Para muchas personas, los profesionales de la medicina -obviamente los que son estudiosos y profesionales- son algo así como semidioses, en tanto que otros los consideran como magos o adivinos. Algunos dicen que son “muy acertados”. 

 

   Obviamente, esas personas no saben, ni entienden, que quienes cursan la carrera de medicina, estudian el organismo humano y sus funciones. Asimismo, observan su comportamiento por los efectos producidos por el paso del tiempo o derivados de alguna enfermedad.

 

   De la misma forma, estudian los medicamentos y los efectos que éstos producen en el organismo humano. Sobre todo, estudian la sintomatología de cada enfermedad, para poderla identificar y entonces determinar qué medicamento es el adecuado y con qué frecuencia e intensidad debe ser aplicado, según cada caso.

 

   Definitivamente, los médicos, no son brujos. Ni magos o adivinos, ni semidioses.  Como tampoco lo son otros profesionales, en sus respectivos campos de trabajo. La sintomatología de cada cosa, o sea el conjunto de síntomas, que caracterizan a una enfermedad, en el caso de la medicina, y los elementos de cada figura jurídica, en el área del derecho, por ejemplo, permiten o son las bases para tomar determinaciones.

 

   Viene al caso comentar y precisar esto, porque en días pasados, al comentar aquí el desorden que existe en Tijuana en el tema de las carteleras publicitarias, concretamente el pasado jueves 10 de julio del año en curso, bajo el título “La ciudad del desorden”, el columnista recibió -vía correo electrónico- múltiples observaciones respecto a otros aspectos del desorden urbanístico, por llamarle de alguna forma.

 

   Cabe recordar, que, de manera absurda, en el tema de las carteleras destaca en primer lugar, la empresa de los hermanos Ledesma Romo –Miguel Ángel, empresario del ramo; Arturo, síndico procurador del XXI Ayuntamiento de Tijuana; y Eduardo, “El pochongo”, delegado de Conagua- denominada Anuncios e Imagen, S.A. de C.V., que tiene 10  espectaculares unipolar y 77 de diversos tipos, o sea un total de 87, de los cuales 67 no cuentan con licencia, 12 está en trámite la licencia y 8 tienen la licencia vencida. O sea, ni uno sólo está regular.   

 

   El columnista hacía hincapié, en que parece increíble, que los Ledesma Romo tengan 87 carteleras publicitarias, todas sin permiso para operar, y que el síndico procurador, Arturo Ledesma Romo, haga como que no está enterado de tal irresponsabilidad. Que le debería de dar vergüenza. 

 

   Cual si fuese una competencia, para ver quién incurre en mayores irregularidades, a la empresa de los Ledesma Romo, le sigue muy de cerca la de Conrado Gaxiola, Gaxiopsa, S.A. de C.V., que cuenta con 82 carteleras, de las cuales, solamente 8 tienen licencia vigente, 41 no tienen licencia, 22 la tienen vencida y 11 en trámite de autorización. 

 

   Este desorden es solamente uno de los síntomas de la corrupción prevaleciente en la administración pública municipal. Porque las tienen identificadas, en su mayoría. Saben a quiénes pertenecen, y nadie puede creer que simplemente no han tenido tiempo para “meterlos en cintura”, que lógicamente, alguien cobra y se beneficia por tolerar tales irregularidades. 

 

   Cabe recordar, que en el escándalo suscitado al interior del Palacio Municipal, por la supuesta extorsión o chantaje de los Ledesma Romo hacia el alcalde Jorge Astiazarán, le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal. Sabían lo que decían. Solamente faltó que precisaran, con quién se reportaban ellos para tener casi 100 carteleras publicitarias, sin pagar un centavo al gobierno de Tijuana.

 

   Lógico, eso de las carteleras es solamente uno de los síntomas de la corrupción que ha afrontado el gobierno municipal de Tijuana. Conocedores del área de urbanismo, afirman que hay muchas otras cosas totalmente irregulares. Uno de ellos, señaló: “como bien dices, lo de las carteleras es “sólo una muestra”, la “punta del iceberg”, diría yo”.

 

   “Otro “bomboncito” de la falta de orden, es el de la infinidad de edificios “autorizados y con licencia”, pero que claramente violan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Es decir, las que tiene que respetar la autoridad “competente”.

 

   Y cita ejemplos: “el Hospital Excel es el ejemplo sobresaliente. Yo cuento más de 11 violaciones. Una que algún día va a explotarle al gobierno municipal, es la de todas las ventanas abiertas precisamente en la línea de colindancia”.

 

 “Si mañana –abunda- cualquiera de los vecinos decide construir, a la misma altura que el hospital, se tendrá que separar del límite de su propiedad, nada menos que la tercera parte de la altura del edificio del hospital, para que éste siempre goce de luz solar y ventilación natural. Si lo hace el vecino, pierde casi todo su lote (haz cuentas). Si no lo hace, el hospital no tendrá ni luz natural ni ventilación –lo que viola el reglamento-, y no podrá funcionar”.

 

   Y cuestiona: “¿fácil? ¿A quién le cobramos, cualquiera de los daños? Pero, no es el único. En la Zona Río, hay por lo menos otros 8, incluyendo el de los juzgados federales, en similar situación. La ampliación de lo que fuera el edificio de Nacional Financiera, es otro. El de Especialidades Médicas, junto al “No que No”, también. Y síguele”. 

 

   Evidentemente, quien hizo tales observaciones, sabe lo que dice. Como muchos otros en Tijuana, que no se explican ¿cómo es que la autoridad municipal, encargada de regular las construcciones de particulares, toleraron tales irregularidades? Se presume, y casi se puede asegurar, que no fueron “de a gratis”.

 

   Debe haber muchos casos. Un desorden general, en materia de construcciones. ¿Alguien puede creer, que el edificio que construye David Saúl Guakil, ex secretario de Desarrollo Social del XX Ayuntamiento y actual delegado de la Secretaría de Economía, cumplió todas las exigencias legales? Sólo por citar un ejemplo. Como dicen, piensen mal y acertarán.