Por Raúl Ramírez Baena

 

El 22 de junio se publicó, como nota principal en el periódico La Crónica de Mexicali, una entrevista a Jorge Quintana Soto, presidente de la Asociación Civil “Renovación Centro Histórico 2013”, quien asegura que “la inseguridad que se vive en la zona (centro de Mexicali) y en toda la ciudad se debe a la gran cantidad de inmigrantes que son deportados por esta frontera.”

 

Y continúa diciendo: “Ni el gobierno federal, estatal y municipal están atacando la raíz del problema, que es la deportación de delincuentes de Estados Unidos”. Y orgullosamente declara el dirigente de comerciantes que llegaron a un acuerdo con la Comandancia de la Zona Centro de la policía municipal, “para que los elementos acudieran (sic) a los comercios a firmar una bitácora tres veces al día. Si llegan a faltar en una ocasión, se comunican con el jefe de zona para hacer la queja correspondiente”. Como si esa fuera la solución.

 

Las declaraciones anteriores, hechas de manera ligera, sin contrapesos ni análisis de fondo, reflejan que algo anda mal en México, cuando grandes asuntos de origen social que aquejan al país (inseguridad, adicciones, bullying, migración, economía informal y protestas sociales) son tratados con una visión punitiva, de Seguridad Pública.

 

En lo que tiene razón el dirigente de comerciantes es que el gobierno no está atacando de raíz el “problema” de los migrantes. El gobierno federal está más concentrado en llevar adelante “las reformas estructurales que el país necesita”, ofreciendo al capital financiero nacional e internacional inversiones privadas en sectores estratégicos de la Nación, como son los energéticos, las telecomunicaciones, el agua, el campo y las minas.

 

La Cancillería mexicana es incapaz de contrariar al poderoso vecino del norte para ordenar las deportaciones, principalmente de mujeres y menores, y evitar la dolorosa separación familiar con una visión humanista y con enfoque de derechos humanos, así como para identificar a los deportados de los Estados Unidos con verdaderos antecedentes criminales, para no confundir a éstos con el grueso de los trabajadores migratorios deportados, evitando su criminalización por autoridades, empresarios y población.

 

El gobierno estatal de Baja California ha integrado el Consejo Estatal de Migración, que en sí representa ya una política migratoria, en cuyo proyecto participan delegados federales y funcionarios locales, las instituciones académicas y de investigación y organismos de la sociedad civil, todos ellos que inciden en el fenómeno migratorio, cuyo principal reto es vencer la burocratización y sensibilizar a las autoridades. 

 

Por su parte, el actual Ayuntamiento de Mexicali no cuenta con políticas migratorias ni se vislumbra alguna en el corto plazo. La policía preventiva municipal no recibe la capacitación integral necesaria en materia de derechos humanos para entender y atender a los trabajadores migratorios como grupo vulnerable.

 

Los funcionarios, policías y empresarios desconocen el "perfil del migrante", los sufrimientos en su tránsito hacia la tierra prometida, y la grave frustración y golpe a su autoestima ante el fracaso que representa la deportación: verse de pronto solos en una ciudad desconocida, sin familia, dinero, trabajo, comida, redes de apoyo social, cobijo, servicios de salud, etc.

 

Hoy en día la dinámica migratoria cambió. Los migrantes ya no se exponen sólo a las inclemencias del clima (extremadamente caluroso o extremadamente frío), a morir ahogados en los canales y ríos y al riesgo a ser engañados y abandonos por los traficantes de personas (polleros o coyotes). Ahora, más que nunca, son víctima de delitos graves por parte de la delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro, extorsión a familiares, violación sexual, tortura, desaparición y asesinato.

 

¿Cuál es entonces la autoridad que más viola los derechos humanos de los migrantes? Pensamos que es la Patrulla Fronteriza, el Instituto Nacional de Migración (que junto con la Policía Estatal Preventiva de BC, realizara redadas contra inmigrantes centroamericanos, contrario a lo establecido en la Ley de Migración y en la Convención Internacional en la materia), el Grupo Beta, el ejército o las policías federal, estatales y municipales. Y si, muchos de estos lo hacen. 

 

Pero indudablemente el Gabinete Económico vulnera los derechos humanos de los potenciales migrantes en su lugar de origen, al ejecutar al pie de la letra las políticas de Mercado, en donde el lucro y las ganancias se imponen a la dignidad y a los derechos de las personas (lo que genera las condiciones de marginación y de pobreza), que buscan en la migración una salida de sobreviviencia al verse reducido drásticamente el poder adquisitivo del ingreso familiar, para la satisfacción de sus necesidades básicas.

 

Si a lo anterior agregamos la desaparición y muerte de miles de inmigrantes centroamericanos en territorio nacional y la detención, abuso y deportación de niñas y niños sin acompañantes, enfrentamos entonces una Crisis Humanitariaque evidentemente no se resuelve con policías. Así, el problema mayor de enfoque de la migración no son los robos, sino la extrema vulnerabilidad de los migrantes.

 

Resolver de raíz el fenómeno de la migración –que no “problema”-, debe ser,si, garantizar por el Estado Mexicano el derecho a la Seguridad Pública de los comerciantes y del resto de los ciudadanos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, a la seguridad y a la justicia de los migrantes, lo que es obligación y responsabilidad de todas las autoridades (Artículo 1º. Constitucional), para evitar que tengan que emigrar, que sufran condiciones de vulnerabilidad, que sean discriminados, secuestrados, asesinados y criminalizados y, eventualmente, que cometan delitos. Esa es la mejor prevención.

 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC Junio de 2014