Palco de Prensa
Los periodistas que estuvieron presentes, ayer jueves 3 de julio del año en curso, en el pleno de la Legislatura Estatal, quedaron sumamente decepcionados ante la actitud de los flamantes legisladores locales. Se daba casi como un hecho, que por fin aprobarían el eliminar las figuras delictivas de difamación y calumnias. Y efectivamente, lo hicieron, pero, no obstante la aprobación, la dejaron en suspenso, hasta que se reforme el Código Civil y se establezca la reparación del daño para tales casos.
Sin duda alguna, esto es un absurdo. Es más, hasta parece que ya se arrepintieron de todo lo que dijeron, cuando presentaron la iniciativa tendiente a eliminar la difamación y la calumnia, como figuras delictivas, en el pleno que se llevó a cabo el pasado jueves 26 de junio, en el interior del Palacio Municipal de Playas de Rosarito.
No hay punto de comparación y por lo tanto no hay equilibrio. No es lo mismo, el que los periodistas tengan que seguir laborando “al filo de la navaja”, corriendo el riesgo de ser denunciados y procesados penalmente, por atreverse a decir las verdades de los políticos corruptos, y la posibilidad o derecho de estos, de reclamar reparación o pago de daños y perjuicios, en los casos en que consideren que fueron difamados o calumniados.
La iniciativa para tales efectos, fue presentada allá en Playas de Rosarito, por los diputados Gerardo Alvarez Hernández y Francisco Barraza Chiquete, así como por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, “a fin de que no exista una sanción privativa de libertad, hacia los periodistas que incurran en estas prácticas, sino una reparación económica proporcional al hecho”, decía el comunicado oficial.
Entonces, los inicialistas señalaron, que “la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, también llamados delitos de prensa, como conductas penalmente sancionables, resulta desproporcionado y desmedido, y por ende inhibidor del pleno derecho a la libertad de expresión, que lejos de promover una práctica sana del periodismo, representa un mecanismo que amedrenta su libre práctica y daña la democracia”.
La iniciativa planteaba, derogar los artículos del 185 al 197 del Código Penal, relativos a los llamados Delitos Contra el Honor, así como modificar los artículos 394 bis y el 394 bis 1, del Código de Procedimientos Penales, y adicionar el artículo 1794 bis al Código Civil, relativo a la reparación del daño, por tales hechos.
Este último, quedaría en los términos siguientes : “Artículo 1794 bis.- Toda persona que publique cualquier tipo de escrito, tendrá la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades o particulares quieran dar a las alusiones que les hagan en artículos, editoriales, columnas, párrafos, reportajes o entrevistas y similares, siempre que la respuesta se dé dentro de los ochos días siguientes a la publicación; que su extensión no sea mayor al triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, tratándose de autoridades o del doble tratándose de particulares, que no se usen expresiones contrarias a la dignidad de quien las publicó o a terceras personas y que no se cometa un hecho prohibido por la ley”.
Se suponía, que ayer se aprobaría tal iniciativa y que por fin los periodistas podrían ejercer su profesión, sin temor a ser procesados penalmente por escribir o decir las corruptelas de los políticos. Porque, aunque la difamación es difícil que se configure en la práctica, pues para ello se requiere que haya existido dolo, de parte de quien refiere o comunica, a una o más personas “la imputación que se hace a otra persona física o moral, en los casos previstos por la Ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”. Se dan casos.
Conforme al Código Penal, es prohibitivo escribir o hablar sobre los actos deshonestos de los políticos. Porque, ¡qué barbaridad! Se les puede causar descrédito, perjuicio o exponerlos al desprecio de alguien. Los políticos son de los individuos más desacreditados, más despreciados, socialmente hablando, y esto es sabido por la ciudadanía en general, pues son tan cínicos que actúan con tal descaro, que sus actos son conocidos. Ni modo que se les pueda causar perjuicio.
En el caso de la calumnia, es cuando se les imputa algún hecho delictivo, y que no se acredite tal. Se sabe, perfectamente, que aunque existan pruebas suficientes, los políticos nunca son sancionados penalmente por sus pillerías. La impunidad, así como la corrupción, son de las instituciones más sólidas en México. Por eso estamos como estamos.
El delito de difamación, se castiga con prisión de 3 días hasta 2 años o hasta 100 días multa, o ambas sanciones, a juicio del Juez. El de calumnia, se castiga con prisión de seis meses a dos años o hasta 100 días multa, o ambas sanciones a juicio del Juez. Deben saber que en Tecate, un periodista está siendo procesado, por haber dicho que un individuo era “un poderoso empresario” y además “judío practicante”. Este caso, evidencia que las prácticas caciquiles, siguen prevaleciendo en las comunidades pequeñas.
El viernes 27 de junio, del año en curso, el columnista, bajo el título “Al filo de la navaja”, comentaba que ejercer el periodismo, en un sistema político como el mexicano, en el que la corrupción y la impunidad son tan comúnes y desbordantes, es sumamente peligroso, arriesgado. Sobre todo, si instituciones tan importantes, como las encargadas de la procuración y administración de justicia, operan con tantos vicios y “bailan al son que les toquen”.
Es más que una ironía, que en Baja California, a los políticos corruptos, nadie los toque, ni con el pétalo de una rosa. Y que a los periodistas que se atreven a investigar y señalar corruptelas, se les pretenda enviar a la cárcel, por claridosos.
Pero igualmente grave e irónico, es que los flamantes legisladores locales, no se hayan atrevido a eliminar las figuras delictivas de difamación y calumnia, al considerar que dejan en estado de indefensión a los políticos corruptos, en tanto no se reforme el Código Civil y se establezca a favor de los pillos, la posibilidad y el derecho de reclamar a los periodistas, difamadores y calumniadores, el pago o reparación de daños y perjuicios.
¡Pobrecitos! Solo faltan que los consideren como “grupo vulnerable”.
