Palco de Prensa
En el sistema político mexicano, los gobernantes hacen lo que les da la gana, porque los ciudadanos, además de que tienen una enorme capacidad de tolerancia, no se atreven a reclamar, pues saben, que por esa vía, difícilmente lograrán algún resultado positivo y rápido. Que lo más seguro es que habrá represalias en su contra, aunque sus reclamos sean justos y necesarios.
Además, los políticos son necios, soberbios, perdonavidas. Les desagrada que alguien les diga qué es lo que deben hacer. Ellos nunca se equivocan, supuestamente. En todo caso, padecen sordera crónica. No escuchan los reclamos o las peticiones de justicia y, si los escuchan, se hacen tontos. Que ni batallan para ello.
Esto es aplicable, a todo aquel que labore en cualquier institución de gobierno, de los tres niveles, federal, estatal o municipal. Desde un simple empleado administrativo, del más bajo nivel, hasta el Presidente de la República.
Por ciero, irónicamente, el pasado 5 de mayo, en Puebla, durante el evento conmemorativo de la Batalla de Puebla, el Presidente Peña Nieto dijo que su gobierno está comprometido con el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre los actores y fuerzas políticas, para mover y transformar a México, desde sus instituciones democráticas, porque “somos un gobierno que escucha y considera el sentir de la población”. Simple discurso.
Por si les quedaba alguna duda, a los que escuchaban el discurso presidencial, recalcó : “Estoy convencido de que las decisiones públicas deben responder a las demandas de la gran mayoría ciudadana”. Así debería ser. La realidad es otra.
Entonces, cabe preguntar : ¿Por qué el gobierno central no rectifica, y continua aplicando medidas centralistas, lesivas para la economía de los bajacalifornianos, pese a los efectos nocivos? En descargo de culpas, podría decirse que, tal vez, por la enorme distancia entre Baja California y el Distrito Federal, el Mandatario no alcanza escuchar los reclamos bajacalifornianos y no hay interlocutores que le hablen sobre la penosa realidad de esta entidad. Tal vez sea eso.
La verdad es que, sin temor a equivocación alguna, en México aún cabalga el espíritu imperialista, monárquico. La forma de gobierno es democrática, republicana, federal, pero en la práctica, todos los políticos, en la función pública, se sienten monarcas, todos poderosos, semidioses, dueños de vidas y haciendas.
Pero no hay que olvidar, que todo tiene un límite. En el caso de México, la tolerancia de los mexicanos está al límite. Los gobiernos, federal, estatal o municipal, adoptan medidas, sin un consenso previo. O simplemente, por negligencia, incapacidad o por intereses económicos y políticos, propician o toleran situaciones anárquicas, corruptas. Conocen la problemática y saben cuáles podrían ser las soluciones, a cada caso, pero no actúan, para no afectar a sus organizaciones políticas, a sus compadres, a sus familiares o a sus socios.
Después de dos sexenios de gobiernos federales panistas, que agobiaron a los fronterizos con medidas absurdas como el tristemente célebre SIAVE, o sea la revisión vehicular fronteriza, el control de dólares, la regulación de depósitos bancarios en efectivo, los gasolinazos, al regresar el PRI a la Presidencia de la República, muchos pensaron que lo primero que haría el Presidente Peña Nieto, sería eliminar tales absurdos.
Pero no fue así. No solamente persistieron, la mayoría de tales medidas inútiles y aberrantes del foxismo y el calderonismo, sino que a éstas se adicionaron otras igual o más lesivas, como la homologación del IVA y todo lo que implica la reforma financiera peñanietista.
El espejismo de las reformas estructurales, que supuestamente impulsarían enormemente la economía del país, con sustanciales mejorías para los mexicanos, han sido todo lo contrario. Los fronterizos en general, y los bajacalifornianos en particular, como dicen vulgarmente, ya no quieren queso, sino salir de la ratonera.
Las absurdas y rigurosas disposiciones fiscales, han ocasionado serios estragos a la economía de los bajacalifornianos. Muchas empresas, principalmente pequeñas, se han visto obligadas a cerrar sus puertas, y sus propietarios, han tenido que sumarse a la informalidad y al desempleo.
Empresas medianas y de primer nivel, en cuanto a inversión y número de empleos, han mermado sus operaciones y han tenido que modificar y ajustar sus proyectos, a las condiciones reales prevalecientes, con la esperanza de que no tengan que llegar al cierre, con el consecuente incremento en el fenómeno del desempleo.
Uno de los sectores, que definitivamente está al límite de la tolerancia, es el del transporte. En días pasados, transportistas de todo el Estado, convocados por la Unión Estatal del Transporte de Baja California, se reunieron en Tijuana, para exigir una respuesta a las autoridades.
Advierten, que si no reciben respuestas y apoyos, en tiempo y forma, antes de concluir este año, el sector transporte, del que dependen, directa o indirectamente, más de 50 mil familias, podría colapsarse.
Están hartos, de los gasolinazos, del proceso inflacionario, de la anarquía, de la tolerancia de transportistas piratas, en todas las áreas. De la incapacidad, negligencia o complicidad de las autoridades.
Ya no quieren, que les sigan dando “atole con el dedo”. Reclaman que los escuche el Gobernador y el propio Presidente de la República. Los Alcaldes de Baja California, en cuanto al transporte urbano. Pero que no demoren más las respuestas.
Tan están al límite, que el próximo martes iniciarán paros de actividades. Ese mismo día, por la mañana, la Unión Estatal del Transporte de Baja California, encabezada por Benjamín Garza Fernández y Raúl Carrillo, Presidente y Secretario General, respectivamente, ofrecerán conferencia de prensa, en Tijuana, para dar a conocer el alcance de esta forma de presión. Sin transporte, la economía de Baja California, quedaría paralizada, con las graves consecuencias que ello implica. Todo tiene un límite.
