeñar. Por ejemplo, Antonio Valladolid, cursó la carrera de Licenciatura en Derecho y ocupa la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Bueno, dinero, sí sabe contar. Eso es fácil.
Otro caso, el del doctor Miguel Antonio Osuna Millán, es odontólogo, o sea dentista, y sin embargo es el secretario de Salud en la administración de Kiko Vega. La odontología cubre un espacio reducido de la salud de los individuos, y quienes la ejercen, ni idea tienen sobre la compleja problemática de la salud pública.
Es tanto como, a una persona, tan solo porque estudió la Licenciatura en Derecho, aunque no ejerce la profesión o lo hace en forma limitada, designarlo procurador de Justicia, juez o magistrado. Se tiene una noción general del Derecho, pero no le alcanza para desempeñar una función de tanta responsabilidad.
Si de legislar se trata, que regulen las campañas asistencialistas, esas que se desarrollan a través del reparto de cobijas y despensas, que se utilizan con fines meramente electoreros y que benefician -por regla general- sólo a la clientela política del partido gobernante.
A propósito de esto, deben saber que Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Desarrollo Social del Estado, ha estado presionando para que la Sedesol, o sea la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, le permita manejar los recursos de dicha institución a través de los programas estatales. ¿Y su nieve, de qué la quiere?
Definitivamente, la Reforma Política electoral aprobada, y lo que supuestamente habrá de aprobarse en agosto próximo, no despertará el interés de los ciudadanos bajacalifornianos en las contiendas electorales. Mucho menos ahora que se habla de la reelección.
Quizás los motive el tema de la revocación de mandato, pero cabe recordar que en 2008, cuando se hablaba de introducir esta figura en la legislación mexicana, el entonces senador, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que era una locura, que era jugar con fuego.
Los bajacalifornianos no quieren saber nada de cuestiones electorales. Mucho menos de política en general, que genera náuseas. Lo que reclaman es que se acabe la corrupción, que se frene el derroche de los recursos públicos, que se ciudadanicen los órganos de control y que se adecuen las leyes, para que los políticos corruptos vayan a parar a la cárcel.
Pero, claro, los legisladores son políticos y ni de locos se colocarían la soga al cuello.
