Al filo de la navaja

Por: Raúl Ramírez Baena*

 

 

En días pasados, la prensa de Mexicali dio cuenta de un operativo realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en el Valle de Mexicali, en el que participaron Policía Municipal, Ministerial, Estatal Preventiva, del Grupo Beta y del Inami. [1]

 

Luis Humberto López Torres-Coto, subdelegado del Inami en Mexicali, declaró: “… el operativo tiene diversas aristas y propósitos, por ello la intervención de los tres niveles de gobierno en el mismo (…) A pesar de que los mexicanos cuentan con el derecho de libre tránsito por el país, pueden enfrentar cargos al viajar en el tren de manera ilegal, a petición de la empresa concesionaria”. El funcionario señaló que los operativos se realizarán de forma aleatoria e indefinida en distintos puntos de las vías férreas que cruzan por la jurisdicción de Mexicali. [2]

 

Otro periódico publicó sobre el caso: “(…) la empresa Ferromex fungió como parte quejosa y ante la solicitud de apoyo se realizó el operativo… por lo que de manera programada se paró el convoy donde ya estaba tendido un cerco policíaco que realizó las detenciones a la altura del campo geotérmico… el objetivo es detener a las personas extranjeras que viajan en el tren. Por su parte, la Policía Federal reveló que viajar de esta manera –además de ser peligroso- es contra la ley, por lo que los nacionales fueron concentrados en albergues con la posibilidad de comparecer ante la autoridad federal.” [3]

 

Para entender mejor estas acciones oficiales, nos remitimos a lo publicado por el periódico La Jornada el 12 de julio de 2014 en su pág. 4: “… el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que habrá una regularización del tren de carga que corre de sur a norte de México, conocido como La Bestia, utilizado por los migrantes para llegar a la frontera con Estados Unidos.”

 

Continuó diciendo: “no podemos seguir permitiendo que se corran riesgos, que se sigan perdiendo vidas y que nadie haga nada. Esto es parte del anuncio del presidente (Peña Nieto) de una reforma integral para la atención de la migración en la frontera sur”. Reiteró que el aumento del flujo migratorio, fundamentalmente de centroamericanos que pasan por México, debe ser abordado de manera conjunta por los países involucrados.

 

Finalmente, la Agencia Reforma publicó el 14 de julio de 2014: “El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al Congreso destinar 86 millones de dólares de la Iniciativa Mérida hacia el Programa Frontera Sur de México, aseguró el ministro consejero del Departamento de Estado, Tom Shannon. La solicitud de recursos responde al alza de la migración infantil centroamericana hacia la Unión Americana y que transita por el país… Desde mi punto de vista, parece una iniciativa muy inteligente y muy interesante”, dijo.

 

CONSIDERACIONES:

 

1.- La detención de migrantes mexicanos y centroamericanos que viajan en el tren llamado “La Bestia” desde la frontera sur de México, responde a una Política Migratoria de los Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, cuyas consecuencias (muerte, secuestro, extorsión, violación, hacinamiento y abusos contra menores en los Centros de Detención y separación familiar) son resultado –o dicho en términos militares, “daños colaterales”- de una visión de Seguridad Nacional impuesta a nuestro país, sin abordar ni atender el origen social de la migración.

 

2.- ¿El Grupo de Coordinación Baja California en materia de Seguridad Pública se puso el huarache antes de espinarse, como coloquialmente se dice? ¿Los operativos policíacos de intercepción de migrantes en Mexicali son un avance del anunciado Plan Frontera Sur que promueve Enrique Peña Nieto, como una medida para “ordenar los flujos migratorios” (antes le llamaban “administrar los asuntos migratorios”)? ¿Acaso se nos oculta una política de colaboración total para estos fines con los Estados Unidos?

 

3.- El viajar en el lomo de un tren carguero, aunque sea de propiedad privada, no amerita acto de autoridad alguno porque no constituye un delito, no hay dolo en ello por parte de los migrantes ni hay daño patrimonial, no hay flagrancia y no se contempla en ningún Código Penal. Para que la autoridad federal actúe “a petición de la empresa concesionaria”, como dijo López Torres-Coto, debió  haberse realizado un peritaje previo, además de -tras la supuesta denuncia- definir por el MP el tipo de delito que presuntamente se va a perseguir que, en este caso, ¡no existe! “Pueden enfrentar cargos (los migrantes) al viajar en el tren de manera ilegal”, sentencia el subdelegado, que primero se debe de informar. Además, las autoridades municipales y ministeriales estatales no deben actuar en las vías del ferrocarril porque son terreno federal. Si fue así, entonces quienes violaron la ley fueron las autoridades, no los migrantes.

 

4.- Es lamentable la participación en este operativo del Grupo Beta Mexicali, porque el objetivo de estos grupos, desde su creación, es la PROTECCIÓN DEL MIGRANTE sin importar su nacionalidad y condición migratoria, no la colaboración en su persecución, detención y aseguramiento.

 

5.- Las autoridades involucradas en estos hechos incurrieron en la Detención Arbitraria de los migrantes, provocando un Acto de Molestia prohibido por el artículo 16 Constitucional y  una violación a su derecho a la libertad de tránsito. El Artículo 7 de la Ley de Migración dispone: “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley”, esto último, que no es el caso. De hecho, uno de los mayores avances de la Ley de Migración es que establece la DESPENALIZACIÓN de la migración indocumentada.

 

6.- Si bien es obligación de las autoridades prevenir condiciones de riesgo a la integridad y a la vida de las personas, en el caso de los migrantes detenidos en Mexicali durante su viaje en “La Bestia”, para decidir su aseguramiento, primero debieron haber ponderado las condiciones sociales, sobre todo de los migrantes centroamericanos, anteponiendo la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.” (Artículo 2º. Ley de Migración).

 

7.- Además y por si fuera poco, el Artículo 16, fracción 3, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, ratificada por el Estado Mexicano, dispone: “La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares, se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley”. A su vez, la fracción 4 dice: “Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitraria; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca”. La ley no contempla que puedan ser bajados de un tren, revisar a todos para verificar su nacionalidad y ser detenidos por la comisión de delitos que no existen.

 

8.- Finalmente, si la consigna de los Estados Unidos -obedecida por el gobierno mexicano- es impedir el traslado de menores y trabajadores migratorios desde Centroamérica, aún en “La Bestia” (dudamos que lo logren), ¿creen que esto va a frenar la migración? También lo dudamos. En cambio, se corre el riesgo de que sufran mayores peligros y que se coloquen en situación aún más vulnerable, incluso, a expensas del crimen organizado.

 

El Instituto Nacional de Migración no debe más violar los derechos humanos de los migrantes ni arrastrar a autoridades estatales y municipales en ello.

 

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

 

Julio de 2014

 

[1] La Crónica de Baja California, 10 de julio de 2014, Pág. 10-A.

[2] Ídem.

[3] La Voz de la Frontera, 11 de julio de 2014, Pág. 3A.